Concejal de Hacienda de Madrid

Sánchez Mato: “Nuestro objetivo no debe ser obtener superávit”

El concejal de Hacienda de Madrid se muestra crítico con la labor del anterior equipo de Gobierno, y defiende una auditoría integral de la deuda madrileña.

Sánchez Mato: “Nuestro objetivo no debe ser obtener superávit”

Al frente de la administración que registra un mayor superávit público se encuentra un militante de Izquierda Unida descreído del principio de estabilidad presupuestaria. Carlos Sánchez Mato (Madrid, 1970) es el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y responsable de los números en el equipo de Gobierno de Manuela Carmena. Economista de formación, vinculado a la organización Attac y miembro de movimientos en defensa de la banca pública, Sánchez Mato se opone a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que, en su opinión, “es un dislate”. Aun así, señala que Madrid seguirá manteniendo superávits fiscales y reduciendo su nivel de endeudamiento. Su departamento ha puesto en marcha una auditoría de la deuda, pero niega que se haya planteado la idea de un impago. “Hay interés en agitar estos fantasmas”, denuncia.

Pregunta. No se ofenda, pero usted parece un alumno aventajado de las tesis de Cristóbal Montoro. Madrid registró un superávit de 1.569 millones de euros en 2015.

Respuesta. El objetivo de las Administraciones Públicas no es tener superávit. Es prestar adecuadamente los servicios, que es lo que da razón a su existencia. Nosotros hemos demostrado que podemos hacer unos presupuestos diferentes a los del anterior Gobierno.

P. ¿Cómo encontraron la situación del ayuntamiento?

R. No había facturas en los cajones, pero sí pasivos ocultos, que irán saliendo a la luz en las comisiones de investigación que se celebrarán.

P. ¿A qué se refiere?

R. Por ejemplo los swaps sobre la deuda, que limitan mucho la capacidad de acción sobre la misma. Otro tipo de pasivos ocultos son contratos de arrendamiento blindados. El edificio en el que estamos [un inmueble ubicado en el centro de Madrid, en la calle Alcalá, 45] fue vendido, pero nos quedamos aquí alquilados.

P. Este tipo de operaciones (lease-back) permiten obtener liquidez.

R. Sirvió para financiar la operación Cibeles [el cambio de sede del ayuntamiento en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón], que fue un disparate. Pagamos 18.400 euros diarios de alquiler. Está completamente fuera de mercado.

P. ¿Madrid seguirá obteniendo superávits en el futuro y cumpliendo la Ley de Estabilidad?

R. Sí, mantendremos superávits sustanciosos, pero deberán destinarse a lo que los madrileños decidan, no a proyectos megalómanos que se les ocurran a unos cuantos. La Ley de Estabilidad es un verdadero dislate.

P. El saldo positivo permite acelerar la reducción de deuda pública.

R. Cogimos la deuda de Madrid en 6.000 millones y la dejaremos en 2.900 millones en el peor de los casos. Si nos dicen que debemos reducir la deuda más rápido, la pregunta es ¿para qué? En muchos barrios de Madrid hay extrema necesidad. Primero nos ocuparemos de esto y lo que sobre será para la deuda. Pero lo que sobre, no al revés.

P. ¿Plantean utilizar el margen fiscal para seguir bajando el IBI?

R. No estudiamos bajar el IBI porque tenemos necesidades que cubrir en el plan presupuestario. Por ejemplo, para hacer más de 3.600 viviendas sociales y recuperar parte de las que se enajenaron de forma vergonzosa. De hecho, creemos que el IBI podría ser una herramienta más potente y progresiva, vinculándolo con el IRPF. Pero no hay ningún interés en hacerlo.

P. ¿Pero ustedes subieron el IBI a las grandes superficies?

R. Allí sí que hay cierto margen y pudimos fijar escalones. El IBI aumentó entre el 7% y el 9%, pero afectó al 0,3% de los recibos. Así, el IBI ha bajado para el 99,7% y, con todo, recaudamos más. Esto muestra también lo mal repartida que está la carga fiscal.

P. ¿Todavía estudian la posibilidad de fijar una tasa a la banca por el uso del espacio público que realizan los cajeros automáticos?

R. Sigue en estudio y es posible que se pueda poner. Lo estamos analizando.

P. ¿Y la tasa turística?

R. También. Nuestra obligación como responsables de Hacienda es ver los flujos de ingresos en el futuro. El privilegio es que no tenemos necesidad de ingresos y podemos analizar sin urgencias. Si vemos oportuno establecer la tasa turística, se pondrá en marcha; pero de forma negociada con los sectores. Nuestro planteamiento es que si se utiliza el espacio público, hay que gravarlo.

P. ¿Cómo evoluciona el proceso de auditoría de la deuda?

R. Creamos una subdirección de Auditoría de Deuda y Políticas Públicas y la Contratación y llevamos ocho meses trabajando muy duro para desentrañar todo lo que hemos encontrado. Buscamos una auditoría integral y por eso hablamos de auditoría ciudadana.

P. ¿Es posible que se deje de pagar deuda calificada como “ilegítima”?

R. Se mezclan conceptos de forma interesada. La ilegitimidad no hace que rompamos contratos. Ahora bien, si hay una deuda ilegal, iré al juez, eso seguro.

P. ¿Han vuelto a hablar con las agencias de rating?

R. No. Es muy sencillo; no necesitamos tomar nueva deuda y, por lo tanto, no necesitamos agencias de rating.

El interés general primará en Chamartín

Al hablar de la contratación pública, el edil de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, no tiene remilgos en declarar que lo que ha ocurrido en el pasado “ha sido absolutamente dantesco”. Describe gráficamente cómo se firmaron muchos contratos con el embudo ancho para un lado y el estrecho para otro, “ya sabéis qué parte le tocó a cada uno”. Por ello, anuncia que ese tipo de cosas no van a volver a ocurrir.

A la pregunta de si se destierra con ello la colaboración público-privada, Sáchez Mato recurre de nuevo a los ejemplos. Asegura que frente al proceder de etapas anteriores, cuando se construían equipamientos que no siempre eran necesarios y se hacía mediante la cesión gratuita del suelo público para que la iniciativa privada hiciera negocio, eso no se va a repetir, “esa forma de colaboración público privada, por supuesto, que se destierra”.

En este sentido, anuncia que los nuevos contratos incluirán cláusulas medioambientales y ya no primarán sobre todos los aspectos solo el precio porque “no nos vale de nada rebajar mucho el precio de un servicio si luego el servicio no se presta bien”.

Rechaza haber recibido muchas visitas de empresarios del Ibex 35 interesándose por sus negocios y anuncia: “habrá Operación Chamartín, porque la zona norte necesita un desarrollo como ése”. Sin embargo, reconoce que el plan previsto se está revisando y previsiblemente se aplicarán otros parámetros. “Primero se primará el interés general, luego, el interés general y después, el interés general, una administración pública no puede hacer otra cosa”, enfatiza. De hecho, pone como ejemplo la negociación emprendida con el Grupo Wanda para remodelar el Edificio España. “Creo que tampoco estamos planteando cosas más que rigor, trabajo e intentar conseguir un acuerdo y si se puede conseguir, perfecto”, añade. Puntualiza que siempre ha habido interés por que la inversión venga, “pero con seguridad jurídica”.