Los auditores piden un control externo de las cuentas públicas
Tras dos años al frente de la presidencia del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (Icjce), Mario Alonso Ayala y el colectivo de auditores españoles al que representa se hayan en conversaciones con los partidos políticos para que incluyan dos medidas en sus programas electorales. La primera de ellas es la inclusión de una auditoría externa, obligatoria y anual de las cuentas de todos los ayuntamientos del país con más de 50.000 habitantes. En la actualidad, de los más de 8.000 municipios, solo cerca de 50 son auditados por un organismo externo por decisión propia. “Nos parece algo inconcebible, máxime cuando hemos vivido durante meses situaciones en las cuales hay malas prácticas en los ayuntamientos, casos de corrupción o despilfarro”, explicó Alonso en una entrevista a CincoDías.
El colectivo de auditores al que representan propone un modelo similar al que se aplica en el resto de Europa, con una colaboración público-privada por la cual el Tribunal de Cuentas y su equivalente en las comunidades autónomas, los Órganos de Control Externo (OCEX), dirijan este control, pero se apoyen en auditores privados para su ejecución.
Por el momento, Alonso ha recibido “buenas impresiones” de los partidos con los que ha tratado, aunque todo queda pendiente del resultado de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Será el nuevo Gobierno el que tenga que promover una norma, ley o real decreto que establezca estas obligaciones a los ayuntamientos.
Por otra parte, el Icjce está tratando de obtener un cambio en su modelo de supervisión. Hasta ahora es el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, el encargado de supervisar a la entidad, y solicitan que sea sustituido por un “órgano independiente, al uso de lo que puede ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”.
El objetivo de esta medida es que las decisiones sean tomadas por consenso y no impuestas por el Gobierno, como ha sucedido, según explica Alonso, con la Ley de Auditoria, aprobada el pasado mes de julio, a la que tacha de “muy precipitada y que ha tenido un cierto componente político en vez de técnico”.
España ha sido el primer país en adaptar la directiva europea, seguido por Portugal, mientras que el resto de naciones aún no la han aprobado. “Al no saber qué va a hacer Alemania, Francia o Italia, nos podemos haber separado”, subraya el presidente del Icjce.