Desahucios y luz entran en campaña

  • 1
  • 2Los partidos, más concienciados frente a la pobreza 

    Todos los partidos políticos incorporan en sus programas electorales medidas más o menos detalladas contra dos de los problemas sociales que se han ido incorporando a la agenda política española a medida que arreciaba la crisis: la pobreza energética y los desahucios. Ambos están relacionados con umbrales mínimos de calidad de vida. Una cuestión difícil de ignorar a la luz de las cifras. El 22,1% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza (vive con menos de 8.011 euros al año), frente al 20,6% de hace cinco años, según la última encuesta de condiciones de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

  • 3Más protección contra los desahucios 

    En líneas generales, las principales formaciones políticas que concurren a los comicios prometen una mayor protección frente a los desahucios. El PP habla de reformas procesales y Unidos Podemos aboga por prohibir los desalojos forzosos por motivos económicos probados sin alternativa habitacional. Por su parte, el pacto que suscribieron PSOE y Ciudadanos para un gobierno reformista de progreso, tras las elecciones del 20D, pide reconocer el derecho de las personas desahuciadas a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares.

    REUTERS
  • 4Disparidad de cifras sobre los desalojos forzosos 

    En España no existen cifras claras sobre el número de desahucios por ejecución forzosa ante el impago de la hipoteca o el alquiler, que sin embargo han tenido un gran impacto social y mediático. Las tres estadísticas disponibles elaboradas por el Consejo General de Poder Judicial, el Banco de España y el INE (este último desde el año 2014) arrojan cifras dispares, aunque en la mayoría de los casos de desahucio la vivienda había sido adquirida durante la época del boom inmobiliario. De acuerdo con los últimos datos de Estadística, la mayor parte (el 20,6%) de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en 2015 correspondió a hipotecas constituidas en el año 2007; el 15,9%, a hipotecas constituidas en 2006, y el 11,3%, a hipotecas de 2008.

    EFE
  • 5El 11% de los hogares en España pasa frío 

    La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) considera que un hogar está en situación de pobreza energética cuando “es incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda”. En uno de sus últimos trabajos, presentado el pasado abril bajo el título ‘Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis’, concluye que 5,1 millones de personas en España, el 11% de los hogares, pasan frío en invierno, lo que sitúa a España por encima de la media europea (10,2%). Destaca además que el 6% de los hogares (2,6 millones de ciudadanos) dedican más del 15% de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas.

  • 6¿Cómo paliar la pobreza energética? 

    El PP se propone congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno. El partido ofreció además a PSOE y Ciudadanos crear un fondo nacional para apoyar a los ciudadanos en situación de “mayor vulnerabilidad”. El PSOE contempla un servicio mínimo de suministro de electricidad y gas que garantice que ningún hogar se quede sin energía entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. Ciudadanos plantea un Plan de Choque contra la Pobreza Energética y que se impida que se realicen cortes de energía “en la estación fría del año en hogares cuyos miembros se encuentren en riesgo de exclusión”. Apuesta, además, por que el bono social sea pagado por los contribuyentes y se sufrague a través de los presupuestos públicos. Unidos Podemos aboga por una tarifa por tramos sociales para combatir los cortes de agua y la pobreza energética. Así, pide un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado cuya tarifa se fijará en función de la renta. La formación pretende crear un bono con una tarifa gratuita para todas aquellas personas que no tengan ingresos y otra superreducida para las que se encuentren en situación de pobreza o exclusión social.