“Hay que reformar la Constitución e incluir a los ayuntamientos”
Lo ha sido todo en la vida pública. Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones en la primera legislatura de Felipe González, diputado en el Congreso durante cuatro legislaturas y alcalde de Vigo desde 2007. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela, Caballero (Ponteareas, Pontevedra, 1946) retomó la actividad como catedrático de Teoría Económica entre 2000 y 2005 tras perder la lucha con Manuel Fraga para presidir la Xunta de Galicia. Ahora preside la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y quiere dar un giro de 180 grados a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy respecto a los municipios. Y la primera prioridad es paralizar la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que establece que a partir del 1 de enero de 2016 perderán las competencias en materia de sanidad, educación y política social en favor de unas autonomías que no tienen fondos para prestarlas. “Va a ser una catástrofe”, anticipa el edil de Vigo, si no se logra una moratoria y posteriormente derogar esa ley.
Pregunta. ¿Qué pasará el 1 de enero si la LRSAL entra en vigor?
Respuesta. El día 1 de enero, en mi ciudad, si Dios no lo remedia, 5.000 niños se quedarán sin becas de comedor. ¿Qué sucede en una ciudad de 300.000 habitantes cuando 5.000 niños no coman en el colegio? Miles de personas mayores se van a quedar sin la teleasistencia porque nadie la va a pagar; los comedores sociales se quedarán sin el medio millón que aporta el consistorio y la mitad tendrá que cerrar; el albergue municipal, que cuesta un millón de euros al año, tendrá que cerrar y 70 personas que viven allí se tendrán que ir a dormir a la calle. No podremos dar atención a las mujeres con violencia de genero porque no nos lo firmará el interventor. Eso es lo que va a pasar el 1 de enero. Prefirieron hacer una ley irrealizable e incumplible que si sale adelante sembrará el caos más absoluto, con tal de decir que ellos son los salvadores económicos. En nuestra última junta de gobierno, todos los partidos estuvimos de acuerdo en que el 1 de enero tiene que haber una moratoria de esa ley. ¿Y entonces para qué se aprobó una ley cuyo cumplimiento era imposible?
"Se demonizó a Zapatero por los dos planes E. No oí aningún alcalde que dijera en su momento que fuera malo”
P. ¿Cuál es la hoja de ruta para paralizarla y posteriormente derogarla?
R. Con las Cortes disueltas, entiendo que es posible hacerlo a través de una norma que saque el Ministerio de Hacienda que sea de obligado cumplimiento para los interventores. La técnica verán cómo la hacen. Hay consenso absoluto entre los ayuntamientos en la moratoria. Derogarla requerirá que haya un Gobierno distinto. El PPse enterró tanto en el error que creo que ya no tiene marcha atrás. Tiene que ser un Gobierno distinto, pero en todo caso, la ley se tiene que derogar. La política social hay que aplicarla desde la cercanía.
P. Ha sido muy crítico con las decisiones adoptadas por el actual Ejecutivo, en especial con el trato a los consistorios más pequeños.
R. Se intentó una demonización de los ayuntamientos muy negativa. Y se empezó a decir que había que fusionar los ayuntamientos y que había que controlar a los más pequeños. El problema no estaba ahí; estaba en Madrid, Barcelona, Valencia... Era otro intento de desviar la responsabilidad del Estado. Madrid tenía una deuda de 7.000 millones sobre un total de 37.000 millones. Eso llevó a una ley que se hizo sobre un análisis falso: los ayuntamientos lo hacen mal.
P. También ha criticado la iniciativa de bajar los salarios a los alcaldes y el único punto de acuerdo con el PP (la supresión de las diputaciones) no ha salido adelante.
