Hacienda exigirá más ajustes a Cataluña para reducir el déficit público

La Generalitat cerró 2015 con un déficit en torno al 3% del PIB frente al límite del 0,7%

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente y consejero de Economía, Oriol Junqueras, en el Palacio de la Generalitat.EFE

El nuevo Gobierno de Carles Puigdemont ya ha manifestado su intención de aprobar para este año un Presupuesto “expansivo”. Una decisión que choca con Hacienda, que exigirá a la Generalitat nuevos esfuerzos para que Cataluña reduzca su abultado déficit público. De hecho, el Gobierno catalán deberá presentar un plan de ajuste cuando en marzo se confirme de forma oficial que en 2015 rebasó el objetivo de estabilidad.

Oriol Junqueras se ha convertido en el hombre fuerte del Ejecutivo catalán de Carles Puigdemont. Ocupará el cargo de vicepresidente y será el titular de la cartera de Economía en sustitución a Andreu Mas-Colell. Su primera misión será sacar adelante unos nuevos Presupuestos para 2016 y deberá negociar las nuevas cuentas con la CUP para pasar el trámite parlamentario. Hasta que ello no ocurra, se mantiene en vigor la prórroga de los Presupuestos de 2015. La formación anticapitalista exige un incremento notable del gasto social y el presidente del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, defiende también la aprobación de unas cuentas expansivas. Según el calendario soberanista, éstos deberían ser los últimos presupuestos autonómicos antes de la creación del Estado catalán.

Las posibilidades de que Cataluña aborde un aumento del gasto público en el corto plazo son prácticamente nulas y el Ministerio de Hacienda, que actualmente sustenta financieramente a la Generalitat, exigirá nuevos ajustes. Cataluña incumplió en 2015 el objetivo de déficit público, aunque todavía no se conoce la cifra exacta. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estimó que el desfase se situó en torno al 2,9% del PIB. Desde ese nivel, los números rojos deberían reducirse este año hasta el umbral del 0,3% del PIB. Ello implica un esfuerzo equivalente al 2,6% del PIB. El ajuste se reduce hasta el 2% si se tiene en cuenta que Eurostat obligó a elevar el déficit catalán de 2015 en 1.300 millones por inversiones público-privadas realizadas en el pasado y que suponen una operación puntual que no se repetirá en 2016.

Cataluña recibirá más recursos del sistema de financiación, pero no tendrá margen para elevar el gasto público

Un ajuste de 1.500 millones

El Gobierno catalán defiende que sí tiene margen de maniobra porque el próximo ejercicio aumentarán significativamente los recursos del sistema de financiación por la mejora de los ingresos por la liquidación positiva de 2014. Es cierto. Sin embargo, según la Airef, “ello permite cubrir un 0,9% de dicho ajuste”. Es decir, sin hacer nada, y teniendo en cuenta el incremento de ingresos del modelo de financiación, Cataluña parte con un déficit previsto del 1,1%, que debería reducir al 0,3%. Implica un ajuste de unos 1.500 millones.

Así, las posibilidades de explorar medidas sociales ambiciosas, como exige la CUP, chocan contra la realidad. De hecho, el 31 de marzo se confirmará de forma oficial que Cataluña incumplió el objetivo de déficit de 2015. Ello obligará al Ejecutivo de Carles Puigdemont a aprobar y presentar un plan económico-financiero (PEF), en el que deberá incluir medidas de ajuste. Así, la confección de los “últimos y expansivos” Presupuestos autonómicos coincidirán en el tiempo con la elaboración del plan de ajuste que exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta normativa contempla que Hacienda puede sancionar y hasta intervenir una autonomía que incumple el déficit y no aplica medidas para corregirlo.

A lo largo del día de hoy, está previsto que Hacienda publique el informe de seguimiento del plan económico-financiero en vigor y que Cataluña tuvo que presentar por incumplir el déficit de 2014. En ese informe, el departamento de Cristóbal Montoro alertará del desvío y reclamará aplicar medidas de ajuste.

Para acercarse al objetivo de déficit del 0,3% del PIB de este año –cumplir es inviable– Cataluña debería recortar el gasto o subir la recaudación. Como repitió Andreu Mas-Colell, las posibilidades de reducir las partidas presupuestarias son limitadas tras los tijeretazos aplicados en el pasado. Tampoco existe prácticamente margen para elevar los impuestos. Cataluña es la comunidad con un IRPF más alto y los catalanes también pagan por encima de la media en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y sobre actos jurídicos documentados, en el impuesto sobre el patrimonio o en los tributos que gravan las sucesiones y los hidrocarburos.

En una entrevista a TV3 el pasado jueves, Puigdemont aseguró que prevén ahorros en el capítulo de intereses de la deuda. Si bien esta partida se reducirá, supondrá un colchón insuficiente para sustentar subidas del gasto público. Cataluña puede priorizar las medidas sociales recortando en otras áreas, pero no incrementado el presupuesto total. Las cuentas que apruebe la Generalitat deben contemplar una reducción del déficit público al mencionado 0,3% del PIB.

Es cierto que el papel lo aguanta todo y cuadrar las cuentas en una hoja de excel resulta relativamente fácil. Un recurso típico y muy utilizado por las autonomías es sobreestimar los ingresos. Por ejemplo, en las cuentas de 2015, las comunidades presupuestaron 1.340 millones por la venta de inmuebles y terrenos. Y los últimos datos de ejecución publicados reflejan que, hasta octubre, solo habían logrado 83 millones. Esa abismal diferencia entre la previsión y la realidad se repite cada año.

Las cuentas catalanas siguen intervenidas

Nada ha cambiado. Fuentes de Hacienda señalan que la formación del nuevo Gobierno en Cataluña no supone ninguna modificación respecto al cumplimiento de las exigencias impuestas por el Ejecutivo central para acceder a los mecanismos extraordinarios de liquidez.

El pasado mes de noviembre, el Gobierno de Mariano Rajoy acordó el reparto del remanente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), sin embargo, estableció condiciones adicionales para Cataluña. Obligó a la Generalitat a conectarse telemáticamente con el portal FACe, que es el servicio estatal de entrada de facturas electrónicas. Además, exigió que el interventor de la Generalitat emitiera un certificado mensual de la ejecución de todo el Presupuesto, dejando constancia de que los gastos no contravienen los ordenamientos jurídicos. El Ministerio de Hacienda defendió que todas esas medidas tenían como objetivo verificar que la Generalitat utilizaba el dinero del FLA para abonar facturas de servicios básicos.

El anterior Gobierno catalán cumplió las condiciones y recibió 3.000 millones de los 7.000 millones del remanente del FLA. Aun así, recurrió la condicionalidad impuesta ante el Supremo. El Gobierno de Carles Puigdemont denuncia que parte de los impuestos que abonan los catalanes regresan a la comunidad en forma de préstamo. Hoy, el único banco que presta dinero a la Generalitat a tipos de interés asumibles se llama Ministerio de Hacienda. Aun así, todavía no se han producido contactos entre el equipo económico de Oriol Junqueras y el departamento de Cristóbal Montoro.