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El inversor catarí dio un crédito de 1.000 millones

Accionistas de El Corte Inglés cuestionan la entrada de Primefin

Fachada de El Corte Inglés de Nuevos Ministerios en Madrid.
Fachada de El Corte Inglés de Nuevos Ministerios en Madrid.Pablo Monge

Corporación Ceslar, la entidad que agrupa a la familia de Luis Areces y propietaria del 10% del capital de El Corte Inglés, ha emitido este miércoles un comunicado mediante el cual cuestiona la operación por la cual el grupo da entrada al inversor catarí Primefin a través de un préstamo de 1.000 millones convertible en acciones.

Ceslar señala en el escrito que "no es más que una maniobra para arrinconar al accionista tradicional y blindar al equipo gestor". El principal punto de crítica remarcado por la familia Areces Galán se encuentra en el hecho de que para dar entrada a este accionista los estatutos de la compañía tienen que eliminar la suscripción preferente que hasta ahora tenían los accionistas del grupo.

Además, señalan que la operación supone "una pérdida de valor inaceptable, dejando al grupo por debajo de todas las estimaciones realizadas y muy por debajo de los 18.000 millones de euros que en 2013 decía la empresa Tinsa que valían sus activos inmobiliarios". A lo que añade el escrito que "no creemos necesaria una nueva financiación de El Corte Inglés y, en caso de hacerse, el mercado de renta fija sería una opción que aportaría mayor seguridad a menor coste".

Otro de los puntos criticados por Ceslar es que "el inversor no recibirá un 10% como se ha anunciado, sino entre el 12,5% y el 15%". La sociedad comenta que el préstamo está sujeto a un "agresivo plan de negocio que incluye la necesidad de un aumento del 12% del ebitda durante los próximos cinco años".

Ceslar lamenta que "en ningún momento se haya contado con los accionistas actuales que podrían haber participado mediante una ampliación de capital". La familia Areces Galán concluye su duro comunicado hablando de "una elevada comisión de varios millones de euros" que ha sido abonada a una sociedad "de la que solo se conoce que está radicada en uno de los países con mayor opacidad fiscal y fuera de la regulación del marco normativo europeo".

La familia propietaria de cerca del 10% del grupo "se reserva la adopción de todas aquellas medidas encaminadas a revertir la situación, especialmente las que ayuden a aportar transparencia y a conocer quién es el perceptor de la comisión". La junta general de accionistas está prevista para el 30 de agosto.

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