Energía

REE convoca una nueva subasta de interrumpibilidad

Se aplicará en solo un ejercicio, 2017, frente a los tres o cuatro años que piden las empresas

Redes de alta tensión.
Redes de alta tensión.

El 14 de agosto de 2015 se convocó la subasta de interrumpibilidad (un servicio que ofrecen los grandes consumidores industriales al operador del sistema eléctrico para que se les interrumpa o module el suministro a cambio de un descuento en el precio) que está en vigor todo este año. Dada la situación de provisionalidad del Gobierno que dura ya más de medio año, los responsables del Ministerio de Industria se habían negado a convocar la subasta correspondiente a 2017.

 Esta compensación corre a cargo del resto de consumidores en el precio de la energía de la factura eléctrica que liquida la CNMC y ascienda a unos 500 millones de euros.

Tras las presiones de las empresas y a la vista de que el resultado electoral del 26 de junio permite confiar en un nuevo Gobierno del Partido Popular, el ministerio que dirige en funciones Luis de Guindos ha optado por encargar a REE la convocatoria “informal” de una subasta, cuyo proceso requiere de bastante tiempo. Así, en lugar de una orden ministerial con las condiciones de la puja, como viene siendo preceptivo, el operador del sistema se ha limitado a proponer una modificación del procedimiento de operación correspondiente a “la gestión de la demanda de interrumpibilidad”.

Por tanto, REE se ha limitado a modificar el procedimiento vigente desde el año pasado, por lo que las condiciones de la subasta serán las mismas que las de la última convocatoria. Y una vez que se forme el nuevo Gobierno, este procederá a formalizar la convocatoria se formalizará. Las empresas interesadas en tener una electricidad más barata tienen hasta el 31 de agosto para solicitar su participación a REE.

De momento, esta compañía ha remitido a la CNMC la propuesta, que, tras recibir las alegaciones de los miembros del consejo consultivo de la electricidad, este organismo aprobará el informe correspondiente. Con toda probabilidad el jueves que viene.

El resultado de la subasta, por tanto, estaría vigente para la temporada 2017, por lo que los deseos de las compañías de que su vigencia sea por dos o tres años ha caído en saco roto. Se incumplirá incluso el preacuerdo al que la industria llegó el año pasado con el ministerio para que la subasta de este año se aplicase en 2017 y 2018, según fuentes del sector.

Precisamente, tras el anuncio de REE, el sindicato USO reclamó el viernes en un comunicado “una subasta eléctrica de duración superior al año”, más concretamente, “de tres-cuatro años con lo que se daría mayor seguridad jurídica que facilitaría la realización de las inversiones necesarias para ganar competitividad”. Este sindicato pidió “abaratar el coste de la tarifa energética para las empresas electrointensivas hasta el nivel medio del coste UE para eliminar el diferencial de coste superior del 30%” y pidió un trato fiscal especial en la tarifa de estas empresa.

Casi 3.000 MW

En la subasta que se celebrará el próximo otoño, en una fecha aún por definit, se subastarán casi 3.000 MW interrumpibles en paquetes de 90 y 5 MW. La última puja tuvo lugar entre los días 31 de agosto y 3 de septiembre con aplicación en 2016. El mismo día 3, tras las subastas ordinarias, se realizaron subastas adicionales. En ella participaron 132 plantas, resultando todas adjudicatarias por un un importe de 503 millones. Se asignaron 434 bloques de 5 MW a un precio medio de 134.808 euros/MW y ocho bloques de 90 MW a 292.013 euros/MW. Del total de 434 bloques de 5 MW, 419 fueron asignados mediante subasta competitiva, con 129 empates, señal, según REE, “del mayor grado de competencia de los participantes”. En 2015, la asignación de bloques aumentó un 58%, con un incremento del precio un 40%.

Los mayores participantes de estas subastas son las plantas de ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y el grupo de aluminio Alcoa. Queda por ver si puede Inovyn-Solvay que el año pasado fue excluida de la subasta de 90 MW “por un incumplimiento del contrato de interrumpibilidad eléctrica”. La compañía recurrió esta decisión.

El servicio de interrumpibilidad español está siendo investigado por Bruselas en un expediente abierto sobre los pagos por capacidad que reciben algunas centrales eléctricas, que podrían constituir una ayuda de Estado.

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