La financiación autonómica, la indispensable reforma

  • La estructura autonómica, principal característica del Estado español desde la llegada de la democracia, tiene pendiente el pilar básico de su modelo de financiación.
    1La estructura autonómica, principal característica del Estado español desde la llegada de la democracia, tiene pendiente el pilar básico de su modelo de financiación.
  • 2El caso español 

    En España existen dos modelos de financiación de las comunidades autónomas: el régimen común y el régimen foral (País Vasco y Navarra).

    Dentro del régimen común, formado por 15 comunidades, Canarias posee uno especial, regulado de la mano de las disposiciones de la UE sobre regiones ultraperiféricas.

    El Estatuto de Autonomía del País Vasco y la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra establecen que sus relaciones financieras con el Estado se regulen por concierto.

    Ceuta y Melilla participan de la financiación autonómica de conformidad con sus estatutos, del régimen de Haciendas locales y disponen de una fiscalidad indirecta especial. Entre otros aspectos, aplican el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, en vez del IVA.

  • 3Un modelo complejo, ineficiente, opaco y arbitrario 

    Las automomías forman la estructura básica del Estado español. Esa es la principal razón por la que resulta tan indispensable la reforma del ineficiente modelo de financiación autonómica, un pilar fundamental para el funcionamiento del país. Esta es la opinión común de todos los expertos, que no se guardan adjetivos del calado de opaco, complejo, ineficiente, arbitrario o desigual para calificar el método actual, con el que las autonomías deben prestar a la ciudadanía servicios transferidos que son el alma del Estado del bienestar: sanidad, educación, servicios sociales y dependencia. Y además cumplir con los rigores del déficit presupuestario.

  • 4Los cuatro principios clave 

    El modelo de financiación regional no se adecua hoy a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño. Y su reforma precisa, según los técnicos más especializados, de dos grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio constitucional de igualdad y reforzar la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas de los Gobiernos autonómicos.

  • 5Una maraña de fondos 

    Los recursos del sistema de financiación autonómica proceden hoy de tres fuentes: tributos cedidos íntegros, como Sucesiones o Patrimonio; los cedidos en parte (IRPF, IVA y especiales), y las transferencias del Estado central por diversos fondos. De estos, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, principal elemento del sistema, se reparte por población ajustada, es decir, teniendo en cuenta población infantil, jubilados, dispersión o insularidad. También, están el Fondo de Suficiencia Global, y los de Convergencia: de Competitividad, para compensar a las autonomías con menos recursos, y de Cooperación, introducido por el último Gobierno socialista para beneficiar a las comunidades más pobres.

  • 6Intento frustrado y previsión errónea 

    El amago de acometer la reforma de la financiación autonómica al final de la última legislatura de Mariano Rajoy, tras reabrir el debate en el verano de 2015, se quedó en un fracaso. Y adobado este además por el proceso secesionista en Cataluña, al que se suman ahora los meses transcurridos en tras la legislatura non nata salida de las elecciones del 20D. Este hecho es doblemente significativo puesto que el papel de liderazgo en las negociaciones sobre la financiación que siempre ha jugado la Generalitat de Cataluña está hoy en entredicho.

    La promesa realizada por el anterior Gobierno a finales de 2015 de que en junio de 2016, es decir, en este mes, España ya contaría con una nueva financiación autonómica “por unanimidad y sin que el Gobierno central y las comunidades autónomas se tiren los trastos a la cabeza” da idea de lo lejos que puede estar aún la realidad de una reforma de tal trascendencia, y más cuando la costumbre confirma que, ante cualquier solución barajada, siempre se siente perjudicado algún territorio, cuando no la mayor parte.

  • 7Los partidos políticos, de perfil 

    En este escenario resulta más llamativa la postura de perfil adoptada de nuevo por los partidos en sus programas electorales. De hecho, se limitan a una exposición de generalidades y con el derecho a la autonomía y la solidaridad entre las regiones como principios a seguir, en línea con lo garantizado por el artículo 2 de la Constitución.

    La garantía de los servicios esenciales y su disponibilidad independientemente del lugar de residencia en el territorio nacional son etéreos compromisos electorales de todos ante una necesaria reforma que los partidos saben que, en el momento en que entre en la letra pequeña va a levantar ampollas.

  • 8El objetivo: inteligible y equitativo 

    La simplificación del sistema para hacerlo inteligible a los ciudadanos es la primera obligación de la futura reforma, según los expertos. Así como conseguir un reparto más equitativo. La cuestión es cómo proporcionarles a las comunidades autónomas más control sobre sus ingresos para luego exigirles más responsabilidad sobre sus gastos, con el objetivo de que no sigan siendo las mayores incumplidoras del déficit.