¿Sin impuestos se viviría mejor? La mayoría cree que no
Amplio rechazo a la gestión privada en la prestación de servicios públicos Los españoles creen que, por lo que tributan, merecen un Estado de bienestar mejor
El 72% de los españoles cree que la relación entre los impuestos que paga y los servicios y prestaciones públicas que recibe es peor que en otros países europeos. Es el mayor porcentaje jamás registrado en la encuesta anual que encarga el Instituto de Estudios Fiscal (IEF) desde 1996. El Barómetro Fiscal, publicado recientemente, refleja como la percepción ha empeorado de forma drástica desde el inicio de la crisis, coincidiendo con los recortes sociales y las subidas impositivas.
Por ejemplo, en 2007, la mayoría de españoles creía que, por los impuestos que pagaba, recibía servicios públicos de mayor calidad que en la mayoría de países europeos. Ahora, en cambio, siete de cada diez creen que la situación es peor.
El barómetro fiscal muestra que, pese a la peor percepción, los ciudadanos son partidarios de la intervención del Estado en la prestación de servicios públicos. A la pregunta de qué servicio o prestación debería estar gestionado por la iniciativa privada, el 73% contesta que ninguno. La sanidad es el pilar del Estado de bienestar que los encuestados valoran mejor y consideran que es el servicio más acorde a los impuestos que se pagan.
La mayoría de españoles desconoce que el IRPF se reparte entre el Gobiern0 central y las comunidades
La encuesta realizada por Ipsos aborda la opinión de los españoles respecto al sistema tributario y al fraude. El 86% opina que el fraude fiscal se ha incrementado. Supone una inmensa mayoría, aunque el porcentaje se ha reducido ligeramente frente al 91% registrado en los dos estudios anteriores. ¿Y qué colectivo es más propenso al fraude? Según los encuestados, los empresarios. El 81% los cita cuando se pregunta sobre los perfiles que engañan habitualmente al fisco. Los empresarios también contestan que es su colectivo el que más defrauda. Los profesionales liberales aparecen como el segundo perfil con menos conciencia fiscal. Sobre las causas del fraude, la mayoría opina que se debe a que los que engañan a la Agencia Tributaria “están impunes”. La falta de honradez y la ineficacia de la lucha contra el fraude también se esgrimen como motivos. El 70% de los españoles considera que no se puede justificar en ningún caso el fraude fiscal. El porcentaje se ha incrementado en los últimos años. La crisis económica y los recortes parecen que han elevado la conciencia fiscal de los españoles. Un 22% señala que hay circunstancias que justifican cierto fraude tributario. El porcentaje llegó a alcanzar el 34% en 2009. Los mayores de 65 años son los que se muestran más comprensibles ante la evasión de impuestos. Aquellos que tienen entre 40 y 54 años, en cambio, destacan por ser los más drásticos en su rechazo a justificar el fraude tributario.
El Barómetro Fiscal refleja que la mayoría de españoles cree que los impuestos juegan un papel relevante y positivo. El 86% se muestra de acuerdo con la afirmación de que la Hacienda pública es necesaria para la sociedad y un 88% rechaza la idea de que sin impuestos se viviría mejor. “La lectura histórica de los datos sugiere que el reconocimiento de la función social de la Hacienda pública está muy consolidado entre los ciudadanos”, indica el informe del Instituto de Estudios Fiscales.
Aun así, la encuesta también refleja que los ciudadanos desconocen el destino de los impuestos. Por ejemplo, el 80,6% cree que la recaudación del IRPF se queda íntegramente en el Gobierno central, un 9,4% asegura que corresponde a las comunidades autónomas y un 3,3% a los ayuntamientos. Sólo un 6,6 acierta al contestar que la recaudación del IRPF se distribuye entre distintas administraciones. La recaudación del IRPF es gestionada por la Agencia Tributaria y se reparte al 50% entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Los ayuntamientos que son capitales de provincia y los mayores de 75.000 habitantes también reciben del Estado parte de la recaudación del IRPF.
La mayoría se equivoca al asegurar que impuestos que ingresan las autonomías como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o sobre sucesiones y donaciones corresponden al Gobierno central. Los mayores aciertos se producen en el IBI y la tasa de basuras, donde los encuestados aciertan al responder mayoritariamente que son tributos locales.