El Gobierno desoye a sindicatos y partidos y subirá las pensiones un 0,25%
Los principales grupos de la oposición registraron ayer en el Congreso una proposición de ley, a iniciativa deCC OO y UGT, para que el Gobierno revalorice las pensiones un 1,2% en 2016. El Gobierno desoirá esta petición y aplicará la subida mínima que exige la ley.
El Gobierno no tendrá en consideración la propuesta que presentaron ayer en el Congreso de los Diputados los líderes de Comisiones Obreras (CC OO), Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, para que las pensiones suban un 1,2% en 2017. Además, reclaman que se vuelva a establecer una cláusula de garantía, que compense a los pensionistas si el IPC del próximo año supera el 1,2% en media anual.
Los sindicatos no pueden presentar formalmente una proposición de ley que recoja esta demanda en el Parlamento, pero sí consiguieron que lo hicieran los grupos parlamentarios de la mayoría de la oposición. En concreto, la proposición de Ley fue registrada en el Congreso de los Diputados por el PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDC. Solo el Partido Popular y Ciudadanos no se sumaron a la propuesta sindical.
Los grupos que sí respaldaron esta iniciativa suman mayoría parlamentaria (178 diputados) pero el Gobierno hará previsiblemente oídos sordos a esta petición. Así, las más de nueve millones de pensiones existentes experimentarán previsiblemente un incremento del 0,25% en 2016, que es el mínimo que obliga la ley, según confirmaron ayer fuentes del Ejecutivo.
El Gobierno enviará este fin de semana a Bruselas la prórroga del Presupuesto de 2016 para 2017. Y dado que es una prórroga, se aprobará el mismo crédito para el pago de pensiones sin ningún tipo de subida. No obstante, el Ejecutivo aprobará posteriormente un decreto de prórroga, en el que sí podrá introducir la citada revalorización del 0,25% de las pensiones para 2017.
El Gobierno se apoya en la actual ley para aplicar esta subida y desoír la propuesta de los sindicatos y la oposición, ya que el factor de revalorización de las pensiones –vigente desde 2013– establece una fórmula matemática que orienta sobre cuánto deberían subir (o bajar) las prestaciones. Dicha fórmula tiene en cuenta el comportamiento de la economía en general y el sistema de pensiones en particular durante los últimos cinco años y las previsiones para los cinco siguientes. Si bien, la ley, además de establecer este mecanismo, añade que, en cualquier caso, independientemente del resultado de dicha fórmula las pensiones deberán subir un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC del año anterior más 0,5%.
De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha certificado que en los últimos dos años el resultado de la fórmula matemática del IRP ha estado por debajo de la subida mínima del 0,25% fijada por la ley y, por ello, corresponde aplicar el aumento mínimo del 0,25%.
En concreto, si se hubiera aplicado estrictamente dicha fórmula, distintos cálculos oficiosos apuntan a que las pensiones habrían tenido que bajar casi cerca del 4% cada año. Pero la subida mínima que marca la ley impide este recorte. En este escenario, los expertos prevén que, con toda seguridad, la fórmula arrojará nuevamente un resultado negativo para 2017, y a ello se aferra el Gobierno para aplicar el incremento mínimo.
Es más, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social baraja un coste de este incremento del entorno de 350 millones de euros. “Si se subiera más que el 0,25% –con un resultado negativo de la fórmula de revalorización– habría que explicar por qué lo hacemos y, sobre todo, de donde sacamos el dinero”, explican fuentes gubernamentales.
- Con cargo a impuestos
No obstante, la propuesta diseñada por CC OO y UGT y avalada por la mayoría de la oposición, pide también que se derogue el actual sistema de revalorización, para poder aplicar la subida del 1,2% que reclaman. Y, en segundo lugar, los firmantes de la propuesta hacen suya la idea de los sindicatos de financiar esta subida de pensiones, “con cargo directo los Presupuestos Generales del Estado para 2017”. De esta forma, argumentan que financiado el incremento con impuestos, no supondrá coste alguno para el sistema de Seguridad Social, que podría volver a registrar unos números rojos este año del entorno de los 16.000 millones de euros.
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