El desafio de cuadrar las cuentas públicas

Autonomías y Seguridad Social amenazan el objetivo de déficit

Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón duplicarán o triplicaran el techo permitido

Los ingresos por cotizaciones apenas avanzan un 0,8% frente al 7% que se preveía.

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En 2014, las comunidades autónomas tenían un objetivo de déficit del 1%. Finalmente, el desfase entre ingresos y gastos cerró en el 1,66% del PIB y se pudo compensar gracias al superávit de los ayuntamientos, con un saldo positivo de 0,4% frente al 0% que se le exigía inicialmente. Solo tres comunidades autónomas (País Vasco, Canarias y Navarra) no superaron el techo, mientras que las restantes catorce sí lo hicieron, especialmente un grupo de cuatro regiones (Murcia, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana) que más que duplicaron el límite comprometido. En ese ejercicio, la Seguridad Social también sufrió una desviación de seis centésimas, ya que finalmente cerró en un 1,06% frente al 1%.

Rebelión contra la estricta senda de consolidación fiscal

El pasado 7 de julio se celebro el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera después de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. En ese encuentro se pudo constatar la revolución que se produjo tras estos comicios, con una importante pérdida de poder por parte del PP. Nueve comunidades (Cataluña, Canarias, Valencia, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura y Asturias) se opusieron a los objetivos de déficit para el trienio 2016-2018 y dejaron a las claras su oposición a la consolidación fiscal. Pese a ello, la mayoría cualificada del Ejecutivo, que cuenta con los mismos votos que todas las autonomías, a los que hay que sumar los de Galicia, La Rioja, Murcia, Madrid y Castilla León, le permitió salvar ese escollo.

El escenario para este ejercicio es bastante más complejo. El ajuste precisado para llevar el déficit al 5,8% en 2014 era de 7.000 millones y el de este año (debe bajar al 4,2%) se eleva a 16.000 millones. El Ejecutivo confía en que la buena evolución de los ingresos del Estado (hoy precisamente se conocerán los datos de la ejecución presupuestaria del Estado hasta julio) y el saneamiento de los ayuntamientos servirán para alcanzar el objetivo. Una tesis que no comparten ni la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ni el Banco de España, que considera que los objetivos son excesivamente ambiciosos y que ya hay pruebas más que constatables de que habrá una desviación significativa. En uno de sus últimos informes, la entidad presidida por José Luis Escrivá analizó los planes de reequilibrio de las regiones que incumplieron el déficit en 2014 y detectó elevadas posibilidades de desvío en Cataluña y Murcia por unas previsiones poco creíbles. No lo hizo, por ejemplo, en el caso de Extremadura y la Comunidad Valenciana, ya que todavía no habían presentado sus planes. En esta ocasión no ha hecho ni falta el juicio de la Airef. Cataluña y la Comunidad Valenciana ya han anunciado que el desfase entre ingresos y gastos se elevará por encima del 2%, Aragón ya ha dicho que el déficit podría cerrar en el 1,5% y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya ha advertido que hay muchas posibilidades de incumplimiento por las numerosas irregularidades que se ha encontrado en la contabilidad heredada de su antecesora en el cargo, María Dolores de Cospedal.Con todos estos elementos, el desfase entre ingresos y gastos de las autonomías podría llegar al 1,5%, el doble de lo permitido por Hacienda.

La situación no es mucho mejor en la Seguridad Social. El tirón que ha experimentado la creación de empleo en la primera mitad del año no parece haber sido suficiente para cumplir con las previsiones de ingresos por cotizaciones establecidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2015. En esas cuentas, el Ejecutivo auguraba un crecimiento de los ingresos por cotizaciones del 6,8% para este año y la ejecución presupuestaria hasta junio (hoy también se conoce la de julio) revela que la recaudación por este concepto sube mucho más lenta de lo previsto, a tasas del 0,8%. Una diferencia que no parece que se vaya a corregir en la segunda mitad del año y que puede llevar el déficit de la Seguridad Social en torno al 1%.

Sumados los más que probables incumplimientos de las autonomías y de la Seguridad Social, el déficit podría quedarse un punto de PIB por encima de lo previsto (5,2%) y para devolverlo al sitio marcado en los Presupuestos sería necesario una evolución muy positiva de la ejecución presupuestaria de los ayuntamientos y del Estado Central. En este último caso, la mayor recaudación puede verse perjudicada por el impacto de las rebajas fiscales.

El Ejecutivo confía en una recaudación récord

La recuperación económica y las mayores bases imponibles, como consecuencia de las fuertes subidas de tipos registradas a lo largo de esta legislatura, son las que han llevado al Ejecutivo a prever unos ingresos fiscales inéditos para el próximo ejercicio y que llevarán a las dos grandes figuras tributarias (IRPF e IVA) salir del hoyo en el que encuentran desde 2008.

Por IRPF, Hacienda estima recaudar 75.432 millones, el mayor importe jamás registrado. La recaudación de este tributo, que grava los salarios, los rendimientos del ahorro y las plusvalías de los ciudadanos, avanzará a un ritmo inferior al PIB nominal, que Economía estima que crezca un 3,8% este año y un 4,1% el próximo. De hecho, la recaudación del IRPF, en relación al PIB, se situará en 2016 en el 6,6% frente al 6,9% registrado dos años antes.

Algo similar sucederá con el IVA, cuya aportación a las arcas públicas superará por primera vez los 62.000 millones. Un máximo que se ha alcanzado como consecuencia de las subidas fiscales de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. El primero elevó en 2010 el tipo general del 16% al 18% y, el reducido, del 7% al 8%, mientras que el segundo lo hizo en 2012, subiendo el gravamen general tres puntos hasta el 21% y, el reducido otros dos puntos hasta el 10%.

Tras estos incrementos, el tipo general de este impuesto se encuentra en la medida europea, lo que ha llevado al Ejecutivo a rechazar que se rebaje en numerosas ocasiones.

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