Montoro esgrime la ley de estabilidad para garantizar el ajuste fiscal

Señala que las comunidades con mucha deuda no pueden bajar impuestos. Apunta que los ayuntamientos no podrán endeudarse por encima de los máximos legales.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su intervención en el curso de la UIMP y la APIE. Efe

Cristóbal Montoro ha mostrado su confianza en que el Gobierno del PP pueda volver a repetir legislatura, aunque no quiso develar que si esto ocurriese él formaría o no parte de del hipotético nuevo equipo Ejecutivo. Pese a ello, explicó que él trabaja para realizar unos nuevos presupuestos del Estado que piensa presentar al Parlamento (si es posible). Pero mientras se despejan estas dudas, el ministro avanzó que a medida que la economía española se vaya recuperando, el Gobierno irá trasladando esta mejora a los contribuyentes a través de “reformas tributarias”, y precisó que “los márgenes siguen estando en la imposición directa”, en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades.

El ministro también quiso aprovechar la ocasión para advertir a los nuevos alcaldes y presidentes regionales que tienen que respetar ley de estatabilidad presupuestaria. “Si una comunidad autónoma tiene mucha deuda no puede bajar impuestos”, explicó, para añadir que ningún nuevo Gobierno puede “poner en peligro la ley de estabilidad presupuestaria”. “Hay una legislación vigente a la que deben atenerse y los que nos están permitiendo salir de esta crisis económica. No podemos arriesgar eso en modo alguno”, dijo.

Sobre los impuestos especiales o el IVA, Montoro recordó que están sujetos a la aprobación de la UE, por lo que “apenas tienen margen” para bajadas. Precisamente, una de las recetas del FMI para España fijaba la subida del IVA como medida recaudatoria.

El ministro de Hacienda, que participó ayer en la inauguración del curso organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en colaboración con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), anunció que el Ejecutivo ya ha empezado a devolver a los contribuyentes los incrementos de ingresos públicos a raíz de la recuperación a través de la rebaja del IRPF incluida en la última reforma fiscal. Dijo que hasta mayo los contribuyentes han recibido ya por esta vía 1.100 millones de euros.

También recordó que en el caso del Impuesto de Sociedades, que ha bajado del 30% al 28% en el tipo general este año “empieza a hacer efecto”. De esta forma, la liquidación del primer pago fraccionado a abril creció por un ensanchamiento de las bases imponibles.

El ministro incidió en que el objetivo actual del Gobierno busca el equilibrio fiscal y reducir la deuda pública. Explicó que el Gobierno persigue una progresiva reducción fiscal, con un sostenimiento de ingresos impositivos y una reducción del déficit público, que requiere de una austeridad en el gasto público por debajo del nivel de avance de la economía. “No es igual reducir el déficit público en un año como en 2012, en recesión económica, en el que hay que reducir el gasto. A partir de ahora llamamos austeridad a que el gasto público crezca menos que el PIB; la austeridad tiene contenidos diferentes según el momento económico”, explicó.

Añadió, además, que “el proyecto del Gobierno es hacer que la deuda pública se contenga en términos de PIB como está ocurriendo en 2015”.

La opinión de los sindicatos sobre Bankia

Un mensaje radicalmente diferente al expresado por los secretarios generales de CC.OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, que hicieron una defensa cerrada de las nuevas fuerzas políticas que han accedido a los gobiernos autonómicos y locales. Frente a la denuncia de Montoro de que los nuevos gobiernos ponían en peligro la recuperación, Toxo apuntó que “el riesgo para la estabilidad de España es quien está gobernando”, no a las nuevas fuerzas políticas, y pidió tiempo para ver cuáles son las políticas que despliegan.

Ambos dirigentes aprovecharon su intervención en el curso El nuevo modelo económico. Lecciones de la crisis, para demandar al Gobierno que convierta la rescatada Bankia en la primera piedra de una banca pública que cubra las necesidades de financiación principalmente de las pymes, en lugar de “malvenderla”. Esta propuesta está en sintonía con la apuesta por una banca pública de formaciones políticas como el PSOE o Ahora Podemos.