Rebajas fiscales para pymes con baja siniestralidad laboral
La baja siniestralidad laboral se verá recompensada con ayudas fiscales para las pymes que cumplan ciertos requisitos
Las empresas con bajos niveles de siniestralidad podrían beneficiarse de rebajas fiscales. En concreto el Gobierno ha propuesto una disminución del 5% durante el primer año en el pago de las cotizaciones por contingencias profesionales, mientras que en el segundo ejercicio se elevaría hasta el 10%. De esta manera el Ejecutivo pretende recompensar a las compañías más sensibilizadas con la siniestralidad, según informa Europa Press.
De momento la iniciativa ya ha sido traslada a los agentes sociales. El objetivo básico que se persigue con esto es reducir el proceso de solicitud y agilizar el reconocimiento. Además se plantea liberar a las compañías de recabar la documentación que ya tenga en su poder la administración, ahorrándose así muchos trámites.
Para optar a esos incentivos se valorarán unos índices de siniestralidad que sean inferiores a los que se marquen para cada ejercicio. En este entorno se acabará con la obligación de invertir en prevención de riesgos laborales y en las instalaciones. Se buscará por lo tanto los resultados finales, en donde lo importante será la reducción de accidentes en el puesto de trabajo. De esta manera se conseguiría reducir las cotizaciones por contingencias profesionales.
Condiciones que exigen
Se podrán beneficiar de ello las compañías que coticen por ello, ya estén cubiertas por una mutua o por una entidad gestora, y que no rebasen los límites que se establezcan en cuando a los índices de siniestralidad. Éstas se determinarán según las circunstancias propias de cada actividad, facilitando los incentivos en aquellas en las que exista un mayor riesgo de accidente.
La financiación de la rebaja se vinculará a un 5% como máximo del saldo del Fondo de Contingencias Profesionales, aunque el porcentaje no se aplicará a las mutuas en proporción a su contribución a la formación.
Para poder disfrutar de esta compensación se requiere que las empresas se encuentren al corriente de pago y que con anterioridad no hayan sido multadas por la Seguridad Social o en materia de prevención de riesgos.
