Popular contrata a Sagardoy para realizar su plan de ajuste
Banco Popular dará un vuelco a su red y actividad comercial en los próximos meses. Realizará un ajuste de su plantilla, que puede sumar algo más de 2.000 empleados, y cerrará unas 300 oficinas. El banco ha fichado al despacho de abogados Sagardoy para diseñar el plan de ajuste.
El banco que preside Ángel Ron había decidido hasta ahora no abordar grandes ajustes, y menos traumáticos. Era partidario de realizar las prejubilaciones naturales y cerrar oficinas sin sobresaltos, pero parece que los tiempos han cambiado para el sector en general y para Popular en particular.
Solo tras la compra de Banco Pastor en 2012, la entidad decidió abordar una reestructuración mayor de su red y plantilla. Pese a ello, entre 2001 y 2015 ha reducido un 23,5% sus oficinas y un 17% el número de empleados, apostando, por las prejubilaciones y bajas incentivadas, como casi todos los bancos.
Ron ya avisó en la última junta de accionistas del banco, haría un ajuste “en la medida en que así lo aconsejen las condiciones de mercado y los cambios tecnológicos”. Y así será. Dos meses después de llevar a cabo su tercera macroampliación de capital por 2.500 millones de euros, la entidad ha sacado del cajón, y con el impulso del Banco Central Europeo (BCE), todos los proyectos que tenía previsto llevar a cabo antes de abordar esta inyección de fondos.
Tiene sometido a revisión todas sus actividades de banca comercial con el objetivo de reducir costes, lo que se suma a las ventas que ya ha llevado a cabo en los últimos años de una parte significativa de su negocio, como tarjetas, redes de oficinas que vendió a Targobank, su inmobiliaria Aliseda, etc.
En septiembre más o menos tiene previsto anunciar un ajuste de plantilla y oficinas en consonancia con el llevado a cabo por otros bancos en los últimos meses como Liberbank, Ceiss o en menos grado Santander.
La idea, según fuentes financieras, es cerrar unas 300 oficinas, alrededor del 15% de su red actual, y realizar un plan de bajas voluntarias y prejubilaciones que afectaría a unos 2.000 empleados, un porcentaje similar al del cierre de sucursales.
El periódico Expansión señalaba ayer que el recorte afectará a 3.000 empleados, el 20% de la plantilla.
Un portavoz del banco asegura que el plan no está aún aprobado, por lo que no existe todavía un número definitivo. Para llevar a cabo este ajuste el banco ha contratado al despacho de abogados especializado en derecho laboral, Sagardoy.
Se da la circunstancia de que este bufete diseño recientemente un novedoso plan de prejubilaciones para Liberbank, por el que los empleados que se acogieran a él tendrían que renovar cada año su condición de prejubilado.
De esta forma el banco se ahorra la provisión que debe realizar para cubrir estas salidas. El Banco de España es partidario de esta nueva vía de ajuste, según fuentes consultadas.
La entidad que preside Ángel Ron también ha decidido sacar del cajón otras fórmulas para recortar costes y lograr ingresos. Entre ellas, estudia revitalizar la venta de su banca privada, proyecto que paralizó en abril, casi coincidiendo con la aprobación de su ampliación de capital, y casi en la recta final de este proceso de venta.
El objetivo es buscar, como en otros casos, un socio mayoritario, con lo que evitaría que los clientes de Popular, y que son a su vez de esta unidad, dejen al final esta división para quedarse en el banco. El bajo precio ofrecido parece que fue una de las causas que paralizó este proceso de venta, cuyo cierre estaba previsto para antes del 30 de junio.
Deutsche Bank, algo más que un fichaje
Banco Popular también ha vuelto a reactivar la creación de una sociedad independiente para desconsolidar gran parte de sus activos inmobiliarios. El perímetro de esta sociedad rondaría los 4.000 millones de euros en activos adjudicados, principalmente suelo y edificios, aunque no se descarta traspasar algunos préstamos vinculados al ladrillo. Para diseñar la operación y buscar socios para invertir en esta sociedad el banco ha fichado a Deutsche Bank, y a la consultora EY. Aunque varias fuentes aseguran que la filiall española del banco alemán se ha planteado adquirir una parte importante de esta cartera de activos, incluidos en esta sociedad independiente que permitiría a Popular desprenderse de estos activos en su balance, su gran losa desde hace años.
La creación de esta sociedad tiene que contar con el visto bueno del Banco de España, CNMV y Economía, aprobación que podría obtener en octubre.
Para que un banco pueda sacar activos de su balance y los dé de baja (para que no consoliden), debe aplicarse el artículo 23 de la Circular 4/2004 sobre normas de información financiera pública y modelos de estados financieros. En ella se establece que para que un activo cause baja de balance se tiene que producir “la transferencia sustancial de sus riesgos y beneficios”.
Con esta fórmula, ya empleada en Colonial y Metrovacesa, Popular consigue desprenderse del ladrillo, pero a cambio no recibe ingresos por las ventas.
Popular tenía 16.132 millones en adjudicados el pasado año. De ellos, 4.354 millones eran edificios terminados; 6.685 millones suelos;1.436 millones de euros en pisos; 398 millones en edificios en construcción; y 3.255 millones en otros activos. El objetivo es reducir cartera inmobiliaria en 15.000 millones de euros en 2018.