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¿Cómo puede el Estado ganar dinero con el cannabis?

¿Cómo puede el Estado ganar dinero con el cannabis?

La mayor parte de los países del planeta prohíben el consumo, la venta y el cultivo de cannabis. Pese a ello, solo en Europa, se estima que 19,3 millones de personas de entre 15 y 64 años (el 5,7% del total) lo consumieron en 2014, según el informe anual del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías publicado en junio del año pasado. En España, este porcentaje asciende hasta el 30% y el cannabis se sitúa como la sustancia ilegal más consumida, según el Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías.

Estos datos han llevado a poner sobre la mesa en los últimos años el debate sobre la legalización del cannabis. En Estados Unidos, por ejemplo, más de la mitad de los Estados ya permiten su uso con fines terapéuticos, mientras que Uruguay ha sido el primer país del mundo en legalizar su consumo recreativo y es el propio Estado el encargado de su producción.

En el resto de naciones del planeta el cannabis se encuentra, sin embargo, en una situación de alegalidad. Aunque su consumo es ilegal, no está penado siempre que se haga en privado o se disponga de cantidades pequeñas de esta droga. El cultivo tampoco está permitido, aunque si es para fines personales, se puede tener un número determinado de plantas de marihuana en el hogar, siempre y cuando no estén a la vista pública.

Así ocurre también en España. Como denuncia la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) y la plataforma Regulación Responsable hay una “falta de claridad” en las normas. “No se puede cultivar, pero el consumo no está penado, lo que lleva a los usuarios una situación de ilegalidad para abastecerse”, explica David Rabé, secretario y responsable de comunicación de FAC. Lo mismo sucede con la situación en la que se encuentran los clubs de cannabis. Recientemente, el Tribunal Supremo ha emitido un fallo condenando a estas asociaciones por una actividad ilícita. Sin embargo, según declara Ramón Morcillo, portavoz de Regulación Responsable, el propio órgano ha reconocido que cada club debe ser estudiado de forma individual y que, en cualquier caso, su labor no es “legislar” y ha habido una falta de actuación por parte de los legisladores para adaptar las normas a la realidad existente.

Ante estas contradicciones normativas, estas asociaciones piden que se establezca cuántas plantas pueden cultivar los usuarios y qué cantidad de cannabis pueden llevar consigo, como ya sucede en otros países. Para los consumidores y clubs cannábicos esto ya supondría un gran avance, pero el gran objetivo es lograr la legalización de esta droga.

Aunque Morcillo aclara que la principal razón para hacerlo tiene que ser la salud de los ciudadanos, hay que tener en cuenta los efectos que tendría sobre la economía de España esta industria con 1.200 clubs en el país, 1.200 tiendas de cultivo y empresas que facturan más de 100 millones de euros al año. De hecho, la legalización del cannabis dejaría más de 1.000 millones de euros entre impuestos y facturación de las compañías relacionadas con el sector. A ello habría que sumar el ahorro que supondría para el Estado en materia de operaciones policiales y procesos judiciales y los ingresos que le reportaría si se aceptara como alternativa terapéutica, más económica también que otros tratamientos.

Colorado es un ejemplo del beneficio económico que puede suponer para un Estado. La salida del cannabis del mercado negro en 2014 hizo que ese año los ingresos por impuestos a esta droga se elevaran a los 44 millones de dólares (38 millones de euros), a los que se sumaron 30 millones (26 millones de euros) derivados del consumo de marihuana con fines medicinales, lo que llevó al estado a declarar un día sin impuestos en septiembre de 2015.

La legalización del cannabis terapéutico también es una asignatura pendiente en España. A pesar de que está demostrado que ciertas enfermedades responden bien a estos tratamientos, hay una falta de regulación que lleva a los enfermos a tener que recurrir al mercado negro, explica Morcillo. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios solo contempla un producto derivado del cannabis, el Sativex, aprobado en 2010 para el tratamiento de la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. Aunque el producto también es eficaz para tratar las náuseas y el dolor de pacientes con cáncer o con dolor neuropático, estos usos no están financiados por la Seguridad Social, así que el usuario tiene que abonar hasta 500 euros en las farmacias. El resultado es que los pacientes recurren al consumo de la propia planta adquirida en el mercado negro. "En España, el acceso al cannabis ha sido tan sencillo que no ha habido necesidad de reivindicarse para su legalización", subraya Morcillo. Situación contraria se da en EE UU, donde la mitad de los estados ya contemplan medicamentos derivados de esta planta o incluso se recetan dosis determinadas de marihuana. 

Desde FAC piden una regulación, tanto para el uso recreativo como el terapéutico de la marihuana, similar a la de Uruguay, con una producción que parte del Estado y tres licencias (para el cultivo por particulares, para la venta en farmacias y para la pertenencia a un club), huyendo así del modelo de los coffee shops de Holanda. De esta forma se evitaría también un tipo de turismo que resultaría negativo para el país. 

Las regulaciones más avanzadas

Holanda: aunque es considerado para muchos el paraíso de la marihuana, su consumo es ilegal. Los coffee shops son los únicos lugares en los que se puede adquirir y la compra está limitada a una cantidad máxima de cinco gramos por día y persona. Además, el cultivo de cannabis está prohibido lo que lleva a estos locales a recurrir a un abastecimiento ilegal. “Son la puerta de entrada de una sustancia ilícita. Permiten su blanqueo del pago de unos impuestos”, subraya Morcillo.

Uruguay: en 2014 se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el cultivo, la venta y el consumo de marihuana. Para todo ello, el país ha establecido sistema de licencias que permite el cultivo por particulares de hasta seis plantas, la dispensación en farmacias de cannabis producido por el Estado (con un tope a las compras de 40 gramos al mes para los consumidores) y la pertenencia a clubes de membrecía para poder abastecerse de esta sustancia, donde se podrán cultivar hasta 99 plantas.

EE UU: aunque la legislación federal prohíbe el consumo, cultuvo y venta de cannabis, los Estados han incluido diferentes regulaciones respecto al uso recreativo –el uso terapéutico está permitido en la mitad de ellos. En 2014, Colorado se convirtió en el primer Estado en legalizar su posesión, uso, distribución y cultivo, aunque con unos límites. Solo se puede tener hasta 28 gramos de marihuana y adquirir siete gramos en cada compra. Un año después, Washington aprobó su propia normativa, similar a la de Colorado, aunque prohíbe a los particulares cultivar estas plantas y establece que el consumo no se podrá realizar en lugares públicos. En 2015 se legalizó también su consumo en Alaska. Los mayores de 21 años pueden poseer hasta 28 gramos de esta sustancia y cultivar hasta seis plantas, solo se puede consumir en privado y la venta es ilegal, aunque se pueden hacer intercambios privados siempre que no haya dinero de por medio. El cuarto Estado en dar el paso fue Oregon: los ciudadanos mayores de 21 años pueden tener hasta 227 gramos de marihuana en sus casas y hasta cuatro plantas, consumirla solo en zonas privadas y se mantiene ilegal la venta, aunque se prevé un cambio este año. El distrito de Columbia también ha decidido sumarse y a principios del año pasado legalizó la posesión de hasta 60 gramos de marihuana y la plantación de hasta seis plantas, aunque como los Estados antes mencionados sigue prohibiendo la venta y el consumo en público.