Aena contrata con una empresa de la lista de morosos de Montoro
La empresa pública aeroportuaria y el Defensor del Pueblo adjudicaron a finales de 2015 una contrata a Linorsa sin conocer que pocos días después integraría la lista de morosos
El Defensor del Pueblo adjudicó en diciembre del pasado año la concesión de limpieza en Madrid a Linorsa. Igualmente, ese mes Aena otorgó a esta compañía el concurso del aeropuerto de Vigo, saliendo vencedora a pesar de los conflictos laborales que arrastraba desde 2014 y de tener deudas con Hacienda y la Seguridad Social, denuncian los sindicatos.
En julio de 2015, el Defensor del Pueblo, cargo actualmente ocupado por la exdiputada del PP Soledad Becerril, abrió un concurso para la limpieza. El 21 de diciembre, firmó con Linorsa el contrato de prestación de servicios para comenzar en enero de 2016, según confirma el organismo público. Dos días después, el 23 de diciembre, el Ministerio de Hacienda encabezado por Cristóbal Montoro publicó su lista de morosos, en la que la compañía (Limpiezas del Noroeste SA) aparecía con una deuda de 1,3 millones de euros a 31 de julio.
La ley de contratos del sector público requiere que la empresa que licite debe estar al corriente de pagos con Hacienda y con la Seguridad Social. Pero Linorsa pudo sortear ese cumplimiento. La razón, según explican los sindicatos CIG y UGT, es que presentó ese certificado, válido por seis meses, al haber negociado un acuerdo para fraccionar o aplazar el adeudo.
Por tanto, Linorsa pudo presentar el certificado, con fecha de 2 de julio, de estar al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social, al tener aplazada o fraccionada la deuda. Sin embargo, unos días después, el 31 de julio, la Agencia Tributaria ya consideraba a la compañía como morosa en su lista.
El caso de Aena es muy similar. El contrato del aeropuerto de Vigo se cerró el 30 de noviembre de 2015. “En el momento de la adjudicación y firma del contrato la empresa cumplía con todos los requerimientos legales para ser adjudicataria”, señala un portavoz de la entidad pública. Para el Defensor del Pueblo ocurre igual: Linorsa cumplía los requisitos y por tanto el organismo no podía conocer hasta el 23 de diciembre que estaba en la lista negra de Hacienda.
En ambos casos, los contratos tienen vigencia desde el 1 de enero de 2016. En marzo, la Agencia Tributaria confirma el embargo de las cuentas de Linorsa, como ratifica el Defensor del Pueblo, una diligencia que también reciben posteriormente de la Tesorería de la Seguridad Social. Como consecuencia de la congelación de los recursos, la compañía de Vigo declara el concurso de acreedores en abril y se eligió al bufete Convenia Profesional como administrador concursal. Ni la empresa ni el administrador contestaron a la petición de información de este diario.
A partir del embargo, la compañía deja de pagar nóminas a los 1.200 empleados en las numerosas concesiones en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid. Desde el sindicato gallego CIG se explica que hay trabajadores que no cobran desde hace cinco meses y a gran parte no se les ha abonado las pagas de marzo y abril.
“No entendemos cómo las Administraciones solo tienen en cuenta el aspecto económico de las ofertas, sin considerar los antecedentes de conflictos laborales e impagos a Hacienda”, denuncia un portavoz de CC OO. Una representante de CIG señala que la empresa en los últimos años ha presentado agresivas ofertas a la baja en los concursos públicos. En 2014, según los últimos datos presentados en el registro, la empresa declaró unos ingresos de 31,6 millones, con solo 33.000 euros de beneficio.
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