El Ayuntamiento estudia rescindir contratos de 'swaps'

Carmena pone en manos de los abogados las cláusulas de la deuda de Madrid

El delegado de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, define a las agencias de calificación como las “cotillas del pueblo”

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. EFE

"El area de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid ha solicitado a la asesoría jurídica un informe sobre los contratos formalizados por el Ayuntamiento y provenientes de subrogaciones", señala la alcaldía en una nota de prensa.

El Ayuntamiento de Madrid mantiene operaciones de cobertura de riesgo de tipo de interés que ascienden a 1.788 millones de euros frente a una deuda contratada a tipo variable de 1.994 millones de euros. Eso significa que el 90% de la misma está sujeta a operaciones de cobertura de tipo de interés, según informa el gobierno de Manuela Carmena. 

Según datos internos, el coste de todas las operaciones ha supuesto hasta ahora a las arcas municipales más 247 millones de euros añadidos al pago de la deuda. La cancelación de las operaciones con swaps, de acuerdo a las cláusulas de los contratos, costaría 402 millones de euros

Un swap de tipos de interés  es un contrato en el que dos partes acuerdan, durante un periodo de tiempo establecido, un intercambio mutuo de pagos periódicos de intereses denominados en la misma moneda y calculados sobre un mismo principal, pero con tipos de referencia distintos. 

El Ayuntamiento contrajo con estos swaps la obligación de pagar un tipo de interés fijo para cada una de las operaciones. Si los tipos de interés generales hubieran superado la barrera fijada, habría existido beneficio para el Ayuntamiento. Pero ha ocurrido exactamente lo contrario: los tipos de interés de las entidades se mantuvieron por debajo. Por eso se han perdido enormes cantidades de dinero.

El coste de cancelación de estas operaciones para el Ayuntamiento de Madrid de acuerdo las condiciones de esos contratos es desmesurado: a fecha 31 de agosto de 2015 ascendía a 402 millones de euros. 

Por ello el Área de Economía y Hacienda considera necesario estudiar vías legales para rescindirlos. El gobierno municipal actuará con la máxima responsabilidad y respeto a la legalidad en el estudio de los contratos contraídos y las obligaciones derivadas. Forma parte de su responsabilidad informar públicamente sobre este tipo de operaciones.

 

"Las agencias de calificación son las cotillas del pueblo"

El delegado de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha definido a las agencias de calificación como las “cotillas del pueblo” que además salen “muy caras” (120.000 euros anuales entre Standars & Poors y Fitch), lo que ha llevado a Ahora Madrid a pensar que ese dinero “sería más útil para otras cosas”, sobre todo cuando hay un compromiso de no endeudarse más.

Mato ha aclarado que “el Ayuntamiento no ha prescindido del rating” sino que cuando venzan los contratos, al final del ejercicio, “no se van a renovar, que no es lo mismo”. “A las agencias, si les parece oportuno, darán el rating de Madrid y si no lo hacen porque no les paguemos 120.000 euros pues será decisión suya”, ha lanzado en la comisión del ramo.

Ahora Madrid no dice a las agencias que no opinen sobre el Ayuntamiento sino que ellos han tomado la decisión de no pagar un dinero “que es mejor no gastar aunque sea reducido”, en comparación con el presupuesto anual, “sobre todo si no tiene utilidad para los ciudadanos”. También ha recordado que ambas agencias han sido condenadas por tribunales “por manipular el Euribor, por ejemplo”. Son las mismas que calificaron a Detroit con AAA cuando luego se fue a la bancarrota.

Desde las filas del PP, el concejal José Luis Moreno ha empezado su intervención asegurando que no quiere defender a las agencias de rating, a las que conoce muy bien por su anterior cometido en el Gobierno regional, porque es “incómodo trabajar con ellas” al ser “terriblemente impertinentes”. Incluso ha asegurado que “muchas de las preguntas que hacen son crueles”.

Moreno ha defendido en la comisión de Economía y Hacienda la necesidad de “seguir trabajando con ellas”, con independencia de la incomodidad que generen. Hay que hacerlo “por estrategia” y pensando en lo que es “mejor para los ciudadanos”. En 2012 se incorporó a la Comunidad para gestionar el endeudamiento y con ese bagaje ha asegurado que “si no había rating, los inversores no hablan”.

“Son como los examinadores del carnet de conducir, que son las personas más odiadas por los conductores, pero sin ellos no hay permiso para conducir”, ha puesto de ejemplo. También ha recordado que ninguna Administración, ni siquiera el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau al frente, ha prescindido de las agencias. “A veces es un poco arriesgado ser pionero”, ha opinado.

Sánchez Mato le ha contestado, siguiendo con el símil de los examinadores, que las agencias plantean cuestiones “que nada tienen que ver con el coche”, en este caso con la deuda, como la política social de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) o la retirada de una subvención a la escuela de tauromaquia Marcial Lalanda.

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