El Gobierno enfría la devolución de la extra de 2012 a los funcionarios
El Gobierno de Mariano Rajoy quiere tener un gesto hacia los funcionarios, quienes suman cinco años con el sueldo congelado y que vieron como se eliminaba la paga extraordinaria de Navidad en 2012. La proximidad de las elecciones generales invita a ganarse el favor de un amplio colectivo, sin embargo, la obligación de reducir el déficit público dificulta la adopción de medidas expansivas.
Ante esta disyuntiva, fuentes sindicales y del Gobierno sugirieron que el Ejecutivo planteaba la devolución de la paga extra de 2012 antes de los comicios generales. Un extremo que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, negó. Aseguró que el Gobierno, “de momento”, no se planteaba esta medida.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue más ambiguo: “La intención del Gobierno es devolver el esfuerzo de todos estos años a todos [los españoles] y también a los funcionarios a medida que tengamos margen presupuestario y en diálogo con los sindicatos”, señaló en los pasillos del Congreso. Fuentes sindicales confirmaron que desde la Dirección de la Función Pública se muestran abiertos a mejorar las condiciones laborales, sin embargo, también avisan que cada medida debe analizarse al detalle y adoptarse con cautela. Además de la devolución de la extra o de posibles subidas salariales, también se negocia la posibilidad de devolver parte de los días libre eliminados en 2012.
La mejora de la situación macroeconómica ofrece incentivos a variar la política presupuestaria, pero el Ejecutivo ya ha adoptado medidas en este sentido como la rebaja del IRPF y del impuesto sobre sociedades. Además, Montoro repitió ayer que el Gobierno estudiará reducciones adicionales de impuestos, incluido el IVA, si la recaudación lo permite. Hasta qué punto la rebaja fiscal puede acompañarse de un incremento de partidas presupuestarias es precisamente lo que está analizando el departamento de Hacienda.
Moscosos, canosos y paga extra están sobre la mesa de la negociación
Por otra parte, el Gobierno ya devolvió a principios de este año el 25% de la paga extraordinaria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayor parte de funcionarios y empleados públicos están contratados por las comunidades autónomas. Algunas de ellas, como Andalucía o Cataluña, no han seguido los pasos del Estado y no han reintegrado la extra que en 2012 se suprimió . La Administración central, que cuenta con 540.658 empleados públicos, sí podría tener margen para devolver el 75% de la paga extraordinaria pendientes de reintegro. La situación de las comunidades autónomas, que tienen en nómina a más de 1,2 millones de funcionarios y laborales, es más delicada.
La supresión de la extra supuso más de 3.000 millones de ahorro para las comunidades y resulta improbable que puedan asumir su devolución íntegra en un contexto en el que incumplen de forma reiterada el objetivo de déficit público. Para las autonomías, la principal partida de gasto es el pago del sueldo de los empleados públicos. En 2014, las comunidades destinaron a este fin 53.000 millones. Entre enero y abril de este año, la partida ascendió a 16.835 millones, un 4,5% más. El incremento se explica porque algunas comunidades emularon al Ministerio de Hacienda y devolvieron el 25% de la paga extra al inicio del ejercicio.
Techo de gasto, Consejo de Política Fiscal y presupuestos
El Gobierno había previsto aprobar en el Consejo de Ministros de mañana el techo de gasto para el Presupuesto General del Estado de 2016. Sin embargo, ha aplazado este trámite una semana. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro señaló que antes quiere convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Así, los representantes de Hacienda de la Administración central y de las comodines se reunirán el jueves 2 de julio y, un día después, se aprobará el techo de gasto. La intención de Hacienda es informar a las autonomías de la senda de consolidación fiscal incluida en el Programa de Estabilidad. Además, Hacienda también comunicará a los Ejecutivos regionales que contarán con más recursos este año y el próximo por las liquidaciones de años anteriores y por el incremento de la recaudación fiscal. Sin embargo, es probable que el día que algunos de los Gobiernos de las comunidades que celebraron elecciones el pasado 24 de mayo todavía no estén formados. En cualquier caso, a finales de julio se convocará otro Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si bien Montoro repartirá más dinero en estos encuentros, todas las comunidades –con la excepción de Galicia, Navarra y Canarias– tienen la obligación de presentar un plan económico-financiero por haber incumplido el ejercicio anterior el objetivo de déficit público, de deuda o la regla de gasto.
El calendario cada vez es más apretado para el Gobierno que tiene la intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso. Normalmente, ello se realiza a finales de septiembre, sin embargo, Moncloa plantea acelerar todos los trámites. Las cuentas incluirán rebajas fiscales y gestos hacia funcionarios y pensionistas.
