El presidente de Unicaja, imputado por el caso de los ERE
El auto de la Audiencia de Sevilla es firme y contra él no cabe recurso ordinario Considera que su participación en la agencia IDEA le implica en la trama de corrupción.
La Audiencia de Sevilla ha confirmado que declare en calidad de imputado dentro del caso de los ERE el presidente de Unicaja, Braulio Medel, por su participación en el Consejo Rector de la Agencia IDEA, junto a otros siete directores o consejeros de esta entidad y del Instituto de Fomento de Andalucía.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la Sección 7 de la Audiencia de Sevilla resuelve así el recurso de apelación que presentó Medel contra la decisión del 13 de mayo de 2014 de la juez Mercedes Alaya, cuando era titular del juzgado de Instrucción 6, de pedir su declaración como imputado.
Los otros directores o consejeros del IFA y de IDEA que tendrán que declarar en calidad de imputados son Jesús Nieto, Joaquín Moya-Angeler, Felipe Romera, Isabel de Haro, Pilar Rodríguez, Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano, ya que también se han desestimado los recursos que presentaron.
El fallo de la Audiencia de Sevilla es firme y contra él no cabe recurso ordinario alguno.
La Audiencia sostiene que hay indicios “suficientes” para adoptar la medida recurrida, aunque ha recordado que “no es una imputación formal, sino el acuerdo de citación para ser oídos los apelantes como imputados al efecto de aclarar su participación en los hechos”.
En ese sentido, agrega que la resolución recurrida se sustenta en hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación por aprobar “resoluciones injustas y a sabiendas” de que eran contrarias a la ley, y otro de malversación por “permitir la sustracción de fondos públicos” al aprobar esas resoluciones.
Sobre los argumentos que esgrimían las defensas para recurrir el auto de Alaya, la Audiencia señala que la juez “seguía siendo competente para investigar a los posibles implicados no aforados” y explica que no se investiga la responsabilidad de las corporaciones públicas, sino “la de personas físicas que hayan podido cometer en su actividad como autoridad o funcionario uno o varios delitos”.
Además, recuerda que la imputación se funda “esencialmente en diligencias documentales” de las que hay indicios de que como directores generales o vocales del Consejo Rector de IFA/IDEA aprobaron convenios de ayudas sociolaborales a empresas “en los términos indicados”, así como el presupuesto de estas agencias “de la manera fraudulenta”, que fue advertida “de manera reiterada” por la Intervención General de la Junta de Andalucía.
En cuanto a la petición de nulidad del auto de Alaya por falta de concreción, la Audiencia indica que “se determinan y concretan” tanto los cargos desempeñados por los apelantes como las sesiones en las que se aprobaron los convenios o los proyectos de presupuestos.
En los fundamentos jurídicos del auto, la Audiencia manifiesta que “la defraudación efectuada” en la aprobación de convenios, que fueron “informados favorablemente por los recurrentes” y que suponían la utilización de las transferencias de financiación, se infiere de las conclusiones del informe de la Intervención General de la Administración del Estado de noviembre de 2013.
En el recurso que presentó ante la Audiencia de Sevilla, Medel negó “tajantemente” su supuesta participación en un “diseño político” o un “engranaje” sobre las ayudas investigadas y también sostuvo que Alaya dejó de ser competente para instruir el caso.
Los otros exmiembros del Consejo Rector de las agencias andaluzas IFA e IDEA también recurrieron y pidieron la nulidad de su imputación por los ERE, en recursos en los que afirman que la juez Mercedes Alaya había “agotado” la investigación y ya no era competente para seguir con ella, dada la presencia de aforados.