Quiebras y desahucios a la europea
Palabra de comisaria europea: “estamos estudiando la posibilidad de adoptar una legislación paneuroepa sobre las normas de insolvencia, tanto para las empresas, como para las familias”. El anuncio de Vera Jourova, máxima responsable de Justicia y Consumo en la Comisión Europea, ha hecho las delicias de los miembros del Parlamento Europeo que defienden una armonización de las normas que regulan en cada país desde el concurso de acreedores de una empresa en dificultades a la ejecución hipotecaria de una vivienda.
El establecimiento de un marco europeo de insolvencia sería “eficaz económicamente y absolutamente justo desde el punto de visto social”, señala el eurodiputado socialista, Javi López, uno de los principales impulsores de la iniciativa.
El primer paso llegará dentro de poco más de medio año, en enero de 2016. La comisaria europea de Justicia tiene previsto publicar entonces un estudio comparativo sobre los regímenes de insolvencia aplicados en los 28 países de la UE, como medida previa para regular a nivel europeo los procedimientos de insolvencia.
El objetivo de Bruselas es orientar esos procesos hacia la llamada “segunda oportunidad”, es decir, que empresas y hogares no queden lastrados perennemente por una experiencia financiera fallida.
A la espera de las conclusiones de ese estudio, Jourova emitió ya la semana pasada, ante el Parlamento Europeo, su propio veredicto: “la población se siente insegura y en muchos países cunde un sentimiento muy fuerte de que los procedimientos de insolvencia son injustos”. La comisaria no criticó a ningún país en concreto. Pero recordó que Bruselas ha pedido a algunos de ellos que mejoren los procedimientos. La petición se ha cursado a España, Bulgaria y Croacia en el marco de las recientes recomendaciones macroeconómicas.
El Gobierno español, según Bruselas, se resiste a reformar las normas sobre insolvencia personal y ejecuciones hipotecarias por miedo “a perjudicar la sólida cultura de pago que existe en España en la actualidad”.
“España es, con Bulgaria, el único país de la UE que aún no dispone de un sistema de protección legal para los casos de insolvencia personal”.
El Gobierno español ha intentado poner fin a esa excepción con un decreto-ley que aprobó en febrero y que pretende facilitar la negociación extrajudicial entre acreedor y deudor, con una posible liberación de la deuda cinco años después del acuerdo.
La CE ha valorado esa norma como “un avance”. Pero reclama a España ”mejoras adicionales en la capacidad administrativa y judicial para gestionar los casos de insolvencia” y advierte que los deudores particulares siguen teniendo dificultades para “empezar de cero”.
La recomendación de la CE sobre insolvencia de empresas pide que se haga tabla rasa tres años después de que se haya alcanzado un acuerdo. Un plazo que Bruselas sugiere que se extienda también a las deudas de los particulares.
Jourova ha recordado que en EE UU los particulares suelen quedar liberados en un año, una rapidez que puede explicar, en parte, la fulgurante recuperación de ese país tras la crisis. En Europa, según la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, “la voracidad y la codicia de los bancos se ha llevado por delante proyectos empresariales y proyectos de vida de personas y empresas que en su inmensa mayoría obraban de buena fe”.
Más de 200.000 empresas quiebran cada año en la UE. Y para muchos empresarios el drama de la liquidación se transforma en una pesadilla financiera y legal que puede impedirles para siempre volver a intentarlo. El drama es aún mayor para los cientos de miles de personas que han perdido la vivienda como consecuencia de una ejecución hipotecaria que, en países como España, se basaba en normas declaradas abusivas hasta tres veces por el Tribunal de Justicia europeo. Todos esos afectados le tomarán ahora la palabra a Jourova.
La factura del paro se europeíza
La comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, tiene previsto presentar en las próximas semanas su propuesta para ayudar a la reincorporación al mercado laboral de los parados de larga duración (más de 12 meses). La iniciativa se suma a la llamada Garantía de Empleo Juvenil, que la semana pasada aceleró el desembolso de 1.000 millones de euros (casi 300 millones para España) para intentar facilitar la colocación o la formación de hasta 650.000 jóvenes (de 15 a 24 años) durante este año.
Ese tipo de medidas suponen solo una tímida comunitarización del problema del paro, que sigue recayendo casi en exclusiva sobre los Estados (para España, la factura supone más de 30.000 millones de euros al año). Pero son los prolegómenos de una europeización más ambiciosa que se anuncia a medio plazo.
En la cumbre europea de junio (25 y 26), los líderes de la zona euro debatirán ya una reforma de la gobernanza económica que contempla la posibilidad de establecer mecanismos para compartir la financiación de las consecuencias de crisis tan devastadoras como la registrada a partir de 2009. El debate partirá del llamado informe de los cuatro presidentes (elaborado por las presidencias de la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo), en cuyo borrador ya aparece el diseño de una partida presupuestaria financiada por todos los socios de la zona euro y destinada a facilitar los trasvases financieros hacia los países más golpeados por una crisis. Fuentes europeas consideran que la cobertura del paro podría ser una de las facturas cubiertas en parte por ese nuevo mecanismo. El borrador del informe precisa, en todo caso, que el acceso a esos recursos estaría supeditado a la puesta en marca de las reformas que se acuerden a nivel europeo.
El anterior presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy (2009-2014), ya intentó lanzar la idea de un paro europeo, pero fue abortada por Berlín ante la negativa del resto de socios a aceptar los llamados “contratos”, unos acuerdos vinculantes sobre el proceso de reformas y ajustes. Fuentes europeas consideran que esta vez la cobertura europea de paro tiene más posibilidades de prosperar como antídoto para futuras crisis.