El Gobierno relaja el objetivo de déficit a las autonomías
Hacienda permitirá un déficit a las comunidades del 0,7% del PIB frente al 0,3% previsto El límite para la Seguridad Social queda fijado en el 1,1% en lugar del 0,3%
El ministerio de Hacienda ofrecerá a las comunidades autónomas un objetivo de déficit más asequible este año. El límite pasa del 0,3% al 0,7% del PIB, lo que supone un margen adicional de 4.500 millones. El objetivo de la Seguridad Social se amplía y queda fijado en el 1,1% del PIB frente al 0,3%. La Administración central se impone un límite más severo y los ayuntamientos no verán modificado su objetivo de estabilidad del 0%.
El Programa de Estabilidad que el Gobierno presentará a Bruselas este mes incorpora una senda de consolidación fiscal más realista. Hasta ahora, España debía reducir su déficit del 5% registrado en 2015 al 2,8%. Un límite muy exigente que en el nuevo plan se amplía hasta el 3,6%, ocho décimas más. Hacienda ya ha decido, con el acuerdo ayer de la Comisión General de Secretarios de Estado, cómo repartir ese margen por cada nivel administrativo.
El objetivo de déficit autonómico se suaviza y queda fijado en el 0,7% este año frente al 0,3% previsto hasta ahora. Es decir, las autonomías podrán registrar un desfase de 7.848 millones en lugar de los 3.363 millones de la anterior senda fiscal. Supone un margen adicional de casi 4.500 millones que el Gobierno trasladará el próximo jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Aun así, fuentes del Gobierno no esperan que esta medida acabe con la tensión política y dan por descontado que buena parte de las comunidades no se contentarán.
A pesar del incremento del margen fiscal, el Gobierno exigirá a las comunidades que incumplieron el objetivo -todas menos Galicia, Canarias y País Vasco– la presentación de un plan económico financiero. El Ejecutivo, tras recibir el aviso de la Comisión Europea, puso en marcha las medidas coercitivas que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y exigió a doce comunidades el pasado 6 de abril la adopción en quince días de un acuerdo de no disponibilidad. Hacienda no será severa en el cumplimiento de los plazos, pero ya ha fijado un calendario de reuniones bilaterales para analizar el caso de cada comunidad en concreto y determinar en qué partidas se pueden generar ahorros.
Fuentes del Gobierno recuerdan que las comunidades recibirán 7.500 millones adicionales del modelo de financiación, lo que unido a las facilidades financieras del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)deberían posibilitar el cumplimiento del nuevo objetivo del 0,7%, que coincide con el del año anterior.
Aun así, el mayor margen fiscal se ha concedido a la Seguridad Social. El organismo encargado de abonar las pensiones debía reducir su déficit público del 1,26% del PIB registrado en 2015al 0,3%. Hacienda, ahora, fija el límite en el 1,1%, lo que implica un margen adicional de casi 9.000 millones de euros. Esta medida refleja que la Seguridad Social es, hoy por hoy, el eslabón administrativo que presenta una peor situación. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) alerta de forma recurrente en sus informes de que la Seguridad Social sufre un déficit crónico. En este sentido, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha mostrado favorable a convocar el Pacto de Toledo para abordar una nueva financiación del sistema.
Parte del mayor margen de la Seguridad Social será asumido por la Administración central, cuyo objetivo de déficit público se endurece y pasa del 2,2% al 1,8% del PIB. Los ayuntamientos mantienen su obligación de cerrar en equilibrio presupuestario, aunque Hacienda espera que nuevamente logren un superávit que permita compensar posibles desvíos.
El Ejecutivo remitirá la nueva senda y el Programa de Estabilidad a la Autoridad Fiscal, que el lunes denunció que no pudo evaluar el plan dentro los plazos previstos. Fuentes de Hacienda reconocen este hecho, pero recuerdan la situación excepcional en la que se encuentra el actual Gobierno.