Un juez anula de forma cautelar el nombramiento de Lula como ministro
Un juez de Brasilia anuló hoy de forma cautelar el nombramiento del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia del gabinete de su sucesora, Dilma Rousseff, informaron fuentes judiciales. La decisión judicial, adoptada por el magistrado Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, anula así el acto en el que Lula prestó juramento hoy ante Rousseff hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el caso.
En su decisión, el magistrado sugiere que Rousseff podría haber cometido un delito y argumenta que, si Lula asume el cargo de ministro, tendrá poder para realizar una “intervención indebida y odiosa” en la policía, la fiscalía y el poder judicial. La decisión del juez responde a una demanda de los partidos de la oposición, que fundamentaron su petición en las causas abiertas por la justicia contra Lula, investigado en diversos procesos y acusado formalmente de los delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
En su resolución, el juez también señala que Rousseff podría haber incurrido en un delito de “responsabilidad” al nombrar a Lula, puesto que la ley impide al presidente de la República cometer actos contra “la probidad” de la administración pública. Los delitos de “responsabilidad” son uno de los motivos por los que la Constitución permite realizar un juicio político con el objetivo de destituir el jefe del Estado. En este sentido, el juez ordena que se informe de los hechos a la Procuraduría General del Estado y al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, autoridad competente para impulsar los juicios políticos.
La Cámara de Diputados decidió reanudar hoy mismo el trámite de un posible juicio político a Rousseff, tras conocerse ayer miércoles unas grabaciones comprometedoras de conversaciones entre la presidenta y Lula. Las grabaciones hechas con orden judicial generan la sospecha de que de Rousseff designó a Lula ministro para demorar el proceso judicial contra el expresidente.
El Tribunal Supremo repudia la "grave ofensa" de Lula a la Justicia
El decano del Tribunal Supremo de Brasil, Celso de Mello, repudió hoy la “grave ofensa” que profirió el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva contra el Poder Judicial en una conversación telefónica grabada por la policía por orden de un magistrado. El polémico audio, de una conversación entre Lula y la presidenta Dilma Rousseff, fue divulgado por el juez federal Sergio Moro, responsable de las investigaciones del caso de corrupción que tiene en su centro en la petrolera estatal Petrobras.
“Nosotros tenemos una suprema corte totalmente acobardada, un Superior Tribunal de Justicia totalmente acobardado, un presidente de la Cámara de Diputados jodido, un presidente del Senado jodido y no sé cuántos parlamentarios amenazados”, le dice Lula a Rousseff en el audio divulgado por el juez Moro. El decano del Supremo dijo que esas palabras son una “grosera e injusta calificación” que “ofendió gravemente la dignidad del poder judiciario”.
“Es un insulto al Poder Judicial inaceptable. Manifiesto mi más absoluta repulsa”, dijo Celso de Mello ante sus colegas del Supremo, en una reunión plenaria abierta y difundida por televisión. De Mello dijo que la manifestación de Lula es “torpe e indigna, típica de mentes arrogantes y autoritarias”, de personas que tienen “recelo” de la “actuación firme de jueces libres e independientes”.
En su pronunciamiento, el decano también hizo un alegato a favor de la independencia de los jueces y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. “La República no admite privilegios”, dijo el juez, antes de afirmar que los culpables por los casos de corrupción “serán castigados en su justa medida”.
La orden de grabar a Lula y después divulgar las grabaciones ha sido duramente criticada por el Gobierno brasileño y por Rousseff, que anunció que tomará medidas legales contra esos actos que considera “ilegales”. En cambio, la Asociación de Jueces Federales de Brasil (AJUFE) arropó al juez Moro y rechazó las “intimidaciones” y las “tentativas temerarias de injerencia en las decisiones judiciales”.