Fiscalidad local

Montoro y los alcaldes pugnan por el céntimo sanitario

Hacienda les retiene 80 millones de la partipación en los ingresos del Estado

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero.

El 27 de febrero de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, conocido como céntimo sanitario. Ya desde el 1 de enero de 2013, este impuesto finalista, cuya recaudación se destinaba para financiar la sanidad pública, desapareció de facto y se integró dentro del impuesto de hidrocarburos para evitar conflictos con las autoridades comunitarias que llevaban recibiendo quejas desde hace diez años contra su aplicación. No lo logró. El Ejecutivo se vio obligado a asumir unas devoluciones que supondrán un coste de 3.000 millones de euros. De hecho, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, achacó a ese coste sobrevenido el incumplimiento del déficit en 2014.

Todo parecía en calma hasta que la Federación Gallega de Municipios (Fegamp) ha reabierto el debate al elevar una consulta al Ministerio de Hacienda como consecuencia de unas reducciones en los ingresos que perciben los ayuntamientos por su participación en los ingresos del Estado, conocida como PIE. En concreto calculan que los municipios gallegos han percibido cinco millones menos de lo que les correspondían por ese concepto en 2014. De ellos, 2,5 millones le correspondían a las diputaciones provinciales, 1,1 millones a las grandes ciudades y 1,5 millones para el resto de municipios. Los datos surgen de la liquidación de las cuentas públicas, que normalmente llevan un desfase de dos años con respecto a la presentación y tramitación de las mismas.

Los alcaldes argumentan que les quitan un dinero que nunca recibieron

En conversación con CincoDías, el técnico que detectó este desfase, que prefiere permanecer en el anonimato, relata que descubrió el desfase al tratar de averiguar el coeficiente que se aplica para saber el crecimiento de la PIE correspondiente a ejercicio en vigor. “En ese momento detecte unas devoluciones de 340 millones correspondientes al céntimo sanitario que no se correspondían con la realidad”, apunta. Este técnico elevó la queja a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que realizó un análisis detallado para concluir que los ayuntamientos habrían recibido, una vez aplicada esa reducción sobre la base, 80 millones menos de lo que les correspondía.

Fue el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, el que hizo pública la denuncia por esta situación. “Nos reclaman 80 millones que no hemos recibido”, reivindicó la pasada semana. Yle trasladó su protesta al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la reunión que mantuvieron el miércoles de la pasada semana. “Está en camino de solucionarse”, señaló.

El quid del conflicto parte de la diferente interpretación que realizan las partes sobre el céntimo sanitario. Desde el lado de los municipios no entienden cómo es posible que se les reclame las devoluciones de un impuesto del que no se han visto beneficiados nunca. Al ser un impuesto finalista, las comunidades autónomas eran las encargadas de recaudarlo y las que lo destinaban para sufragar su gasto en Sanidad. Desde el lado de Hacienda, sin embargo, justifican que el céntimo sanitario dejó de existir como impuesto finalista desde el 1 de enero de 2013 y que durante el tiempo que estuvo en vigor hasta su desaparición no se destinaba para financiar la sanidad. Una parte de esa recaudación, sostiene Hacienda, sí fue a parar a las arcas municipales.

A la espera de conocer cómo se resuelve el conflicto, lo que parece bastante claro es que el nuevo Ejecutivo que salga de las urnas optará por un incremento de la carga impositiva sobre los hidrocarburos. En primer lugar porque España es uno de los países de la UE en los que los gravámenes que se cobran a gasolina y gasóleo son inferiores a la media. En concreto, el 65% del precio de venta de la gasolina en la UE y el 60% en el caso del gasóleo son impuestos, unos porcentajes sensiblemente inferiores a los de España, con una carga fiscal del 57% para la gasolina (ocho puntos menos que la media de la UE) y del 53% en el gasóleo (siete puntos menos).

El segundo argumento que apuntala esta tesis es que el precio de venta público sigue siendo uno de los mas bajos de la UE. El litro de gasolina se vendía en la primera semana de octubre a 1,15 euros frente a los 1,29 de medi de la UE y el de gasóleo a 1,032 euros frente a los 1,14 euros en la UE28. El tercero, y quizá el más importante, es que el nuevo Ejecutivo tendrá que ajustarse a una senda de consolidación fiscal que le llevara a realizar ajustes de gasto y subidas de impuestos. El que grava los hidrocarburos es uno de los que tiene más posibilidades tiene de ser incrementado para elevar la recaudación.

 

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