La reforma de la Administración acumula ahorros de 20.200 millones

Ninguna petrolera tendrá más de tres gasolineras seguidas en una vía

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (i), y la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado hoy en Madrid.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (i), y la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado hoy en Madrid. EFE

La batalla del Ejecutivo contra las petroleras se reabre con la nueva subida de precios de la gasolina y el gasóleo. El tira y afloja para determinar quién es el responsable del encarecimiento de los carburantes (Industria ha acusado con insistencia a las petroleras por sus excesivos márgenes y estas se han defendido alegando que todo lo que hacían era con arreglo a la legailidad) volvió a intensificarse el viernes con el anuncio de una nueva medida para tratar de reducir la cuota de mercado que tienen los tres grandes operadores del mercado de hidrocarburos (Repsol, Cepsa y BP).  Los últimos datos de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) señalan que de las 7.734 estaciones de servicios que había en España, 3.615 eran de Repsol (un 46,7% del total), 1.470 de Cepsa (un 19%) y 680 de BP (8,8%).

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la ministra de Fomento, Ana Pastor, explicó que la principal novedad que se incluirá en la nueva Ley de Carreteras consistirá en prohibir el encadenamiento excesivo de estaciones de servicio de igual bandera en las vías, en concreto tres o más. Pastor no fue más allá y no precisó si se establece excepciones para esa norma o si será valida para todas las carreteras y si se hará con carácter retroactivo o solo para las nuevas aperturas.

De esta manera, el Ejecutivo sigue apostando por elevar la competencia en el sector de tal manera, que el reparto del negocio se haga entre más empresas. Ya estableció una modificación sobre los contratos en exclusiva en los que el distribuidor minorista (gasolinera) terminaba convirtiéndose en un mero revendedor con descuento fijo o comisionista de la petrolera que le suministraba el carburante. Los limitó a un máximo de un año, prorrogable por otros tres si existía acuerdo entre las partes.

Posteriormente, en 2013, aprobó un real decreto por el que ningún operador de productos petrolíferos tendría una cuota de mercado superior al 30% en cada provincia. No podría incrementar el número de estaciones de servicio ni suscribir nuevos contratos de distribución en exclusiva al por menor, independientemente de la titularidad. Una modificación que el propio titular de Industria, José Manuel Soria, reconoció recientemente que no había dado los resultados previstos y que ha llevado a su departamento a establecer nuevos cambios.

La norma a probada en 2013 permitía, no obstante, renovar los contratos preexistentes que expirasen “aunque con ello se superara la cuota de mercado del 30%”. Una interpretación que permitió a los operadores de mayor tamaño cerrar gasolineras no rentables por otras con mayores ventas, lo que hizo que incrementaran su cuota por volumen de carburante vendido. El nuevo viraje legislativo prevé que no se compute el número de estaciones de servicios si no el volumen de litros de carburantes vendidos. Una vieja reivindicación de BP España, muy por debajo de sus otros competidores.

El sector público ahorra 20.200 millones de euros

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció el viernes que con la reforma de la administración se han ahorrado hasta el momento 20.200 millones de euros, se han suprimido 2.194 empresas y organismos públicos y se han ejecutado más del 70% de las medidas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros presentó el balance de la aplicación de las medidas propuestas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA).

La vicepresidenta calculó que desde 2012 el conjunto de medidas de la administración aprobadas, de eficiencia administrativa, de empleo público, reorganización orgánica e ingresos de venta de patrimonio inmobiliario han propiciado un ahorro de 20.200 millones de euros.

Destacó que la eliminación de 2.194 organismos y empresas públicas (105 en el Estado, 715 en las comunidades y 1.374 en los municipios) ha supuesto un “esfuerzo ingente” y ahora lo que se debe lograr es “mayor control para crear nuevos organismos públicos, ya que hay que consolidar lo hecho”.

 

 

 


 

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