Multa

La CNMC multa a Prosegur con 40 millones por pactar precios con Loomis

El organismo también multa a dos directivos, uno del grupo español y otro de Loomis Spain, con 53.600 euros.

Un coche de manipulación de fondos de Prosegur.
Un coche de manipulación de fondos de Prosegur.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competenci (CNMC) ha multado con 46,4 millones a Prosegur y a su filial Prosegur Servicios de Efectivo España así como a Loomis Spain y dos de sus directivos por repartirse el mercado de transporte y manipulación de fondos durante, al menos, 7 años. En concreto, al grupo Prosegur le ha impuesto una multa de 39,4 millones, mientras que a Loomis Spain le han correspondido 7 millones. Asimismo, ha sancionado a José Luis Illana Garcia (Prosegur) con 36.000 euros y a Juan Miguel Mata Montejo (Loomis) con 16.600 euros.

La CNMC considera acreditado que estas empresas se repartieron el mercado, acordaron precios y se intercambiaron información comercial sensible desde 2008 hasta, al menos, 2015 sobre el transporte y manipulación de fondos que, según la normativa vigente, deben realizar empresas de seguridad privada autorizadas.

El inicio de la investigación se produjo a partir de una denuncia anónima que ponía en conocimiento de la CNMC los sucesos en dos concursos para la recogida, transporte y custodia de fondos, efectos de franqueo y filatélicos del Grupo Correos en noviembre de 2014. Más tarde, inspectores de la CNMC hicieron inspecciones en las sedes de Prosegur y Loomis para verificar los hechos.

El reparto de mercado ha permitido a ambas compañías, según el organismo, eliminar la presión competitiva entre ellas, preservar y mantener prácticamente inalterada su posición en el mercado durante un largo periodo de tiempo e impedir la entrada o expansión de nuevos competidores. Dicho reparto de mercado, añadió la CNMC, se ha visto favorecido por la existencia de un duopolio de Prosegur y Loomis Spain y sus conductas han ido más allá de lo que justifica esta estructura de mercado y esta regulación, a fin de evitar la existencia de competencia real en el mercado de transporte y manipulación de fondos en España.

La resolución indicó igualmente que las estrategias de las partes para repartirse el mercado han sido varias, adaptando las mismas en función del tipo de contrato o de servicio, o del cliente a quien debían prestar el servicio. “Así, se constata, por un lado, un reparto de servicios de clientes estratégicos, en la mayoría de los casos de los lotes en los que se dividen los contratos puestos en licitación, y, por otro lado, un reparto de clientes a través de la preservación de los servicios a favor de una de las empresas, usando para ello de manera abusiva e injustificada la figura de la subcontratación”, precisó la CNMC en una nota.

La existencia de estas prácticas anticompetitivas se ha acreditado, entre otras vías, a través de las manifestaciones de los propios empleados contenidas en los correos electrónicos, y, además, en la actitud adoptada por Loomis y Prosegur en el mercado, que denota la existencia de un acuerdo previo, o cuanto menos de una concertación de actuaciones de cara a respetar la posición del rival en el mercado, añadió la CNMC.

Prosegur reafirmó ayer que la compañía no ha incurrido en prácticas anticompetitivas y aseguró que recurrirán la sanción. La compañía considera que de las conclusiones expuestas en la resolución de la CNMC se desprende que el organismo “no ha tenido en cuenta, al menos, dos de las características singulares que inciden de manera directa en la gestión del negocio de la logística de valores y gestión de efectivo”.

Se trata de la subrogación laboral y la subcontratación. “En cuanto a la primera, las empresas que, como Prosegur, aplican el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, garantizan con ello una importante protección al empleado”, señaló el grupo. Sin embargo, esta situación se traduce en “un mayor coste para el nuevo prestador del servicio” cuando hay un cambio de proveedor, al estar obligado este último a asumir todo el personal de su predecesor que se acoja a su derecho a subrogarse, subrayó el grupo.

Por su parte, la subcontratación entre proveedores permite a las compañías cumplir con las necesidades del mercado que demanda al proveedor la prestación de servicios cubriendo zonas geográficas concretas.

Sobre la sanción, el grupo español también destacó que la enorme diferencia en la cuantía de las sanciones impuestas a las empresas afectadas supone, en su opinión, “una aplicación errónea de los principios de proporcionalidad e igualdad de trato”.

La multinacional española Prosegur aseguró hoy que ha colaborado con el organismo regulador en todo lo que éste le ha requerido desde que, en febrero de 2015, iniciara su investigación y reiteró su compromiso con el cumplimiento de la legalidad en cualquiera de sus actividades, así como en todas las zonas geográficas donde opera.

 

 

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