Infraestructuras

El Canal de Panamá empieza a pactar con las constructoras

FCC logra un tercio de sus reclamaciones en un acuerdo con la ACP y aparca tres arbitrajes

Sacyr también defiende la vía negociada para resolver sus reclamaciones.

Una de las compuertas del tercer juego de esclusas del Canal de Panama.
Una de las compuertas del tercer juego de esclusas del Canal de Panama.

Los gestores del Canal de Panamá empiezan a entenderse con las constructoras que han participado en la ampliación de la infraestructura para dejar de lado los numerosos procesos de reclamación y arbitraje interpuestos durante la ejecución del tercer juego de esclusas. La española FCC, encargada de excavar el cauce de acceso desde el Pacífico, en consorcio con la mexicana ICA y la costarricense Meco, ha sellado un pacto por el que se suspenden tres arbitrajes abiertos en los que se demandaban 37 millones de dólares (35 millones de euros) a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La cifra está en el entorno del 10% del presupuesto total de la adjudicación (378,7 millones de balboas ó 353 millones de euros), conseguida en 2010 y consistente en la construcción del cauce de aproximación al tercer juego de esclusas desde el Pacífico (proyecto CAP-4). Las reclamaciones vienen de 2014 y las negociaciones se han zanjado con el pago, por parte de la ACP, de compensaciones por 11,8 millones de balboas (unos 11 millones de euros).

La obra de FCC, ICA y Meco fue entregada meses atrás, aunque la ACP la mantendrá hasta final de este año bajo supervisión, especialmente en lo que toca al calado del cauce. Las reclamaciones del consorcio estaban fundamentadas en condiciones geológicas distintas a las expresadas en los estudios previos aportados por la ACP y modificaciones en el propio contrato.

FCC y sus socios demandaban 35 millones de euros a la ACP y han conseguido 11 millones

Abierto queda el melón de las reclamaciones del consorcio GUPC, liderado por Sacyr, gran artífice de la ampliación del Canal. El presidente de la constructora española, Manuel Manrique, ha manifestado en reiteradas ocasiones en público que el final del proyecto, con sobrecostes millonarios y una batalla abierta en los tribunales de arbitraje, merece una salida negociada entre la ACP y sus contratistas.

La búsqueda del pacto por parte de las constructoras, que se enfrentan a un largo e incierto proceso para hacer valer sus reclamaciones, coincide con el reconocimiento por parte de la ACP de que en el primer año tras la ampliación del paso entre el Atlántico y el Pacífico el país ingresará un 45% más por los dividendos de la ACP. Una mejora, desde los 1.240 millones recibidos por Panamá en el ejercicio 2015-2016, que ha sido llevada a los presupuestos de 2017. Ahora se apuntan 1.600 millones de dólares de aportación directa del Canal al Estado, a los que se sumarán otros 208 millones de aportación indirecta.

Tras el acuerdo entre la parte panameña y el equipo de FCC, fuentes cercanas al consorcio GUPC reconocen que no tienen novedades respecto al pulso con la ACP. El grupo de Sacyr se hizo con la obra del tercer juego de esclusas en el verano de 2009 por 3.192 millones de dólares. A esta cifra se suman los 139 millones que la ACP reconoce a las constructoras por la revisión del precio de las materias primas durante los seis años de actuación.

Pero el coste total del proyecto se ha estimado en unos 5.600 millones, con lo que hay 2.250 millones sin cubrir y pendientes de que salgan adelante reclamaciones presentadas por GUPC por un monto de 3.500 millones de dólares. La lentitud de los arbitrajes podría dilatar la resolución y liquidación de estos sobrecostes hasta 2020.

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