Cesce: más ganas de comprar que de vender
Mariano Rajoy anunció hace tres años que el Gobierno quería desprenderse de su participación en la aseguradora Cesce, especializada en el seguro de crédito a la exportación. Desde entonces, la operación ha tenido que lidiar con una dilatada tramitación parlamentaria. En teoría, la venta podría culminarse antes de julio. Candidatos para hacerse con el 50,25% que controla el Estado no faltan: hasta 19 entidades han mostrado su interés por comprar. Lo que se echa de menos en el sector asegurador es voluntad por parte del Ejecutivo para culminar la transacción.
“Las elecciones municipales y autonómicas están a la vuelta de la esquina y el Gobierno es consciente de que acometer ahora una privatización, criticada por toda la oposición, le restaría votos”, explica un veterano directivo del sector asegurador.
En teoría, el proceso de venta está en marcha. Uno de los pasos definitivos era que el Parlamento aprobara la nueva legislación que gestiona el seguro de crédito por parte del Estado, un servicio que ahora presta Cesce y que representa el 15% de su negocio. Con la ley recién aprobada, la compañía mantendrá este papel al menos durante siete años pero, tras ese periodo, saldrá a concurso público.
Superada esa fase, la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi) contrató en febrero a la tasadora Gesvalt para que hiciera una valoración independiente de la compañía. Así tendría una cifra con la que comparar las potenciales ofertas de compra.
A partir de ahí, todo estaba preparado para que se produjera el pistoletazo de salida y que la Sepi empezara a repartir el cuaderno de venta, pero la operación parece estar en el limbo, según coinciden varios expertos del sector.
Antes de echar a andar la operación, el Gobierno ya había sondeado el potencial interés del mercado y los candidatos a comprar aparecieron como setas. Aseguradoras como Mutua Madrileña, la agencia de calificación crediticia Axesor, fondos norteamericanos como Apollo o Cerberus, e incluso el conglomerado financiero chino Fosun, quieren conocer en detalle las tripas de la compañía para plantearse la adquisición del 50% que está en manos del Estado e, incluso, de la participación controlada por accionistas minoritarios como Santander (21%) o BBVA (16%).
De acuerdo con fuentes cercanas a la operación, hasta 19 entidades se han mostrado dispuestas a participar en la puja por la privatización de Cesce, una dato que habría superado con creces las expectativas del Gobierno.
El número de candidatos podría haber sido aún mayor, de no ser por las estrictas normas fijadas en la nueva regulación sobre qué tipo de compañía puede ser el agente gestor del seguro de crédito por cuenta del Estado.
La legislación ha impuesto como condición que el nuevo propietario de Cesce (que será el agente exclusivo por siete años) no puede estar controlado por una firma que gestione directa o indirectamente el seguro de crédito de otro Estado soberano, lo que ha dejado fuera de juego tanto a Catalana Occidente como a Mapfre. El primer grupo, que controla el primer jugador español en este segmento, Crédito y Caución, porque es accionista de Atradius, uno de los grandes jugadores mundiales, y que gestiona el riesgo de exportación a cuenta de Holanda. Y Mapfre, porque mantiene una joint venture con Euler-Hermes, el líder mundial del seguro a la exportación, y que gestiona el riesgo de Alemania.
Fuentes del sector apuntan que el Ejecutivo ha sido demasiado restrictivo a la hora de definir el nuevo marco legislativo para Cesce. “Este es un mercado que, necesariamente, está dominado por firmas grandes, con presencia en muchos países, para aprovechar las economías de escala”, explica un directivo de este ramo. “Una empresa de tamaño medio lo va a tener difícil si tiene que calibrar el riesgo de exportar a países que le son muy ajenos”.