El FROB se financiará con una tasa a la banca
El PP incluye la financiación del FROB en una enmienda a la ley de reestructuración financiera. El organismo cobrará un 2,5% sobre la aportación que haga cada banco al fondo de resolución
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) cobrará una tasa como autoridad de resolución financiera a las entidades bancarias a las que supervise, en aras a poder sufragar sus gastos administrativos y de funcionamiento.
Así quedará recogido en el proyecto de ley de Recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, que recoge la nueva normativa comunitaria en materia de liquidación de entidades financieras, convirtiendo al FROB en la autoridad nacional de resolución.
La tasa, prevista en una de las 35 enmiendas que el PP ha registrado en el Congreso al proyecto de ley y a las que ha tenido acceso Europa Press, será del 2,5% sobre la cuantía que cada entidad deba aportar en concepto de contribución ordinaria anual al Fondo de Resolución Nacional o, en su caso, al Fondo Único de Resolución. Su devengo se producirá el 1 de enero de cada año o en la fecha de constitución de la entidad.
Un instrumento para rescatar a la banca con problemas que entrará en funcionamiento en enero de 2016 pero que empezará a recibir dinero ya desde este ejercicio, y al que las entidades españolas aportarán entre 5.500 y 8.250 millones en una década, entre el 10% y el 15% del total de aportación europea.
Esto supone que en ese periodo el Fondo recibirá entre 137.500 y 206.250 euros, aproximadamente, que tendrán la naturaleza de ingresos presupuestarios y que servirán para cubrir su funciones de vigilancia, informe y aplicación de los instrumentos de resolución durante las fases preventivas y ejecutiva de la resolución.
Y es que, dada la especial naturaleza de las entidades financieras, sus procesos de liquidación no se pueden equiparar a los concursos de otro tipo de compañías, sino que requieren de un autoridad pública y un procedimiento especial que obligan a crear “toda una estructura administrativa” cuyo coste “debe ser soportado por las propias entidades y no por los ciudadanos”, apostilla el PP.