Auditoría/38 Aniversario

Listas para encarar el cambio legal con éxito

Las empresas de consultoría amplían su oferta y piden más información corporativa

Listas para encarar el cambio legal con éxito

Recuperar la confianza en la información que se audita, aumentar el nivel de independencia de los auditores y regular la estructura del mercado. Estos son los objetivos de la nueva Ley de Auditoría, aprobada en 2015 y cuya aplicación efectiva corre desde el 17 de junio pasado. Una remodelación –fruto de la transposición de la normativa europea en este ámbito– que no solo incide en las prácticas de las empresas, sino también en el negocio de las más de 1.400 firmas de consultoría con las que cuenta España.

Las 1.500 entidades de interés público (EIP), es decir, las cotizadas, entidades financieras y empresas reguladas, así como aquellas que superen los 2.000 millones de facturación y 4.000 empleados, son las principales destinatarias de la norma. Salvo raras excepciones, todas ellas deben ahora contar con una comisión que, entre otras funciones, proponga al consejo el nombramiento del auditor y redacte un informe sobre su independencia.

La principal novedad, sin embargo, es la prohibición para las empresas de auditoría de llevar más de 10 años revisando la misma compañía. Además, los auditores principales, responsables directos del trabajo, deben cambiar cada cinco años en lugar de los siete previstos anteriormente. A esta limitación se añade la que impide prestar determinados servicios a la EIP auditada, como contabilidad, servicios jurídicos o estrategia de inversión. Estas medidas “van a exigir una mejora de los niveles de gestión de las auditorías”, admite el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJC), Mario Alonso Ayala. “No me cabe ninguna duda de que vamos a afrontar este reto con éxito”, afirma con rotundidad.

  • Negocio multidisciplinar

A partir de ahora, “el negocio se va a focalizar más en los servicios multidisciplinares”, dicen desde EY. La empresa asegura haberse anticipado a la nueva legislación, al reforzar todas sus áreas de actividad. Aunque la auditoría sigue siendo su buque insignia, los esfuerzos de crecimiento estarán liderados por los abogados y las transacciones.

Otra medida de calado es la limitación de las retribuciones por otros servicios permitidos, que no pueden sobrepasar el 70% de la media de los últimos tres años consecutivos obtenidos por los servicios de auditoría en la misma empresa. “Contamos ya con procesos de independencia internos muy estrictos que nos permiten cumplir con esta normativa”, apuntan fuentes del grupo EY.

“La nueva norma podía haber sido más innovadora a la hora de potenciar la relevancia de la información corporativa que se presenta al mercado al margen de las cuentas anuales”, subraya, por su parte, Borja Guinea, socio responsable de auditoría de KPMG en España.

La ley establece que el informe de auditoría deberá dar cuenta de los riesgos más significativos de existencia de incorrecciones materiales, la respuesta del auditor a dichos riesgos y las observaciones esenciales derivadas de los mismos. “Sería deseable que la regulación permitiese ampliar nuestro ámbito de actuación para que los inversores tuvieran una mayor confianza en la información que se emite al mercado”, concluye Guinea.

Algo a lo que alude también el socio director de auditoría, riesgos y transacciones de Deloitte, Germán de la Fuente, cuando afirma que “resulta fundamental enriquecer la información que los distintos destinatarios de las cuentas anuales necesitan para la toma de sus decisiones”. Se trata, explica, de evolucionar “desde la perspectiva actual de una auditoría sobre una situación financiera a una revisión que también incluya el examen del desempeño en la gestión de riesgos”.

“Todavía deberemos profundizar más en este ámbito”, asevera, en la misma línea, Rafael Sanmartín, socio responsable de auditoría de PwC. Según Sanmartín, la ley introduce, además, algunas incertidumbres para su implantación, “que será necesario aclarar estableciendo un diálogo constructivo entre la profesión y el regulador”. Una postura en la que convergen el resto de los grandes jugadores de la auditoría y el ICJC. 

Normas