Próximo acuerdo de liberalización con la UE

Canadá ultima el derribo de barreras comerciales

Las empresas españolas tendrá acceso privilegiado a la contratación pública

Hay previsto un volumen de obras por importe de 130.000 euros al año

Puente A-30 en Quebec (Canadá) en cuya construcción participa ACS.
Puente A-30 en Quebec (Canadá) en cuya construcción participa ACS.

El Tratado de Libre Comercio que negocian las delegaciones de la Unión Europea y EE UU copa todos los titulares de los medios de comunicación, que destacan la controversia en aspectos como la agricultura, los servicios financieros o la cultura. Los plazos de esta negociación (tiene que ser aprobada y posteriormente ratificada, con posibilidad de enmienda, por parte de los parlamentos) invitan a pensar que como muy pronto no entrará en vigor hasta 2018 o 2019. Un plazo que será mucho más corto en el caso de Canadá, que en estos meses cierra los últimos flecos de un acuerdo de libertad comercial con la Unión Europea, ya redactado, que puede tener un efecto muy beneficioso para las empresas españolas y que podría activarse ya el próximo año. Los principales beneficiarios, según revelaron fuentes canadienses de la negociación en un encuentro con medios de comunicación, serán las empresas constructoras, las ingenierías, las energéticas y las consultoras.

Las compañías de los tres primeros sectores ya tienen una presencia muy importante en Canadá a través de contratos. La cartera de proyectos de ACS es muy voluminosa (el último ha sido la construcción y explotación del nuevo puente sobre el río Saint Lawrence, en Montreal, por un importe de 1.850 millones de euros; Técnicas Reunidas se adjudicó a finales del pasado ejercicio la construcción de una planta de cogeneración por 178 millones y Ferroatlántica, del grupo Villar Mir, ha elegido ese país para abrir su primera planta el año que viene, para lo que invertirá 382 millones de euros). El acuerdo servirá para acabar con las barreras, arancelarias y no arancelarias, que persisten todavía en sectores como la energía, las telecomunicaciones y el turismo. Esas mismas fuentes resaltan la importancia de los planes inversores previstos para el oeste del país, con una cifra cercana a los 130.000 millones de euros al año, que impulsarán los contratos y las adquisiciones en las compañías energéticas, tal y como sucedió con la compra de Coastal por parte de Cepsa.

El acuerdo incluirá facilidades para la movilidad de los trabajadores y sus familias, para la prestación de servicios temporales y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. “Un arquitecto o un ingeniero en España será reconocido en Canadá. Eso es muy importante teniendo en cuenta que las empresas españolas están inmersas en la gran mayoría de obras”, añaden las mismas fuentes. Pero quizá la principal novedad del acuerdo será la apertura de competencia para la contratación pública. Con la entrada en vigor del acuerdo, las firmas españolas tendrán acceso directo a pujar en las licitaciones de cualquier administración pública canadiense. Un pastel de muchos miles de millones y que especialmente se concentra en la administración local. Solo en 2011, el volumen de contratos públicos ascendió a 82.000 millones de euros.

Las empresas españolas y europeas, subrayan estas fuentes, serán las primeras empresas extranjeras en obtener ese nivel de acceso a la contratación pública en Canadá. Ningún otro acuerdo de libre comercio sellado por Canadá ofrece oportunidades similares. Esas mismas fuentes apuntan que otro de los beneficios para las empresas españolas será la posibilidad de acceder de forma indirecta a la libertad comercial que disfruta Canadá a través del acuerdo con EE UU y México, en vigor desde el 1 de enero de 1994. De este modo, las empresas, en especial las de servicios, podrán iniciar su desembarco en Norteamérica con una primera implantación en Canadá, a través de la cual podrán disfrutar de la supresión de aranceles aduaneros y limitaciones que sí tendrían que cumplir si el acceso se hiciera directamente desde España.

Oportunidades para las empresas alimenticias

El acuerdo de libre comercio establece la supresión de numerosos aranceles de aduana que aún permanecen en el sector agrario y alimentario. De este modo, una vez que entre en vigor el tratado, cerca del 92% de los productos agrícolas y alimenticios de la UE se podrán exportar a Canadá sin pagar esas tasas.

Fuentes de la delegación canadiense apuntan que las mejores perspectivas en este terreno se presentan para los productos agrícolas transformados y los vinos y licores, una vez que se eliminen los aranceles a las importaciones.

España es, en la actualidad, el vigésimo país suministrador de productos alimentarios de Canadá, con una cuota mínima de mercado del 0,73%, lo que ofrece un importante margen de mejora. El hecho de que en Canadá no exista una tradición culinaria y que no haya un gran volumen de producción nacional, provoca que más de la mitad del consumo proceda de compras al exterior. Conservas de pescado, queso, aceitunas o aceite son los productos más demandados de España.

El acuerdo finalmente establecerá la protección sobre determinadas denominaciones de origen y mantiene aranceles y tasas sobre determinados productos sensibles, como la carne de vacuno, la de porcino o el maíz dulce por parte de la UE, o los productos lácteos en el caso de Canadá. El acceso preferente se limitará a unos contingentes.

El pacto también establece que la compra y venta de aves de corral y los huevos no se liberalizará por ninguna de las partes. De este modo, se mantendrá el sistema de precios de entrada y salida de la UE.

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