Varias asociaciones de Internautas, informáticos y editores presentan una denuncia

Reclaman a Bruselas suspender la Ley de Propiedad Intelectual española

Se desconoce su reglamento nueve meses después de su entrada en vigor

Méndez de Vigo, actual ministro de Educación, junto a su antecesor en el cargo, José Ignacio Wert.
Méndez de Vigo, actual ministro de Educación, junto a su antecesor en el cargo, José Ignacio Wert.

Varias asociaciones españolas han interpuesto una nueva denuncia ante la Comisión Europea para que exija al Gobierno español la retirada de la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que entró en vigor el pasado mes de enero, “por la falta de notificación, por su incompatibilidad con diferentes directivas y por la inseguridad jurídica que está generando”, según justifican.

La denuncia ha sido presentada por la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), la Asociación de Internautas (AI), la Internet Society Spain (ISOC-ES), la Asociación de Técnicos de Informática (ATI) y por la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP).

Las citadas asociaciones critican que la reforma de la LPI entró en vigor el uno de enero y que nueve meses después se sigue sin conocer su reglamento. “Hemos decidido interponer esta denuncia para frenar esta incomprensible reforma de la LPI, consideramos que toda ella es un ataque a los derechos de los usuarios, a la libertad de información y a la innovación en internet”.

A juicio de las asociaciones señaladas, la reforma de la LPI, aprobada en el pleno del Congreso de los Diputados el 30 de octubre de 2014, “contraviene varias directivas y tratados europeos”, que lleva a España a ser “el primer país del mundo en el que el autor de un contenido no puede autorizar para su libre uso”, tal y como indica el presidente de Internautas, Víctor Domingo. Por su parte, el presidente de la AUI, Miguel Pérez Subías, ha señalado a través de un comunicado que “el polémico artículo 32.2, conocido como Canon AEDE [que ha tenido como consecuencia el cierre de iniciativas como Google News entre otras, a las que se les exigía el pago de una compensación equitativa por el contenido que enlazaban en sus webs], no fue notificado a la Comisión Europea”. “El hecho de que España notificara una versión inicial del Proyecto de Ley no exime de la obligación de notificar el artículo más relevante de esta reforma de la LPI, tal y como ha reconocido la Comisión”, subrayó.

 

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