Madrid rescinde los contratos con S&P y Fitch
El Ayuntamiento de Madrid no renovará los contratos que mantenía hasta ahora con las agencias de calificación Standard & Poor's y Fitch, que vencen mañana, alegando que no tiene intención de emitir más deuda y que, por tanto, puede prescindir del gasto que conllevan dichos contratos, más de 100.000 euros en 2015.
Según ha informado en un comunicado, el equipo de Gobierno de Manuela Carmena mantiene como eje fundamental financiar las políticas públicas de gasto con recursos propios sin necesidad de contraer nuevos créditos.
Con esta decisión de no renovar los contratos, el Ayuntamiento incide en su intención de reducir el gasto en partidas “que no benefician directamente a la ciudadanía”, para concentrar el esfuerzo en el gasto social y la inversión en los distritos.
Los contratos con ambas agencias comenzaron en 2002, y desde entonces el gasto para el Ayuntamiento ha sido de más de un millón de euros; y sólo en 2015 han supuesto un desembolso de más de 100.000 euros: Fitch 50.469,12 euros y Standard & Poor's, 56.481,55 euros.
Argumenta el Ayuntamiento que las calificaciones de agencias privadas “son, por lo general, un requisito a la hora de recibir créditos y, en ocasiones, para negociar las condiciones de pago de los mismos”, algo que no hará falta, dice, porque el actual Gobierno municipal “no tiene intención de contraer más créditos, más allá de la cuantiosa deuda que recibió”.
Y añade que el margen para negociar el pago de intereses y devolución de crédito es muy limitado con las condiciones impuestas.
El pago de la deuda, que hasta ahora suponía un 27% del presupuesto (1 de cada 4 euros se iban a deuda en 2015) ronda el 15% en 2016; el Ayuntamiento asegura que se respetan las obligaciones contraídas “pero se da prioridad a la inversión social frente a una amortización anticipada, que no revierte en beneficios para la ciudadanía”.
“Para el Gobierno municipal es fundamental el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas públicas con todos los grupos municipales, organismos públicos europeos y estatales, y con la propia ciudadanía; rendición de cuentas que no tiene que pasar necesariamente por el pago a entidades privadas encargadas de emitir valoraciones objetivas y neutrales”, concluye.