España ha destinado el 8,5% de su PIB a ayudas a la banca
España, el país europeo que destina menos ayudas regulares en términos de PIB
Las sumas totales de ayudas públicas destinadas durante la crisis a la recapitalización y rescate de entidades en España fue superior a la media de la UE, al suponer un porcentaje del 8,5% sobre el PIB de 2008, frente a un 5% en la UE, lo que equivale a cerca de 90.000 millones de euros.
Así figura en el Informe Anual de Ayudas Públicas de 2016, publicado este viernes y elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que refleja que en España no se otorgaron ayudas al sector financiero en 2014, y en el conjunto de la UE el importe total dedicado ese año a la banca fue reducido.
Además, desde el punto de vista del objetivo de solvencia, calidad del balance y acceso a la financiación de las entidades bancarias, el informe destaca que los indicadores muestran una mejora generalizada del sistema financiero español.
No obstante, señala que en la intermediación financiera con la economía real es donde los efectos de las ayudas resultan “menos evidentes”.
El porcentaje que representan sobre el PIB de 2008 las sumas totales destinadas durante la crisis a la recapitalización y rescate de entidades ha sido superior en España que en la media de la UE (8,5% en España frente a un 5% en la UE).
Hasta el momento se han recuperado un 4,4% de las ayudas de capital implementadas por el FROB y el FGDEC, aunque es previsible que se supere el 8% a corto o medio plazo, apunta la CNMC, que matiza que hay que tener en cuenta que los datos aún no son definitivos.
La CNMC añade que “las desinversiones estatales pendientes deben realizarse en todo caso ponderando la búsqueda de los mayores ingresos junto con la mínima afectación a la competencia efectiva en el sector”. ESPAÑA, EL PAÍS EUROPEO CON MENOS AYUDAS REGULARES
Respecto a las ayudas regulares, aquellas no destinadas al sector financiero, el informe refleja que España cerró el año 2014 como el último país de la UE-28 en porcentaje del PIB (0,31% del PIB español, frente al 0,72% del PIB comunitario).
El informe explica que, si bien una mayor participación de las ayudas horizontales sobre el total (tendencia de los países del entorno de España) es normalmente “menos distorsionador” de los mercados, esta reducción se ha llevado a cabo en España fundamentalmente a través de la disminución de las ayudas horizontales, mientras las ayudas sectoriales, aunque se han reducido, no han variado su peso en la misma medida.
Destaca a este respecto la reducción en las ayudas a las renovables con la modificación de su marco normativo en 2013.
Para la CNMC sería positiva una mayor “fundamentación y coherencia” en las estadísticas ofrecidas de ayudas al transporte para su valoración comparada.
Por lo que se refiere a las novedades regulatorias y decisorias de las instituciones europeas en 2015, la CNMC destaca que ha habido hitos relevantes a nivel normativo, como los reglamentos UE de habilitación y procedimiento en materia de ayudas de Estado, que amplían las categorías de ayudas exentas de notificación, así como habilitan a la CE para utilizar nuevos instrumentos de investigación de posibles ayudas ilegales.
Desde la órbita jurisprudencial, subraya los pronunciamientos en materia fiscal en los que se ha mantenido una interpretación “muy restrictiva” del requisito de selectividad.
Por último, valora el pronunciamiento respecto un caso de interrelación entre normativa fiscal y ayudas de Estado (impuesto medioambiental a la aviación comercial en el aeropuerto El Prat), donde además de analizar la idoneidad de la medida con arreglo a los principios de regulación económica eficiente, se valoró el impacto de la medida desde el punto de vista de las ayudas de Estado.
De igual modo, destaca la evaluación de las ayudas al despliegue de redes de banda ancha, con diferentes recomendaciones en materia de criterios, acceso al mercado y evaluaciones, así como la conveniencia de considerar las implicaciones en materia de ayudas públicas de diversas disposiciones normativas, en especial en el ámbito de la contratación pública.