Llega a juicio la macrocausa por las cláusulas suelo de toda la banca
Tras cinco años de trámites, la macrocausa que enjuiciará la validez de las cláusulas suelo hipotecarias de toda la banca está a punto de llegar a juicio. Tanto se ha demorado el procedimiento que las 101 entidades financieras demandadas en 2010 por la asociación de consumidores Adicae (asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros) son ahora solo unas pocas decenas de firmas, muchas de ellas integradas en los mismos grupos.
El conjunto del sector, en todo caso, se juega ahora el futuro de estas cláusulas después de que el fallo del Tribunal Supremo de mayo de 2013 obligara a BBVA, Cajamar y Novagalicia a retirar las suyas.
La magistrada Ana María Gallego, titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, ha convocado hoy a las partes para escucharlas antes de valorar las medidas cautelares solicitadas, el último paso antes de convocar la vista previa del juicio.
Dado el elevado número de demandantes y demandados personados, la sesión se realizará en el salón de actos de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid y está previsto que las declaraciones continúen también mañana.
A la demanda colectiva presentada por Adicae, que por la potestad que tienen las asociaciones de usuarios pone en cuestión el futuro de todas y cada una de las cláusulas suelo vigentes, se han adherido, no obstante, 15.000 particulares.
La magistrada deberá decidir estos días si, como han solicitado los demandantes, suspende cautelarmente las cláusulas de al menos esas 15.000 hipotecas hasta que se produzca la sentencia.
Los equipos jurídicos de la asociación de usuarios que preside Manuel Pardos confían en que el fallo llegue finalmente “en unos pocos meses” y que suponga la erradicación de estas condiciones, que impiden a los titulares de las hipotecas beneficiarse de la rebaja de los tipos de interés (actualmente en mínimos históricos) a partir de un determinado nivel.
El juicio tendrá muy en cuenta el fallo del Tribunal Supremo de mayo de 2013, que se ceñía a ordenar la anulación de las cláusulas suelo que fueran opacas pero que supuso su total anulación en las entidades juzgadas, BBVA, Novagalicia (hoy Abanca) y Cajamar, y forzó al resto del sector a flexibilizar su política o negociar su eliminación con los clientes, ante el aluvión de demandas recibidas.
La sentencia supuso una reducción de ingresos de unos 380 millones anuales solo para aquellas tres entidades y se estima que, de prosperar la demanda colectiva el coste para el conjunto del sector rondaría entre los 600 y 1.000 millones de euros, según los analistas.
Un importante impacto en la cuenta de resultados de unas entidades que aún no han logrado reafianzar la rentabilidad del negocio y que hacer prever la presentación de recursos ante un fallo que les sea desfavorable.
“Son legales y no son abusivas”, defendía esta misma semana el presidente de Banco Popular, Ángel Ron, sobre las cláusulas suelo en la junta de accionistas del banco. Una línea argumental que, salvo Santander y Bankinter que no las aplican, comparte el resto del sector.
Pendientes del Supremo
En paralelo a esta trascendental causa, que además mantiene congelados centenares de demandas individuales por el mismo asunto, la banca espera un nuevo fallo del Supremo que termine de aclarar si las múltiples sentencias en contra que están sufriendo por las cláusulas suelo deben obligarles a abonar a los demandantes todo lo cobrado de más desde la fecha de la sentencia o por todo el contrato. El Supremo ya avanzó que está con la primera tesis.