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Hacienda sale al rescate de las autonomías más cumplidoras

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La posibilidad cada vez más cercana de que haya terceras elecciones ha obligado al Ejecutivo a extremar la vigilancia sobre el cumplimiento del déficit en todas las administraciones. En el caso de la Administración General del Estado ha decidido adelantar al 20 de julio el cierre del grifo del gasto público de tal manera, que no se iniciarán nuevas operaciones a partir de esa fecha. En los ayuntamientos ha puesto la lupa en las empresas locales deficitarias y ha enviado cartas a los consistorios conminando al cierre de las mismas. En el caso de las autonomías ha desplegado todos los mecanismos de financiación para que dispongan de fondos con los que hacer frente a sus gastos a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), pese a que ello signifique generar más deuda.

El empeño de Hacienda por tutelar las cuentas regionales le ha llevado incluso a sobrepasar algunas líneas rojas que se había impuesto en los tres años anteriores de legislatura. Es el caso de aquellas comunidades autónomas que no cumplían el déficit. Para financiar esa desviación, Hacienda les obligaba a adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que les hacía perder autonomía sobre sus finanzas, y a presentar un plan de ajuste para evitar nuevas desviaciones. Así lo hizo en 2012, 2013 y en 2014. La excepción se ha producido en el último ejercicio con cuatro autonomías (Madrid, Castilla y León, Asturias y La Rioja), que incumplieron el objetivo del 0,7% marcado por el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. La que más se desvió fue Asturias, con un 1,53%, seguida por Madrid (1,36%), Castilla y León (1,33%) y La Rioja (1,13%).

Les autoriza a emitir deuda o solicitar préstamos por 1.155 millones

Ninguna de ellas se ha tenido que adherir al FLA y tampoco estará obligada a aplicar medidas para elevar los ingresos o recortar los gastos. El Consejo de Ministros autorizó el 5 de agosto una partida extraordinaria de 1.155 millones para que esas cuatro regiones financien su exceso de déficit de 2015 a través de nuevas operaciones de endeudamiento o préstamos con entidades bancarias. La gran beneficiada de ese reparto es Madrid, ya que ha obtenido permiso para financiar los 914 millones por las seis décimas en que se desvió del objetivo de déficit, seguida por Castilla y León (199,5 millones), Asturias (22,47 millones) y La Rioja (19,2 millones).

Las cuatro sí se ajustaron a los objetivos en los tres ejercicios anteriores

En la decisión de Hacienda han pesado dos factores. En primer lugar, el hecho de que esas cuatro comunidades han sido de las más disciplinadas en materia presupuestaria y cumplieron los objetivos de déficit en los tres primeros años de legislatura de Rajoy. Eso les ha permitido seguir financiándose con facilidad en los mercados colocando deuda o con los bancos solicitando préstamos. Tan solo se desviaron en 2015 frente a otro grupo de regiones (Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Cataluña), que han duplicado, triplicado o cuadruplicado los objetivos fijados por Hacienda en ese período.

También ha sido determinante el empeño de Castilla y León, cuya consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha ganado dos batallas a Hacienda. La primera victoria se produjo cuando evitó aprobar un acuerdo de no disponibilidad de gasto, tal y como pidió el Ejecutivo a las autonomías con plan de ajuste. Del Olmo argumentó que no tenían ningún plan, ya que no se habían adherido al FLA. Hacienda le contestó que tenía otro pendiente por acudir al plan de pago a proveedores en 2012, extremo que la consejera negó al señalar que ya se había liquidado el mismo al lograr refinanciar toda la deuda a proveedores. Montoro le dio la razón por carta y no tuvo que suscribir ningún acuerdo de no disponibilidad. La segunda victoria se produjo el pasado viernes cuando les autorizó a endeudarse para cubrir el exceso de déficit de 2015.

Presión sobre los entes locales

La lupa de Hacienda también se ha posado sobre las entidades locales. El departamento de Cristóbal Montoro remitió en julio cartas a algunos consistorios conminándoles a que cierren algunas sociedades públicas cuya situación financiera es claramente deficitaria. Un requerimiento que fue duramente criticado por Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que calificó de “temerarias e imprudentes” esas cartas. “Hay muchos alcaldes y alcaldesas que están muy preocupados por el cierre de sociedades que prestan servicios públicos como depuración de agua, tratamiento de residuos o transporte urbano. Ven venir el cierre de servicios públicos fundamentales”, apuntó Caballero, quién señaló que si la amenaza de Hacienda se cumple “que nos diga quién los va a prestar”.

El otro frente abierto por Hacienda es el de vigilar que los consistorios presenten sus cuentas a tiempo y liquiden sus presupuestos tal y como establece la ley. Hasta ayer había retenido los anticipos a cuenta (el dinero que adelanta el Estado por la participación en sus ingresos) a un total de 139 municipios por incumplir con la normativa que les obliga a informar al departamento que dirige Cristóbal Montoro sobre la liquidación de sus presupuestos.

Las autonomías con mayor número de municipios que incumplen el artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible es Castilla-La Mancha, con un total de 44 ayuntamientos. En el otro lado se sitúan Galicia, Murcia y La Rioja, con uno cada una de ellas. En la citada lista no aparece ningún ayuntamiento de Asturias, Baleares, Canarias, Navarra y País Vasco.

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