R. La supresión de diputaciones es un debate sin resolver y con posiciones encontradas dentro de los propios partidos. Yo tengo una opinión que está en minoría en mi partido. Como FEMP no tengo nada que decir. Los pequeños ayuntamientos no necesitan fusionarse porque no gastan nada. Respecto al sueldo de los alcaldes, se limitó por ley y muy pocos se lo tuvieron que bajar. Y te cito mi ejemplo: yo ganaba como catedrático de universidad lo mismo que como alcalde (3.250 euros brutos al mes). Es un sueldo razonable, pero aquello de los salarios siderales de los alcaldes eran muy pocos. Pero es que había alcaldes de municipios pequeños que no ganaban nada. Era otra mentira.
"Ganaba como catedrático de universidad lo mismo que como alcalde (3.250 euros brutos al mes)”
P. También ha de reconocer que otros planes impulsados por José Luis Rodríguez Zapatero, como el Plan E (gastó 21.000 millones en obras en ayuntamientos), han sido muy criticados.
R. Escucho demonizar y echar pestes contra Zapatero por los dos planes E. Yo no oí a ningún alcalde, sea cual fuera su color político, que dijera en aquel momento que era malo. Ni uno solo. Y sirvió para aguantar medio millón de puestos de trabajo
P. En su discurso tras ser elegido presidente se fijó como una de sus principales metas una nueva ley de financiación local.
R. Lo que reclamo es lo mismo que las autonomías. Queremos el mismo trato en derechos y deberes. Tener una competencia es tener una obligación para ejercerla. Cuando veo una competencia en manos de las autonomías que la ejercemos nosotros (los consistorios calculan que el coste de las competencias impropias que no les corresponden se eleva a 6.000 millones anuales), no me parece justo. Creo que es legítimo que cada territorio defienda su singularidad y su financiación. Sin embargo, hay una diferencia: los ciudadanos ven con mucha mayor simpatía las fuentes de financiación a los ayuntamientos porque saben que va a revertir en ellos de forma directa. No ocurre así con las autonomías y el Estado.
"Queremos una ley de financiación en paralelo a la autonómica”
El debate de la financiación es legítimo, aunque quizá está excesivamente politizado, pero nosotros, cuando pedimos dinero, eso es entendido de forma directa. No ocurre así con las comunidades autónomas. A nosotros nadie nos dice que gastamos mucho en limpieza. Al contrario. Nos dicen que están encantados o incluso que gastemos más. Los alcaldes y alcaldesas somos el factor de legitimación de la política. Las comunidades autónomas, en algunos casos, malgastan mucho. Y por eso nosotros pedimos una redistribución, porque somos muy buenos administradores y la dirección tiene que ser justamente la contraria. Queremos una nueva ley de financiación. Tan pronto se inicie la nueva financiación de las comunidades autónomas, vamos a exigir la nuestra. Y la queremos en paralelo. No podemos estar a expensas de los vaivenes del Gobierno que cambie la ley.
P. ¿Y cómo quiere poner en práctica ese blindaje de las competencias?
R. Queremos tener competencias fijadas en una ley orgánica y queremos dar un paso más, que yo defiendo y que trataré de que el resto de alcaldes también lo hagan. Hay que reformar la Constitución e incluir a los ayuntamientos. Voy a tratar de convencer a los alcaldes de que planteemos la reforma de la Constitución sea quien sea el presidente. Y a lo mejor tendríamos el país vertebrado de otra manera. ¿Quién es el interlocutor de una industria de 7.000 trabajadores en Vigo como Citroën? El alcalde. Hablo con fluidez con el director general de la compañía porque el que elige como interlocutor es el alcalde, no el presidente autonómico. Y no tenemos ninguna competencia sobre ella. Yeso no puede ser. En mi ciudad estamos haciendo una depuradora que cuesta 300 millones de euros sobre la que tampoco tenemos competencias, pero luego nos la vamos a quedar.
