Cifuentes integra en la red pública los seis hospitales ‘privatizables’
Se trata de una de las medidas estrella de esta suerte de ley de Acompañamiento a los Presupuestos que aprobó esta mañana el Ejecutivo de Cristina Cifuentes y de uno de los compromisos aumidos en la campaña electoral e incluido después en el acuerdo con Ciudadanos. Así, la presidenta regional explicó que el proyecto de ley aprobado contempla la integración de las empresas públicas de los Hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Cristina (Parla), Sureste (Arganda del Rey), Tajo (Aranjuez), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) y Henares (Coslada), donde trabajan 5.632 profesionales, en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) como centros de atención hospitalaria de gestión directa.
La iniciativa se llevará a cabo una vez que se produzca la extinción de su condición actual de empresas públicas, que está prevista para el 30 de junio de 2016, tal y como explicó la presidenta, que compareció en rueda de prensa junto al portavoz, Ángel Garrido, y la consejera de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo.
De esta manera, estos centros hospitalarios, que durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno regional tenían la gestión externalizada de la red pública y su intención era que fueran totalmente privatizados, se homologan al resto de hospitales de gestión directa ya consolidados en el Sermas.
Los seis centros ahora integrados en la red pública formaron parte del plan de construcción de nuevos hospitales auspiciado por el Ejecutivo de Aguirre, cuyo coste de construcción fue asumido por las empresas adjudicatarias de las obras que, una vez inauguradas las instalaciones, recuperarán su inversión cobrando un canon al Gobierno autonómico por el uso de las instalaciones y la prestación de los servicios no sanitarios.
Son contratos de concesión por 30 años que seguirán en vigor para todo lo no sanitario como hasta ahora, explicaron fuentes del Gobierno regional. El personal de la Comunidad adscrito a las entidades que se suprimen continuará prestando los servicios en los mismos centros hospitalarios.
En la práctica, se dificulta al ser reintegrados a la red pública que todos estos hospitales o solo alguno puedan ser privatizados en un futuro. En este sentido, se crean las nuevas categorías profesionales de enfermero y enfermera especialista, óptico optometrista, auxiliar de farmacia y técnicos de emergencias sanitarias. Y, por contra, se deroga la declaración a extinguir de 26 categorías de personal estatutario de gestión y servicios en la sanidad pública, como albañil, cocinero, telefonista o peluquero, entre otros.
Por otro lado, entre las medidas tributarias que recoge el proyecto de ley, destaca la eliminación de la tasa que deben pagar los usuarios del sistema sanitario público por la emisión sucesiva de la tarjeta sanitaria, sea por robo, rotura o extravío. Con ello, los ciudadanos ya no deberán abonar los 10 euros de la tasa actual.
Se eliminan además las tasas por ordenación de instalaciones y actividades industriales, energéticas y mineras. Asimismo, para incentivar la actividad industrial en la región, se prorroga durante 2016 la rebaja del 95% en la cuota del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para la compra de suelo industrial en el sur y en el corredor del Henares. Además, la normativa ahora aprobada contiene actuaciones para seguir con la reducción de la estructura del sector público. Desde el inicio de la legislatura, el número de organismos públicos ha pasado de 54 a 41, lo que significa un ajuste del 24%.
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