Así intenta el Gobierno que las pymes accedan a contratos públicos
Se pretende que los emprendedores y pequeñas y medianas empresas puedan presentarse a un mayor número de contratos eliminando las barreras de entrada
Las pymes y autónomos lo tendrán más fácil a la hora de acceder a los contratos públicos. El pasado viernes se aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto que modifica el reglamento de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas y que tiene el firme propósito de acabar con todas las barreras de entrada para las pequeñas compañías y emprendedores.
Habrá un importante ahorro en costes y plazos ya que las empresas no necesitarán contar con una clasificación previa para optar a un contrato de servicio, como recoge la agencia Europa Press. Esta medida servía para acreditar la solvencia económica, técnica, financiera o profesional de las mismas, pero quizás quedó un tanto anticuada y no facilitaba la agilidad que exige en estos momentos la Administración.
La reforma dio comienzo con la Ley de apoyo a los emprendedores y con la que impuso la factura electrónica, que provocaron que se incrementase el nivel de la obligatoriedad de clasificación en contratos de obra a partir de los 120.000 euros hasta el medio millón de euros, suprimiendo la obligatoriedad para los contratos de servicios. Esta eliminación se encontraba condicionada al desarrollo reglamentario que se aprobó recientemente en el Consejo de Ministros.
De esta manera se acaba con la obligatoriedad de clasificación en los contratos de servicio, aunque pueden ser empleando esta clasificación para justificar su solvencia en determinados tipos de contratos como pueden ser los de mantenimiento de instalaciones, limpieza o seguridad. Todo será mucho más sencillo gracias a que se reducen los subgrupos, que pasarán de 72 a 29.
Habrá además una simplificación en las categorías de clasificación de los contratos por obras. El modelo existente era de 1991 y se busca adaptarlo a la estructura actual de la industria y a la realidad económica.
A la hora de acreditar la solvencia, el Gobierno ha optado por aumentar desde los cinco años hasta los diez el tiempo de experiencia en los trabajos realizados para que se tengan en consideración a la hora de optar a un concurso de obras, mientras que pasará de tres a cinco en los contratos de servicios.
