El sector de la justicia, poco acostumbrado a cambios bruscos

De la lucha contra las tasas a la jurisdicción voluntaria

Estas reformas ya están afectando al día a día de los profesionales

Los profesionales del sector legal extraen luces y sombras

De la lucha contra las tasas a la jurisdicción voluntaria

La X legislatura de la democracia ha sido legislativamente prolífica: 245 leyes han visto la luz en este periodo de sesiones. También ha sido la legislatura de las nuevas competencias para los profesionales del Derecho. Así, los procuradores han conseguido, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, reforzar sus facultades como colaboradores de la administración de justicia y sus competencias en actos de certificación. A los registradores mercantiles se les atribuyen nuevas funciones en Derecho societario, como son la convocatoria de junta general, la conciliación registral o actuaciones de auditoría. Los notarios, por su parte, han adquirido competencias –en virtud de la Ley de Jurisdicción Voluntaria– como la de celebrar matrimonios y disolverlos o iniciar los procedimientos previstos en la llamada Ley de Segunda Oportunidad.

Estas reformas ya están afectando de forma significativa al día a día de los operadores jurídicos, desde la perspectiva de sus respectivas posiciones en el sistema legal español. Una legislatura convulsa en materia de justicia, de la que los profesionales del sector legal extraen luces y sombras.

En lo positivo, destaca Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), está haber conseguido modificar sustancialmente la Ley de Tasas Judiciales, las propuestas de regulación de los servicios y colegios profesionales, la reforma de la planta judicial y la supresión de partidos judiciales o la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, gracias, dice “al ejemplo de unidad y firmeza de la abogacía”.

El presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Manuel García Collantes, prefiere poner el acento en los beneficios de las reformas de la legislación hipotecaria y del catastro, “que han sido imprescindibles para dotar de mayor seguridad jurídica y transparencia al mercado inmobiliario”. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, a través de la mediación y el arbitraje o en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, “han hecho posible, por fin, liberar a los jueces de tareas que no son propias de su función y que otros funcionarios jurídicos, como los notarios, pasen a ocuparse de ellas”. Los registradores de la propiedad y mercantiles, a través de su presidente, Gonzalo Aguilera, valoran positivamente la rectificación a tiempo de “un rumbo legislativo y profesional que nos conducía hacia un destino incierto y peligroso, merced a las reformas inicialmente proyectadas por el Ministerio de Justicia” y que, opina, pudieron “desvirtuar la esencia y principios básicos de nuestro sistema registral y afectar, por tanto, a nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva”.

Los principales operadores jurídicos ponen en el debe del balance legislativo elementos como que “no se haya abordado una ley esencial para la garantía de los ciudadanos, como es la relativa al Derecho de defensa”, en opinión de Carnicer, o que “se mantengan las tasas a las pymes”. Para los registradores, la decisión de asignarles la gestión del Registro Civil “estuvo a punto de provocar un cisma entre nosotros y acabar con el Colegio de Registradores y sus medios tecnológicos”, en palabras de Aguilera. El notariado español se lamenta, por su parte, de que no se haya legislado para dotar a estos fedatarios públicos de “más mecanismos que nos permitan tutelar y proteger mejor a los consumidores, fundamentalmente en el mercado hipotecario, frente a posibles prácticas o cláusulas abusivas o fraudulentas”, declara José Manuel García Collantes.

En términos generales, pues, luces y sombras de uno de los más convulsos periodos que ha vivido la justicia y sus profesionales. Un sector poco habituado a cambios bruscos y giros radicales. Aun con todo, el presidente del Consejo General del Notariado cree que, después de estos cuatro años, la justicia en España está “mejor, aunque sigue teniendo un largo camino por recorrer en el que habremos de participar todos los operadores jurídicos si se quiere concluir con éxito”. Collantes destaca el avance “en la modernización, el desarrollo tecnológico y la interconexión de lo que conocemos como la administración de justicia, que tiene el gran reto de comunicarse solo por vía telemática desde el próximo 1 de enero”, según establece la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Para Gonzalo Aguilera, “las reformas relativas al sistema registral han sido muy puntuales y escasas”, aunque “se han dado buenos pasos”, como la regulación legal de la representación gráfica de las fincas registrales y su coordinación con los inmuebles catastrales o la creación del Centro Registral Antiblanqueo de Capitales.

También el presidente de la abogacía española hace hincapié en que, “según el barómetro externo de la abogacía, realizado por Metroscopia, el 60% de los españoles considera que la situación del Estado de derecho en España es peor que la existente en otros países de nuestro entorno y que esa opinión negativa ha crecido seis puntos en los últimos cuatro años”. Por lo tanto, afirma, “algo debemos hacer todos los actores de la justicia para recuperar esa confianza”.

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