Rebaja de la luz y populismos

Si hay un coste social del que se abuse electoralmente, amén de los impuestos, este es el de la tarifa de la luz. Todos los gobiernos han dado en utilizarla como un instrumento de política fiscal, cuando ni es un impuesto (la factura ya carga con dos, lo cual supondría una triple imposición) y mucho menos progresivo (no se paga en función de la renta, sino del consumo), ni los peajes que el Gobierno controla con los límites que le impone la ley, representan toda la factura: grosso modo, solo la mitad.

Además, frente a una rebaja impositiva, como la del IRPF que el Gobierno acaba de aprobar, en la que el descuento queda claro para cada cual, el anunciado para la factura eléctrica hasta diciembre (según Industria, una media del 2,2%) se convierte un acto de fe. Dado que solo la mitad de la factura son peajes y a la vista del fuerte incremento de los precios del mercado mayorista de la electricidad (pool), que se mantendrá en el corto plazo y suponen el resto de la factura, más bien resultará que la bajada de los peajes solo servirá para compensar el mayor coste de la energía, evitando así una rebelión de los usuarios antes de las elecciones. Varios días de este mes, el precio del pool se ha situado por encima de 60 euros/MWh, no justificado por la ola de calor dado que el del gas ronda los 20 euros/MWh.

El anuncio de una bajada de la luz, propio de la “política de sonajero” del Gobierno o del “yo invito y tú pagas”, habrá dado sus frutos electorales, pero ni de lejos compensará las fuertes subidas derivadas de la reforma eléctrica, especialmente, sobre la potencia o término fijo. Frente al debate infructuoso de si la luz ha subido o ha bajado en los últimos años, como repite sin pudor el titular de Industria, José Manuel Soria, se aconseja al consumidor que compruebe, a similar gasto, cómo ha evolucionado su factura. Esta hablará por sí sola.

Pese al tecnicismo de “un ajuste de los costes unitarios de los pagos por capacidad” y bla, bla, bla, la cuestión es que los usuarios habían pagado vía tarifa 200 millones para ayudas a la quema de carbón nacional en las centrales térmicas y que, a la vista de la demora del Gobierno en dotar de un nuevo marco legal a dichas ayudas, y de que, por tanto, este dinero no se utilizaría en 2015, ha decidido devolverlo en forma de rebaja de peajes, antes de que se convirtiera en superávit. Por tanto, esta rebaja no ha sido posible “gracias a las reformas del sistema eléctrico”, como subraya Industria, sino a una negligencia. Negligencia que, por cierto, se compensa con medidas de jubilación favorables a los mineros, tras las presiones del PP de Castilla y León, que achaca la pérdida de su mayoría absoluta a la desastrosa gestión del problema del carbón por parte de Soria, y que costará más caro al contribuyente que el caramelo de los peajes.

Un buen truco

El de Mariano Rajoy pasará a la historia por ser el único Gobierno que ha revisado la tarifa en un mes de agosto: en 2013, con la subida incluida en la reforma, y este año, vía real decreto ley. Ante las previsiones de un superávit del sistema en 2015 de, al menos, 800 millones de euros, se había extendido la sospecha de que el Gobierno podría caer en la tentación de bajar los peajes. Soria las acalló asegurando que este excedente se destinaría a sufragar la deuda tarifaria (26.000 millones) colocada en los mercados financieros y que los usuarios pagan con fuertes intereses. De hecho, una amortización de la deuda conllevaría una bajada de peajes al reducirse las anualidades por esta hipoteca.

Como, efectivamente, la Ley Eléctrica impone que cualquier superávit se ha de destinar a pagar la deuda si la hubiere, el anuncio por sorpresa y sin más explicación del viernes, hizo creer que este había decidido modificar lisa y llanamente la ley del sector. Duda que quedó disipada con la publicación el sábado en el BOE del real decreto ley que regula la medida. El Gobierno no ha cambiado la ley del sector pero ha dado con el truco para poder utilizar los superávits sin incumplir la norma (un truco que, como el del propio mecanismo infernal del déficit de tarifa, un Gobierno del PP dejará en herencia a sus sucesores).

La cuestión es muy sencilla: un superávit no existe legalmente hasta que no termina el ejercicio, aunque la CNMC lo vaya certificando en sus liquidaciones mensuales. Por tanto, como el remanente de 200 millones del carbón no se va a utilizar, Industria se ha adelantado a sacarla del cajón, lo que se traducirá en una bajada de peajes y en un superávit menor del previsto en 2015. Pero solo hasta fin de año, porque esa partida se activará a partir de enero, una vez que se tramite la nueva norma de pagos por capacidad de las centrales de carbón que Bruselas ha de autorizar como ayuda de Estado.