Mejorar la eficiencia energética tiene premio
Comunidades de vecinos, propietarios de edificios y empresas de servicios energéticos, entre otros, podrán acceder a ayudas por valor de 200 millones de euros para la rehabilitación energética de viviendas y hoteles, según una resolución publicada hoy en el BOE.
La resolución del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE, Ministerio de Industria, Energía y Turismo) modifica una anterior de hace un año, con el objetivo de ampliar el alcance de las ayudas, simplificar la gestión y sumar nuevos fondos europeos.
La actuación responde a lo marcado en la directiva europea sobre eficiencia energética, que obliga a los Estados miembros a diseñar una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación exhaustiva y rentable de edificios residenciales y comerciales con el fin de elevar el rendimiento energético del parque inmobiliario y reducir su consumo de energía.
La resolución del IDAE incentiva actuaciones de reforma que reduzcan emisiones de dióxido de carbono, mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las renovables en edificios existentes, con independencia de su uso y naturaleza jurídica de sus titulares.
Las ayudas se destinarán a actuaciones integrales en edificios existentes de cualquier uso (vivienda, administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.) y quedan excluida la obra de nueva planta.
Estas actuaciones deberán encuadrarse en una o varias de las tipologías siguientes: mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica; de las instalaciones térmicas y de iluminación; sustitución de energía convencional por biomasa o energía geotérmica en las instalaciones térmicas.
El presupuesto total de 200 millones de euros podrá incrementarse en el caso de que existan disponibilidades presupuestarias.
Podrán ser beneficiarios los propietarios de edificios existentes destinados a cualquier uso; las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de edificios residenciales; los dueños que de forma agrupada sean propietarios de edificios; las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, y las empresas de servicios energéticos.