Ferrovial reducirá su deuda con el freno judicial al rescate de autopistas
Ferrovial tiene una herramienta para lucir en el mercado en la próxima presentación de resultados, prevista para el día 30, mucho más ligera de deuda. Y es que puede soltar una de las losas que arrastra desde hace más de cinco años, el pasivo de la autopista AP-36 (Ocaña-La Roda). El grupo que dirigen Rafael del Pino e Íñigo Meirás consolida el 100% de los 556 millones de deuda de la concesionaria, y es el fallo judicial contra el plan de rescate del Ministerio de Fomento el que da la posibilidad de sacarla del balance.
Al margen de esta mochila, Ferrovial carga con otros 622 millones de la madrileña radial 4 (R-4). Tanto la primera como esta última llevan años atravesando un complejo concurso de acreedores, abiertas al tráfico, y esperando la reversión de las concesiones al Estado a través del plan de nacionalización diseñado por Fomento y Hacienda.
Los 1.178 millones de deuda que depende de ambas concesiones suponen el 19% de la deuda neta de Ferrovial en 2014, cifrada en 6.230 millones incluida una posición de tesorería cercana a los 3.900 millones. Tanto Standard & Poor’s como Fitch otorgan a la empresa el grado de inversión con una nota de ‘BBB’.
El pasado 26 de febrero fue el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid quien abrió la fase de liquidación de la primera de las ocho autopistas quebradas en España, la citada AP-36, participada por Ferrovial (55%), Sacyr (40%) y KutxaBank (5%).
El juez titular Andrés Sánchez Magro desestimó la propuesta de convenio de acreedores presentada por el Ministerio de Fomento, en forma del conocido plan de rescate. Este pasa por la nacionalización del 100% del capital de las autopistas –los actuales accionistas pierden el capital aportado– con una quita del 50% en la deuda con la banca (4.000 millones de euros) y las constructoras que ejecutaron las obras (500 millones de euros). La deuda resultante, de 2.250 millones, se canjearía por un bono a 30 años con un rendimiento mínimo garantizado del 1%.
La banca internacional, que cuenta casi con un tercio de la deuda de las concesionarias, mantiene el rechazo al plan por su escaso rendimiento. Pero ha sido el propio Juzgado Mercantil el que ha considerado “defectos de legalidad” en la propuesta del Gobierno, algunos de ellos “subsanables”.
Pese a la apelación presentada por Fomento, la certidumbre de que el concurso de acreedores está abocado a la liquidación, por el fallo judicial, o al rescate y asunción de la deuda por parte del Estado, hace posible el ajuste de deuda en Ferrovial, según fuentes jurídicas.
Más lento avanza el proceso de la Radial 4, sobre el que es previsible una resolución a lo largo del presente ejercicio, lo que permitiría al grupo de infraestructuras la segunda fase de esta importante desconsolidación de deuda.
Y es que los casi 1.200 millones con que la AP-36 y la R-4 lastran a Ferrovial pesan tanto como los 1.217 millones que debe por los proyectos de construcción de las autopistas estadounidenses LBJ y North Tarrant Express 35W, dos de las apuestas de futuro de la compañía en su negocio de autopistas.
Fomento mantiene el plan de nacionalización
El sector concesional en pleno, y la propia banca que financió la construcción de las autopistas en quiebra, desconfía de que el rescate, con la creación de una nueva empresa nacional de autopistas, salga adelante esta legislatura. Sin embargo, los máximos representantes de las empresas afectadas, como Abertis, Ferrovial u OHL, aprovechan sus comparecencias públicas para recordar que se trata de salvar la cara, tanto para el Gobierno como para las propias concesionarias, ante la comunidad internacional de inversores.
Fuentes del Ministerio de Fomento aseguran que la pelota está en el tejado de los bancos: “Mantenemos nuestra oferta de quita de deuda y de canje por bonos a 30 años, pero no hay indicios de que se vaya a subir el rendimiento, tal y como nos demandan”. Las mismas fuentes aseguran que sigue habiendo margen para articular el rescate temporal.
Mientras se mantiene vivo este pulso, desde el sector de operadoras de autopistas se ha recibido con reservas la noticia, adelantada por CincoDías, de que el Gobierno prepara una ley para rebajar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en futuros contratos concesionales.
La medida, según apunta un representante sectorial, “desincentivará la inversión al elevarse los riesgos y minimizarse las garantías del Estado”. Al respecto, un experto en la gestión de autopistas observa que las empresas deberán elevar notablemente el capital propio, frente a la financiación bancaria, para construir autopistas en España.
Lo que sirve de alivio al sector es que la norma, que previsiblemente será aprobada en mayo, no tendrá carácter retroactivo, por lo que no habrá nuevos recortes a la RPA de las autopistas en quiebra.
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