Abengoa afronta una prueba más a final de mayo y su acción cae un 15%
La presión vuelve a la mesa de Abengoa. La compañía vuelve a enfrentarse a la contrarreloj después de que el juez aceptara darle siete meses de plazo para que logre la aceptación de sus acreedores a su reestructuración, tras haber obtenido la luz verde del 75% de los acreedores financieros.
El acuerdo de standstill alcanzado entre Abengoa, los bancos del G6 –Santander, CaixaBank, Popular, Bankia, HSBC y Crédit Agricole– y los bonistas liderados por Houlihan Lokey tiene marcado a fuego dos fechas clave: finales de mayo y el 28 de octubre. Para el primer punto del calendario se exigía, aunque no es suspensivo, la luz verde de compañía, bancos y tenedores de bonos, a las modificaciones de la deuda existente y a las condiciones para los nuevos créditos. Una liquidez, de la que depende el día a día del grupo, que está garantizada por determinados activos.
Los fondos tenedores de deuda de la compañía, entre los que se encuentran BlackRock, Attestor, Centerbridge, Delta, D.E. Shaw, Elliott, Eton Park, Invesco y Värde, estarían presionando, según apuntan fuentes conocedoras de la situación de la empresa, para lograr mejores condiciones para la concesión de las nuevas líneas de liquidez que precisa Abengoa para poder hacer frente a sus compromisos a corto plazo.
Estos fondos pusieron sobre la mesa una inyección de emergencia de 137 millones para pagar las nóminas de los trabajadores a un tipo de interés del 14,5%. Un dinero que, según fuentes conocedoras de la situación, no llegará para abonar la nómina de junio de la plantilla de Abengoa.
Según los términos del rescate de Abengoa alcanzados el pasado mes de marzo con los bonistas y el G6, los fondos propietarios de deuda cotizada de la compañía serán los encargados de aportar la mayor parte del dinero nuevo que precisa Abengoa, 1.500 millones de euros, para poner en marcha su plan de salvamento. A cambio, se quedarán con el 55% del capital de la nueva Abengoa.
Los bancos y bonistas capitalizarán deuda por unos 5.600 millones de euros, y pasarán a controlar un 35% de Abengoa; mientras que los que aporten los avales necesarios –unos 800 millones– se repartirán otro 5%. Los actuales accionistas, entre los que están 50.000 inversores minoritarios y los Benjumea, se repartirán el 5% restante.
Fuentes conocedoras del proceso recuerdan que la liquidez nueva que precisa la compañía y que los bonistas se habían comprometido a inyectar estaba avalada por ciertos activos de Abengoa y justifican las dudas del mercado con que se esté especulando con unos ingresos menores de lo esperado para algunos de los proyectos a futuro conforme a la previsión de los precios energéticos.
Los títulos B de Abengoa –que tienen un solo derecho de voto– cayeron un 15,2%, hasta los 0,17 euros por acción. Un nivel que no registraban desde las semanas previas a su rescate. Por su parte, las acciones A, que cuentan con 100 derechos de voto, cedieron un 11,92%, hasta los 0,45 euros. Según el plan de reestructuración aprobado por la compañía y que contó con el visto bueno de bancos y bonistas la estructura dual de las acciones desaparecerá y se pasará a un solo tipo de acción que tendrá los mismos derechos políticos.
