El relevo autonómico pone en jaque la planificación eléctrica
Los últimos trámites del plan coincide con los cambios en la mayoría de comunidades Los Gobiernos regionales participan por ley en la elaboración de la planificación
Después de un prolongado trámite, que se inició en 2010 y se suspendió durante dos años a la vista de la profunda crisis económica, el Ministerio de Industria remitió a la CNMC en marzo una propuesta de planificación de la red de transporte 2015-2020, cuyo objetivo es prever las necesidades del sistema eléctrico a largo plazo y determinar las inversión en nuevas instalaciones de transporte en alta tensión, una actividad que desarrolla REE.
El artículo 4 de la Ley Eléctrica que regula este tipo de planes con una duración de seis años, otorga un papel primordial a las comunidades autónomas y el operador del sistema (otra función de REE), que participan directamente en su elaboración, si bien, la última palabra la tiene el ministerio.
Con unas inversiones de 4.400 millones de inversiones en redes (que después deben ser retribuidas por los consumidores en los peajes) la propuesta de planificación del departamento que dirige José Manuel Soria ha recibido un jarro de agua fría de la CNMC. Como se conoció la semana pasada, el regulador considera excesivas dichas inversiones en el mallado de la red, que supone un 80% del total, por estar basadas en un crecimiento de la demanda que no comparte (el regulador estima un crecimiento del 1,7% entre este año y 2020 y el ministerio, un 2,3% entre 2013 y 2020). También, por no tener en cuenta otras circunstancias, por ejemplo, las relacionadas con el efecto del autoconsumo en las redes, la regulación del carbón, el cierre temporal de centrales de ciclo combinado (estima una reducción de 2.000 a 3.000 MW) o el crecimiento de las renovables.
Aunque las recomendaciones de la CNMC no son vinculantes, el ministerio siempre las ha tenido en cuenta en lo que respecta a la planificación energética (la última, la del periodo 2008-2012). De aceptar las consignas del regulador, aunque solo sea parcialmente, los cambios de la propuesta final, que se remitiría al Congreso tras pasar por el Consejo de Ministros, serán importantes.
Estos podrían desatar las protestas de los futuros gobiernos autónomos que ni han participado en la elaboración de la nueva planificación ni tampoco en su posible modificación. Fuentes del sector interpretan que si la CNMC ha tardado tanto en dar a conocer un informe aprobado hace muchas semanas ha sido para evitar las críticas de los Ejecutivos regionales que estaban aún en el poder y que dieran su apoyo al ministerio, con el que han consensuado las inversiones de sus territorios. Por contra, al darlo a conocer en pleno relevo político, se evitarían dichas presiones.
Sin embargo, dado que aún transcurrirá un tiempo hasta el fin de su tramitación y publicación en el BOE, si Industria decide rebajar las inversiones previstas, le podrían llover protestas de los nuevos dirigentes autonómicos. Legalmente, el ministerio no estaría obligado a pedir de nuevo la opinión de las comunidades autónomas porque hayan cambiado sus gobiernos, pues ya han participado en el proceso.
La primera propuesta de una planificación parte de REE que debe remitirla a los responsables del ministerio, quienes, a su vez, se la envían a las comunidades autónomas (que comunican sus previsiones de consumo, ordenaciones urbanísticas, etc ) e incluso puede mantener reuniones (normalmente, con las afines). El ministerio devuelve el texto al operador del sistema con todos los comentarios recopilados y, de nuevo este, tras negociar con los Ejecutivos regionales, lo remite de nuevo a Industria, como paso previo a su envío al regulador para su informe.
También, en su tramitación en la CNMC, los gobiernos autonómicos tienen derecho a presentar alegaciones en el consejo consultivo de la electricidad de este organismo.
REE ve peligrar su plan estratégico
Un eventual ajuste de las inversiones en infraestructuras de transporte eléctrico propuestas por Industria, afectaría muy negativamente a REE. El plan estratégico de la compañía en el periodo 2014-2019 prevé unas inversiones de 4.700 millones de euros, en línea con los 4.400 millones que figuran en la planificación en trámite, la mayoría en el mallado de la red de transporte, que incluyen también 700 millones de poyo a la distribución.
Si bien la planificación energética es indicativa, REE debe atenerse a la misma. La compañía se ha venido resistiendo a que se le recorten sus inversiones (que le son retribuidas vía peajes eléctricos) incluso durante los años de la crisis en que se produjo un hundimiento de la demanda. Además, ante la tardanza de un nuevo plan, en 2013, el Gobierno aprobó una revisión anual para autorizar a REE inversiones por más de 2.300 millones (para 16 interconexiones en Canarias y sendos cables a Baleares y Ceuta, entre otros). Una cifra que estaría subsumida en la de inversiones propuestas por el ministerio para los próximos seis años.
Aunque la CNMC propone recortar las inversiones propuestas, en su informe no lo cuantifica. Industria podría aceptar sus recomendaciones solo parcialmente.
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