Puerto Rico entra en impago
Puerto Rico anunció este miércoles el impago de 37 millones de dólares en vencimientos de deuda que caducan a principios de enero por falta de liquidez, medida que permitirá atender a proveedores del Gobierno y prestar servicios a la población.
“No vamos a hacer los pagos. No tenemos los recursos disponibles”, señaló en tono solemne el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en una conferencia de prensa en la que hizo público algo que se intuía desde hace semanas, aunque la incógnita era conocer la magnitud del impago.
García Padilla, quien hace cerca de quince días anunció que no se presentará a la reelección para centrarse en el pago de una deuda de 72.000 millones de dólares de la isla, hizo público que se dejarán de atender vencimientos por 37 millones de dólares, una pequeña cantidad si se compara con los más de 900 millones que vencen en enero.
La isla, que es un Estado Libre Asociado de EE.UU., no cumplirá con el pago de 35,9 millones en bonos de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (PRIFA, por sus siglas en inglés), así como tampoco con 1,4 millones de dólares más en bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés).
El jefe del Ejecutivo dejó claro que sí se atenderá el vencimiento de 329 millones de dólares que cumplen a principios de enero de obligaciones generales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, garantizadas por la Constitución local.
Matizó que hubo que decidir entre qué pagar y qué no, por lo que quedaron asegurados esos 329 millones de dólares para evitar incumplir el mandato constitucional que garantiza su cobertura.
El impago responde a una crónica anunciada desde hace semanas a través de mensajes lanzados por altos funcionarios a los acreedores, en los que se dejaba claro que no había dinero para cumplir con los vencimientos de deuda y, a la vez, prestar los servicios esenciales a los ciudadanos.
“Estas decisiones que he tomado son para proteger a los puertorriqueños de las consecuencias de un impago general”, dijo, para dar a entender que la medida permitirá la prestación de servicios esenciales, aunque se saldarán otros vencimientos para evitar el abismo que supondrían las reclamaciones judiciales.
Dijo que ese impago permitirá, por ejemplo, abonar los reintegros de las declaraciones de la renta a los ciudadanos, aún sin saldarse cuando se acerca ya la del próximo año o intentar ponerse al día con los proveedores del Gobierno, a los que se adeudan más de 300 millones de dólares.
García Padilla, que hace semanas justificó no concurrir a la reelección por, entre otras razones, el castigo en términos políticos que sufrirá por las medidas a tomar en la gestión del pago de la deuda, se enfrenta a la presión ejercida por los acreedores que exigen el pago íntegro de la deuda y la necesidad de prestar servicios básicos a la población.
Además del retraso en el pago del reintegro de las declaraciones de la renta a los ciudadanos con derecho a devolución, en las últimas semanas el Gobierno tuvo que hacer malabarismo financiero para abonar la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios.
El retraso estuvo a punto de provocar protestas entre los agentes de Policía que veían cómo se echaba encima la Navidad y no llegaba la paga extraordinaria, situación repetida entre maestros y personal sanitario.
“No estaríamos en esta conferencia de prensa, dando esta noticia, si el Congreso -de Estados Unidos- hubiese actuado”, dijo el jefe del Ejecutivo, tras señalar que los legisladores estadounidenses deben ahora acordarse de quienes les dijeron que Puerto Rico cumpliría con todos sus compromisos de deuda.
García Padilla volvió a pedir al Congreso en Washington que le dé mecanismos al Estado Libre Asociado para que pueda solucionar el asunto de la asfixiante deuda.
El Gobierno puertorriqueño lleva meses presionando con continuos viajes del propio García Padilla a Washington para que el Congreso permita que la isla se pueda acoger al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, lo que permitiría reestructurar su deuda de forma ordenada.
La presión no ha surtido efecto y la mayoría republicana en el Congreso ha bloqueado cualquier iniciativa legislativa en esa línea, ante la desesperación de San Juan.
Puerto Rico no ha podido acogerse a la Ley federal de Quiebras ya que dicha norma no considera a la isla como un estado más de EE.UU. y, adicionalmente, la Justicia federal ha visto inconstitucional una norma que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.