Sector financiero

La banca se resiste a las tasas municipales sobre sus cajeros

El sector estudia cómo moderar el impacto del gravamen municipal a los cajeros y si trasladar el coste al cliente

Las entidades denuncian la disparidad de tarifas en cada localidad

Cajeros automáticos de Bankia en una calle de Madrid.
Cajeros automáticos de Bankia en una calle de Madrid.

Cobrar a los bancos por el espacio público que ocupan sus cajeros automáticos no es una invención del Ayuntamiento que lidera Manuela Carmena, sino una práctica implantada desde hace años en decenas de municipios españoles, algunos tan relevantes como Barcelona o Sevilla.

Sin embargo, el reciente anuncio de que Madrid instaurará esta tasa a partir de enero ha puesto el foco sobre esta medida recaudatoria y parece haber despertado especial renuencia en el sector financiero. Fuentes bancarias revelan que los servicios jurídicos del ramo estudian ya diferentes alternativas para tratar de contener la aplicación de este tipo de tributos y para moderar su impacto aunque sea a costa de repercutir su coste a la clientela.

La Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) ya intentó tumbar la tasa establecida por el ayuntamiento de Palma de Mallorca mediante un recurso de casación que fue desestimado en 2009 por el Tribunal Supremo.

Actualmente, desde la patronal de cajas asumen la legalidad de este tipo de tasas pero defienden que “los cajeros son un servicio de acceso a efectivo que ofrecen las entidades bancarias en beneficio de los ciudadanos” y aseveran que “el gravamen a los cajeros lastra la eficiencia de este servicio para el consumidor y desincentiva la inversión por parte de las entidades en un mayor número de cajeros” lo que “en definitiva, no favorece la inclusión financiera”.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Madrid exponen que este gravamen tiene la misma razón de ser que las tasas aplicadas a las terrazas de bares y restaurantes o a los vados de aparcamiento, pues los cajeros también dificultan el tránsito normal de peatones e impiden la instalación de mobiliario urbano.

Desde el sector financiero critican, no obstante, la disparidad de tarifas que vienen aplicando las diferentes localidades, una brecha desde la que tratarán de exigir la moderación de unas tasas que deben justificarse bajo criterios económicos. Madrid, por ejemplo, avanza que establecerá nueve tarifas diferentes en función del tamaño del cajero y de la zona en que esté ubicado, lo que hace que la factura varíe entre 742,22 y 26,21 euros anuales por terminal.

El consistorio aspira a recaudar 745.400 euros al año. Desde la banca denuncian que ciudades menores, como Sevilla, donde llevan ocho años implantadas, las cuotas son superiores a las previstas para la capital nacional, con tarifas que van desde los 1.300 a los 3.000 euros al año por cajero, en cinco tramos. Otras grandes ciudades como Barcelona, Palma de Mallorca, Murcia o municipios como Móstoles aplican sus propias tarifas, una potestad de los distintos consistorios que la banca llama a homogeneizar.

A falta de concluir cómo enfocarán legalmente esta batalla, que podrían tener que librar localidad a localidad, las entidades financieras analizan si traspasar el coste de la tasa al cliente final.

La banca ya abrió esta vía el año pasado cuando CaixaBank comenzó a rentabilizar sus cajeros cobrando por su uso a los clientes de otras entidades. Una tendencia que quisieron emular otras firmas del sector y que terminó motivando una regulación específica por parte del Gobierno para evitar que el particular acabe pagando una doble comisión.

Desde el pasado enero, cuando el cliente de una entidad saca dinero del cajero de otra, esta última puede aplicar una comisión a su competidora, que a menudo lo traslada al usuario final. Las tarifas y alianzas entre entidades son revisables y fuentes bancarias asumen que las tasas municipales pueden pesar en las tarifas que se fijen para el próximo ejercicio.

El propio portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, ha advertido públicamente que cada entidad podrá decidir si traslada las tasas municipales al cliente final. Un aviso con el que el sector espera disuadir a los políticos de generalizar una tasa que acabaría recayendo sobre el contribuyente pero ante el que ayuntamientos como el de Madrid reclaman un mayor foco de vigilancia por parte de los supervisores financieros para evitar “un abuso para la ciudadanía”.

La CNMC ve beneficiada a la gran banca

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, aseguró ayer que la actual normativa sobre los cajeros beneficia a las grandes entidades tradicionales, que son las más cajeros tienen, y perjudica a las que tienen menos o ninguno. Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, Marín Quemada señaló que la situación puede suponer un riesgo para la entrada de nuevos actores en el mercado financiero y avanzó que el organismo que preside está preparando un informe para el próximo año en el que uno de los temas centrales es si la normativa sobre cajeros supone efectivamente una barrera de entrada o no para nuevos competidores y si encarece el servicio a los clientes. Marín Quemada también subrayó el creciente peso de la llamada “economía colaborativa”, recoge EP.

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