Gestión

Las autonomías revierten la privatización sanitaria

Valencia, Cataluña y Madrid dan pasos para rescindir concesiones y conciertos con los hospitales privados

Las autonomías revierten la privatización sanitaria

Es casi imposible dejar a un lado la ideología cuando ha vuelto a estar en los despachos de los nuevos Ejecutivos autonómicos (la mayoría de izquierdas) el espinoso tema de la privatización o externalización de la sanidad pública. Pero al igual que con el copago sanitario, algunas comunidades autónomas, incluso las conservadoras, están dando (mejor dicho, intentando dar) marcha atrás para revertir las privatizaciones, concesiones o conciertos, que se produjeron en los últimos años, unas por ideología y otras por el coste político que le supone a los Gobiernos.

En sobrados casos “hay mucho ruido y pocas nueces”, como asegura Ángela Hernández, presidenta de hospitales del sindicato médico Amyts, porque bastantes concesiones hechas a grupos privados son a muchos años vista, como es el caso de Madrid, donde alcanzan hasta los 30 años, y “la factura sería inasumible”; pero los Gobiernos parece que han tomado nota ante la presión de las mareas blancas de la profesión sanitaria y el rechazo de muchos pacientes a ser tratados en centros privados.

  • El caso de Valencia

En Valencia se están dando pasos para recuperar el sistema sanitario público. Tras crear una dirección general para controlar todo lo referente a las concesiones, la consejera de Sanidad, Carmen Montón, desvelaba hace unos días que, “si todo va bien”, los departamentos de Denia y La Ribera, más conocidos como el modelo Alzira (pionero en la gestión privada), serán revertidos a lo público “antes de que acabe la legislatura”.

De momento, ya se han reunido con el consejero delegado del grupo DKV, Josep SantaCreu, con el objetivo de hacerse con las acciones que mantiene (el 65%) en Marina Salud, la empresa concesionaria de la gestión del Hospital de Denia, cuyo contrato acaba en 2024. En DKV aseguran que les gustaría continuar porque creen en este modelo de colaboración, pero que, aun así, “no quieren conflictos” y ya han iniciado conversaciones con su socio de la concesión, Ribera Salud. Uno de los inconvenientes para que llegue a término es que Ribera Salud cuenta con el derecho de tanteo, que le permitiría acceder también a la oferta del Ejecutivo valenciano, aunque según dicen en la compañía todo está “en una fase muy embrionaria”.

Otro de los escollos que han destacado en DKV es la escasa capacidad económica del Gobierno valenciano, que ya tiene una deuda importante con las concesiones vigentes. Alzira es un caso distinto. Porque la concesión del hospital La Ribera acaba en 2018, lo que “solo supondría un no a la prórroga del contrato”, señalan en Ribera Salud, que cuenta con cuatro concesiones en la Comunidad Valenciana y otra en Madrid, en el Laboratorio Clínico Central, donde participa con el 45%.

Una de las últimas iniciativas de la región ha sido la aprobación de una proposición no de ley que solicita al Gobierno que recupere la gestión directa de las resonancias magnéticas, actualmente gestionadas por una UTE, integrada por Ribera Salud, Eresa, Inscanner y Beanaca, y que finaliza en 2018.

  • Cambio de paso en Cataluña

Cataluña está siendo una de las más drásticas en la reversión, según dicen en el sindicato de trabajadores de la sanidad Mats, para expulsar del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (Siscat) a los hospitales privados, gestionados con ánimo de lucro, tal como desvelaba la consejería nada más llegar al Gobierno.

Desde febrero, tanto el Hospital General de Cataluña como la Clínica del Vallès –del grupo Quirón– no pueden realizar actividad sanitaria pública, al tener ánimo de lucro. Estos recibían pacientes derivados de otros centros públicos, como el Parc Taulí de Sabadell, para intervenciones quirúrgicas y hospitalizaciones. Otros hospitales en el punto de mira son el Sagrado Corazón, que tiene un convenio a largo plazo, y la Clínica Girona.

En Navarra y Madrid, ¿ahorro o resistencia a la externalización?

En Madrid y Navarra no está claro si es una cuestión de principios o simplemente de ahorro. El Servicio Navarro de Salud no ha prorrogado el contrato que tenía con la Clínica Universitaria de Navarra y que proporcionaba asistencia sanitaria a los empleados de la Universidad de Navarra y sus familiares, más de 7.000 personas. El convenio suponía un gasto de más de 6,3 millones de euros y el ahorro estimado por el Departamento de Salud por la asistencia de los pacientes en el Servicio Navarro de Salud desde el próximo 1 de mayo asciende a unos dos millones de euros, que serán destinados a reforzar la atención primaria, a programas para la reducción de las listas de espera y a reforzar programas y planes de detección precoz del cáncer.

Madrid también ha acabado con el convenio que tenía con la Asociación de la Prensa, por el que los periodistas podían elegir entre ser atendidos en los centros públicos o privados. El convenio, que finalizó en diciembre, suponía un coste de más de 8,6 millones de euros. Esta comunidad también ha integrado en el Servicio Madrileño de Salud los seis hospitales (Infanta Cristina, Infanta Sofía, el Hospital del Sureste y el del Henares, el Infanta Leonor y el del Tajo) cuya gestión iba a ser externalizada. Las empresas públicas que había detrás han sido extinguidas y los centros serán gestionados de forma directa por el Sermas, aunque dice Hernández que “lo no sanitario sigue siendo de gestión privada”. La idea es seguir el modelo del Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda.