Ministerio de Industria

Iberdrola fichará a la abogada del Estado de la Secretaría de Energía

Irene Agúndez ha dejado ya el ministerio y ha sido destinada transitoriamente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)

Sede del Ministerio de Industria en Madrid.
Sede del Ministerio de Industria en Madrid.

La abogada del Estado adjunta de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Irene Agúndez, ha acordado incorporarse al equipo de Iberdrola. Así se lo comunicó recientemente esta alta funcionaria a la Abogada General del Estado, Marta Silva, a la que pidió una excedencia voluntaria para poder contratar con la eléctrica. Según informan varias fuentes, en la Abogacía del Estado se le recomendó, “para disimular su pase directo desde el ministerio a la empresa”, su traslado temporal al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), lo que así ha hecho.

Fuentes de Iberdrola aseguran que Agúndez no ha sido fichada por la compañía, pero que su fichaje “es muy posible”. En cualquier caso, formará parte del staff, pero no de la dirección, sino que se integrará en los Servicios Jurídicos. Sería la segunda abogada del Estado de Iberdrola, tras la entrada hace unos meses de Eva Chamizo, quien fue consejera jurídica de la Representación Permanente de España ante la UE.

Se desconoce cuántos meses estará Irene Agúndez en su destino transitorio antes de hacer efectiva su entrada en la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán. Un caso similar lo protagonizó el año pasado Ignacio Grangel, quien fue jefe de Gabinete del exsecretario de Estado de Energía Fernando Marti y del actual secretario en funciones, Alberto Nadal.

En febrero de 2015, Grangel pactó incorporarse a Red Eléctrica (REE), tal como adelantó CincoDías, previo paso por la Audiencia Nacional. Y aunque tenía previsto trabajar como Abogado del Estado en la Audiencia tan solo dos o tres meses, “se vio obligado a prorrogar este plazo varios meses más” (hasta mediados de septiembre) debido a la filtración de su acuerdo en diferido con REE, aseguran en el sector. Grangel fue nombrado director de la Asesoría Jurídica de REE.

Los altos funcionarios no están sometidos a incompatibilidad legal ni conflicto de intereses

Aunque en España los altos funcionarios no están sometidos a ninguna incompatibilidad o conflicto de intereses, como es el caso de los políticos, sus fichajes por parte de empresas están envueltos en polémica y hay quien considera “que las puertas giratorias de los funcionarios pueden ser más graves, o tanto más, que las de los políticos”, aseguran fuentes jurídicas.

De hecho, el programa del PSOE y el documento en que se plasmó el acuerdo entre este partido y Ciudadanos en la anterior legislatura, figura una propuesta para extender las incompatibilidades de los cargos políticos (de dos años) a los altos funcionarios. En estos momentos un subdirector de cualquier ministerio puede incorporarse a una empresa del sector de su competencia al día siguiente de abandonar su puesto. La polémica afecta fundamentalmente a los inspectores de Hacienda y los abogados del Estado.

La fuentes antes citadas afirman que quien ha fichado a Irene Agúndez es Julián Martínez-Simancas, secretario del consejo de administración de Iberdrola y también abogado del Estado excedente, con el que mantiene una buena relación. Martínez Simancas se jubiló recientemente como secretario general de la compañía, función que ha pasado a desempeñar Santiago Martínez Garrido, también abogado del Estado en excedenciay hasta ahora director de los servicios jurídicos de la corporación Iberdrola. Martínez Garrido fue jefe de Gabinete del exministro del Interior y consejero de la eléctrica, Ángel Acebes.

Hasta su nombramiento como secretario general, este directivo compartió el área de los servicios jurídicos con Miguel Alcolea, quien ha abandonado Iberdrola este año para incorporarse al despacho de Garrigues. Alcolea ha sido sustituido por Gerardo Codes.

En Industria rechazaron ayer hacer ningún comentario al respecto, por tratarse “de personal del ministerio”. El departamento que dirige en funciones Luis de Guindos, tiene adscritos varios abogados del Estado: uno a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones; otro a la de Turismo y dos a la de Energía-Industria: el abogado-jefe de esta área es José Ramón Mourenza y su adjunta hasta ahora, Irene Agúndez, la candidata a incorporarse a Iberdrola.

Una reforma propuesta por PSOE y Ciudadanos

En el acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE y Ciudadanos en la corta legislatura pasadas, se recogió una propuesta que ya figuraba en el programa socialista: incorporar a la función pública un régimen de conflicto de intereses e incompatibilidades durante los dos primeros dos años de la excedencia voluntaria por interés particular, lo que afectaría a los altos funcionarios, que se equipararían así a los cargos políticos.

Para aplicar esta medida, que formaba parte de una reforma más amplia de la función pública incluida en el citado pacto político, sería necesario revisar la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

La propuesta fue rápidamente contestada por la Asociación Profesional de Abogados del Estado (los más afectados junto con los inspectores de Hacienda), que hicieron campaña en contra de la misma.

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