P. ¿Pedirá también que los ayuntamientos estén presentes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera?
R. Queremos tener voz y voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y queremos que también que nuestra presencia quede registrada en la Constitución. Los ayuntamientos no pueden tener un papel residual y que sus fondos se distribuyan a través de una ley en el Parlamento, que muchas veces se aprueba sin consenso. Esta es la verdadera limitación de los ayuntamientos, la dificultad para hacerse oír. No se puede decidir la financiación de la Administración regional y local y que los ayuntamientos aparezcan colateralmente y con un rango menor que las autonomías.
“Si piden déficit cero, también para las autonomías”
Caballero considera que los ayuntamientos han sido los grandes paganos de la senda de consolidación fiscal y de estabilidad presupuestaria y cree que es hora de revertir esa situación, elevando el techo de gasto (el límite anual que se les permite) y abriendo la mano para que los más saneados puedan invertir y gastar.
P¿Cree que el Ejecutivo del PP ha sabido reconocer el papel de los ayuntamientos a la hora de cuadrar las cuentas públicas?
R. No. En esos cuatro años, los ayuntamientos han tenido superávit y estamos contribuyendo con medio punto de PIB a la consecución de los objetivos de déficit, y hemos bajado la deuda por debajo de lo que nos planteaba Hacienda. Cada año hemos ido reduciendo los desfases. Te voy a dar un ejemplo: en Vigo tenemos deuda cero y yo recibí un ayuntamiento hace ocho años con una deuda del 60% del PIB. Estamos en la sensatez de la gestión la gran mayoría de alcaldes. El Gobierno buscó culpables y los encontró en los ayuntamientos.
P. En su primera reunión con el futuro ministro de Hacienda, ¿qué le pedirá?
R. Reclamamos un tratamiento simétrico con las autonomías. Si piden déficit cero a los municipios, que también lo haya para las autonomías. ¿Por qué tenemos que ser distintos? El Gobierno puede tener una situación diferenciada porque igual se tiene que endeudar para los presupuestos de los demás, ahí sí lo entiendo.
P¿Es hora de abolir el techo de gasto generalizado para todos los consistorios?
R. Creo que el techo de gasto generalizado es injusto y no es eficaz. Ahora, lo que tampoco puede ser es que algunas Administraciones locales dejen al siguiente Gobierno una deuda elevada. Hay que buscar equilibrios. Un alcalde del PSOE que sustituyó a uno de Madrid me llamó y me dijo:“Estoy quebrado y ahora no sé qué hacer”. Permitir que cada uno haga lo que quiera puede llevar a situaciones indeseables como la anterior. Si Madrid debe 6.000 millones y quiere generar deuda nueva, ¿quién la va a pagar? Creo que el techo de gasto se tiene que fijar en función de cada municipio. No tiene sentido que en Vigo no podamos gastar cuando no tenemos deuda, pero alguien que tiene una deuda del 250% del PIB veo muy difícil que pueda generar deuda y déficit, porque ya no la puede pagar.
P. Usted habla de remunicipalizar la política para dar protagonismo a los ayuntamientos y otros, como los alcaldes de Madrid o Barcelona, hablan de remunicipalizar la gestión de los servicios.
R. Lo que plantean algunos recién llegados es remunicipalizar servicios, hacerlos públicos. Cuando se han encontrado con la realidad, han tenido que rectificar. La cuestión es quién y dónde lo hace mejor el servicio. Si la concesión está bien sacada a concurso, hubo competencia y un precio muy barato, estupendo. Ahora las empresas van a degüello bajando precios, por lo que los concursos que salen actualmente lo hacen muy por debajo del precio de licitación. Son las empresas las que se están apretando el cinturón. En Vigo, casi todos los servicios se prestan a través de concesiones, van muy bien y son muy competitivos. No creo que la gestión directa genere algún ahorro, más bien lo contrario. Porque el ahorro también lo tienes que ver en términos de resultado. Que sea mejor y más barato. Hay que ir a la colaboración pública y privada. Cada uno que elija el modelo que quiera, pero que sea barato y eficaz.