Banca y fondos fuerzan a otros acreedores a participar en el rescate de Abengoa
La primera línea de rescatadores de Abengoa tiene la piedra de bóveda del salvamento. Pero los bonistas y los bancos del G7 –Santander, Bankia, CaixaBank, Popular, Sabadell, HSBC y CréditAgricole– representan menos del 40% del pasivo financiero. Necesitan la luz verde del 75% el 28 de marzo, y se incentivará la firma del acuerdo con preferencia en el cobro.
En España, el que resiste, gana; y Abengoa está demostrando una resistiencia fuera de toda duda. Después de más de tres meses de tormento, los pilotos de la negociación entre el grupo de ingeniería y los acreedores tienen un borrador que servirá de base para que se adhieran el resto de bancos, proveedores y otras entidades en los próximos días, como publicó CincoDías el pasado sábado 5 de marzo.
Las bonistas agrupados en torno a Houlihan Lokey y que controlan más de 1.500 millones en deuda cotizada están dispuestos a poner los 1.200 millones de euros de liquidez nueva que necesita para este y para el próximo ejercicio, y que gozará de blindaje a la hora de cobrar en caso de que las situación se tuerza.
En el cash nuevo se incluyen los alrededor de 110 millones que deberán aportar los bonistas, previsiblemente la próxima semana, y que contarán con el respaldo de la acciones de Atlantica Yield, después de que los bancos del G7 hayan accedido a compartir el 25,5% que tienen en prenda. Los fondos representados por Lokey abren la puerta a lograr ellos mismos los avales de 800 millones.
Las gestoras aliadas, entre las que están BlackRock, Invesco, Värde y Centerbridge, tendrán una doble recompensa. Primera, se quedarán de entrada con el 55% del capital y, segunda, cobrarán por el dinero nuevo un tipo efectivo del 18%. A este primer grupo de rescatadores están invitados todos los acreedores financieros. Los que opten por no inyectar más efectivo, como ocurrirá con la mayoría de los bancos, se conformarán con el 35%, aunque podrán lograr un 40% en caso de que pongan encima del tapete parte de los avales.
El acuerdo entre estos acreedores será comunicado a la CNMV una vez que estén cerrados todos los flecos, previsiblemente a inicios de la próxima semana, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Ahora les toca convencer al resto de los dueños de la deuda financiera, que asciende a 9.400 millones de euros las bondades de adherirse al pacto.
Necesitan llevar al juez antes del 28 de marzo dueños que representen al menos el 75% del pasivo bancario. Los bancos del G7 –Santander, Bankia, CaixaBank, Popular, Sabadell, HSBC y Crédit Agricole– controlan menos del 25% del total. Los 1.500 millones de los fondos con deuda cotizada suponen alrededor del 16%. Yhay más de 200 entidades con deudas diseminadas por todo el planeta. Muchas de ellas con importes significativos, de entre 200 y 450 millones, como Bankinter, el sudafricano Nedbank, el francés Natixis, Citi, el japonés Sumitomo Mitsui, el brasileño BTG Pascual y la entidad con sede en Dubai (Emiratos Árabes) Mashreq.
También están bancos públicos como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que tiene una exposición de cerca de 140 millones, y agencias de crédito para la exportación, como la española Cesce (210 millones) o su homóloga sueca EKN, con más de 600 millones de euros.
El pacto incentiva que todo el mundo participe de una manera u otra en la operación de salvamento. En la deuda antigua, gozarán de prioridad en el orden de prelación solo los acreedores que aporten dinero nuevo o avales. Previsiblemente, KPMG deberá realizar una ecuación de canje para determinar qué porcentaje de deuda antigua se convierte en prioritaria por cada aportación nueva. Los que no lo hagan quedarán relegados al último puesto a la hora de recuperar el dinero si hay problemas.
La metamorfosis en acciones de unos 6.000 de los 9.400 millones de deuda corporativa total es parte del pacto, e implicará diluir a Inversión Corporativa, ahora con el 51% de los derechos de voto, aunque con menos del 19% de las acciones, hasta el 2,5%. La reestructuración eliminará la estructura dual de acciones, divididas en A y en B. Los 3.000 millones que quedarán como deuda antigua no sufrirán quitas. El pasivo financiero de la nueva empresa superará los 4.000 millones, tras sumar la nueva aportación.
Qué ocurre con los minoritarios y los proveedores
Los actuales accionistas de Abengoa se repartirán, en un primer momento, un 5% del capital de la nueva empresa, lo que supone laminar la participación de Inversión Corporativa –que controla un 51% de los derechos de voto– a un entorno del 2,5%. Mientras que el resto de minoritarios, unos 50.000 pequeños inversores, tendrán el otro 2,5%.
La hoja de ruta contempla que este 5% se amplíe hasta el 10% si la empresa abona toda la deuda contraída con bancos y bonistas, unos 4.200 millones. De esta cifra, los 1.200 millones que aportarán de liquidez los bonistas liderados por Houlihan Lokey será a un tipo del 18% –un 5% anual, más un 4% sobre el total de la cuantía en la apertura de la línea de crédito y un 9% a su vencimiento–. Una tasa que también tendrá la línea de liquidez de emergencia para cubrir las necesidades de la empresa hasta finales de marzo de unos 110 millones, que la empresa prevé firmar con los bonistas la semana que viene también. Así como la renovación de la liquidez de 140 millones que TPI concedió a Abengoa.
Otras de las líneas de financiación que renovará el grupo serán las concedidas por los bancos del G7, los 125 millones que inyectó en septiembre y los 106 millones de diciembre que sirvieron para abonar la nómina y la extra de Navidad de su plantilla. En este caso, las negociaciones apuntan a una renovación a dos años con un interés anual del 5% más el euríbor, así como el mantenimiento de los avales de Atlantica Yield, que compartirán a partir de ahora con los bonistas.
La otra pata para alcanzar un acuerdo de reestructuración de Abengoa son los proveedores. Con ellos el grupo sevillano está negociando quitas de entre el 50% y el 60% y aplazamiento de los pagos.
