Industria, un ministerio en funciones por partida doble
Los responsables del departamento se han visto obligados a aprobar algunas normas a las que se resistían
Con la provisionalidad en la que se encuentra el Gobierno (en funciones desde hace siete meses y lo que le depare el resultado del 26-J), es indiscutible que el sector energético vive una situación de total seguridad jurídica:no hay cambios regulatorios en general, ni para bien ni para mal. Más allá de la boutade, es evidente que el Ministerio de Industria está doblemente en funciones:lo estaba hasta la dimisión de José Manuel Soria el pasado abril, y lo está aún más con Luis de Guindos, que asumió las funciones (en funciones) del ministro canario por imposición de Moncloa.
Aunque la llamada a sustituir a Soria era la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, esta pasó el testigo al titular de Economía que a regañadientes está asumiendo las tareas de Industria. Y todo “porque los dos ministerios forman parte del mismo edificio”, ha llegado a comentar.
De su escaso interés por la cartera de Industria, más aún tras haber anunciado su despedida de la política, da cuenta el hecho de que ha mantenido a cargos de confianza de Soria que debían haber abandonado el ministerio con él. Y que apenas si se le ha visto por el departamento que dejó su antecesor y amigo.
Tras las elecciones de noviembre, el Ministerio de Industria se enfrentó a la primera subasta de megavatios renovables celebrada en España (500 eólicos y 200 de biomasa), que se veía retrasando desde un par de meses atrás. Al estar ya en trámite, el ministerio no dudó de que tenía que realizar una puja que acabó con un sorprendente resultado: cuando lo que se subastaba era un incentivo, los ganadores renunciaron al mismo.
En este tiempo, sus responsables se han limitado a aprobar asuntos de escasa trascendencia o que requerían únicamente la firma de los directores generales, pues de secretarios hacia arriba rige la funcionalidad, salvo que se trate de ejecución de normas.
El ministerio heredado por Luis de Guindos tras la dimisión de Soria sufre una larga parálisis
En este capítulo se ha encuadrado la orden que desarrolla la ley y el real decreto de la nueva retribución de la distribución y el transporte de electricidad. Ya sea por la importancia de la norma, ya por la de sus afectadas (las cinco grandes eléctricas integradas en Unesa: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo), el Gobierno ha optado por aprobarla. No así, Guindos, que ha decidido inhibirse alegando que fue consejero de Endesa en los dos años anteriores a su toma de posesión del cargo como ministro de Economía.
Con la excusa de que para ocuparse de los “asuntos ordinarios” de Industria nunca tomó posesión de esta cartera, Guindos ha forzado que sea Sáenz de Santamaría la que firme esta orden ministerial, que está a punto de ser publicada en el BOE. Para ello, ha sido necesario incluir este relevo en otro real decreto.
Fuentes jurídicas consideran que esta interpretación tan estricta de la norma de incompatibilidad de altos cargos de la Administración solo responde a la intención de Guindos de evitarse cualquier problema a futuro. De hecho, si hubiese firmado esta orden, que supone una mejora de la retribución de las eléctricas en unos 250 millones de euros solo este año, se habría levantado una barrera para poder trabajar en los dos años desde su cese en alguna de las compañías de Unesa.
Esta decisión paraliza aún más el ministerio pues a partir de ahora, teniendo en cuenta el antecedente, se verá obligado a inhibirse en cualquier norma que afecte a Endesa, por ejemplo, una orden de peajes de acceso del gas o la luz (aunque no será necesario revisarlos hasta el mes de enero).
Otra cuestión en la que el departamento ha cedido tras fuertes presiones empresariales, ha sido en la aprobación de una resolución para poner freno a la lacra de las comercializadoras pirata, cuya solución requería de un cambio regulatorio al que se resistían en Industria. Con la firma del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, la resolución publicada en el BOE del lunes, supone un cambio en la operación del sistema de REE que limitará a tres meses la posibilidad de que las comercializadoras que actúan de mala fe pueden suministrar energía a sus clientes sin haberla comprado y pagado.
Las liquidaciones con las medidas del consumo de los clientes se harán el me n+3, frente al n+8 actual. Además, las garantías excepcionales que deben aportar las empresas se reducen un 50%.
Aunque Nadal se venía resistiendo a aprobar nada al respecto arguyendo precisamente que la ley no le permite firmar normas a un Gobierno estando en funciones, dada la gravedad del asunto (el agujero generado por las fraudulentas supera los 50 millones de euros) y el fuerte malestar del sector que asume ese importe, ha decidido aprobar unos cambios operativos que, al menos, paliaran en parte el problema.
En noviembre, varios asuntos quedaron pendientes en el área energética que no van a ser abordados por este Gobierno: la metodología de los cargos de la tarifa de acceso (todo lo que no son las redes); la reforma del bono social o el reglamento para la amortización del superávit eléctrico (1.600 millones en 2016).
Tampoco parece dispuesto a tomar ninguna medida con la situación de ilegalidad en que han quedado las instalaciones de autoconsumo que no pudieron ser registradas antes de abril. El plazo que establecía el polémico decreto que regula el autoconsumo de electricidad, en vigor desde octubre.
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