El consorcio sigue sin cobrar sus reclamaciones pese a los fallos del DAB

Sacyr encara un fin de obra con tensión financiera en el Canal

Se esperan nuevas resoluciones del ente mediador a partir de febrero

El Gobierno panameño prevé la apertura del tercer juego de esclusas en mayo

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, durante su intervención el sábado ante la Asamblea Nacional.  EFE
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, durante su intervención el sábado ante la Asamblea Nacional. / EFE

El tercer juego de esclusas del Canal de Panamá debe aún superar un fuerte escollo antes de su apertura entre abril y mayo de este año: una nueva escalada de tensión entre las constructoras y la administradora de la infraestructura, la ACP. El conflicto, que ya afloró con fuerza en las Navidades de 2013 a 2014, se ha mantenido larvado y amenaza con entorpecer la conclusión del proyecto pese a la llamada al entendimiento lanzada el sábado por el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, en su informe a la nación ante la Asamblea Nacional. El conflicto tiene que ver con el impago de las reclamaciones que están ganando las constructoras ante la Junta de Resolución de Disputas (DAB por sus siglas en inglés).

El mandatario insiste en que la inauguración debe producirse a mucho tardar en mayo y pide colaboración entre la ACP y el consorcio GUPC, liderado por Sacyr, para la conclusión de uno de los mayores proyectos de ingeniería del mundo. El Canal de Panamá elevará en un 40% la capacidad de tránsito de mercancías entre el Atlántico y el Pacífico al abrirse a buques de mayor volumen. Varela pidió a las constructoras que dejen “los reclamos legales en manos de las instancias competentes”, y eviten las “diferencias mediáticas” con las autoridades. Antes, fue el Administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, quien lanzó un torpedo a GUPC al afirmar que el grupo “infla” los precios de sus reclamaciones respecto a los cálculos de la ACP y del propio DAB.

Sacyr y demás integrantes del consorcio GUPC tienen el proyecto al 95% de su ejecución, pese a reconocer fuertes tensiones financieras, y no falta quien ve en riesgo los últimos remates de la obra si la ACP no comienza a afrontar los sobrecostes que las empresas logran justificar ante el DAB. La obra fue adjudicada en 2009 por 3.200 millones de dólares y hay otro tanto bajo reclamación.

Nuevas sentencias

Los últimos fallos del ente mediador, del 31 de diciembre, dan la razón a las empresas en dos demandas relacionadas con asuntos laborales que escapan del control del consorcio: vacaciones adicionales para el personal otorgadas a nivel nacional, disturbios producidos en 2012 y una huelga general entre abril y mayo de 2014. Es solo un ejemplo donde la factura adicional para la ACP es de 17,5 millones de dólares, cinco veces más de lo que esta estimó. Tras el fallo del DAB el pago debería hacerse efectivo independientemente de que se recurra ante la última instancia contemplada por el contrato, la corte internacional de arbitraje de Miami. En febrero y abril se esperan nuevas resoluciones del DAB.

“Hemos ganado reclamaciones por sobrecostes ocasionados hace cinco años y que hemos financiado las empresas, mientras la ACP contraviene el contrato negándose a pagar incluso tras los fallos del DAB”, explican desde el frente de constructoras, “existe una batalla de facto entre cliente y proveedor, lo que dificultará el final del proyecto si la ACP se niega a colaborar”.

El consorcio GUPC, liderado por Sacyr, reclama 3.200 millones de dólares en sobrecostes

El equipo que forman Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y Cusa acomete en estos momentos trabajos para el reforzamiento de los pies de las compuertas tras apreciarse filtraciones durante el llenado de las nuevas esclusas. Una vez resuelto el problema se prevé de nuevo la entrada de agua y el arranque de las pruebas, fase que debería lanzarse durante este mes de enero.

El DAB ya ha dictado cinco resoluciones a favor de GUPC, la mayor de ellas el 31 de diciembre de 2014 por un importe de 234 millones de dólares. Una cantidad que GUPC asegura no haber cobrado.

La ACP y sus contratistas han tenido tres instancias para resolver sus disensiones sobre la obra: la negociación entre ambas partes, el DAB y el arbitraje en Miami. La parte panameña está llegando con recursos ante el tribunal estadounidense, donde se acumulan serios retrasos. El pasado mes de diciembre estaba fijada una vista que ha sido aplazada hasta julio ante la presentación de nuevas evidencias por parte de la ACP en lo que ha sido visto por las constructoras como un nueva maniobra de dilación para no pagar.

“Compromiso” frente a las dificultades de cobro

La batalla dialéctica entre la ACP y GUPC vuelve a subir en intensidad. Donde la parte panameña habla de empresas que buscan su lucro a través de modificados, las constructoras destacan su compromiso con la finalización del proyecto.

“Como refleja el contrato, es responsabilidad de la ACP tomar las decisiones de buena fe tendientes a resolver cualquier situación que se presente. Pero la dilación en la toma de decisiones termina impactando económicamente al consorcio”, explicó el sábado GUPC en un comunicado tras conocerse los últimos veredictos del DAB.

Las dificultades de cobro están a la orden del día. El último ejemplo es el de la instalación del sistema informático que gestiona el tercer juego de esclusas. A la ACP no le vale con los test virtuales y no pagará los 15 millones que cuesta hasta que compruebe su funcionamiento con tráfico real.